La declaraci¨®n sobre operaciones de m¨¢s de 500.000 pesetas se adelantar¨¢ a febrero
Los empresarios y profesionales tendr¨¢n que declarar a Hacienda sus operaciones con terceros de m¨¢s de 500.000 pesetas en el mes de febrero y no en abril, como hasta ahora. De esta forma, la Agencia Tributaria quiere disponer de m¨¢s tiempo para cruzar la informaci¨®n y detectar fraudes antes de que se presente la declaraci¨®n del IRPF (en junio) y de que se produzcan las devoluciones del IVA (agosto). El ministerio tiene, por otra parte, pr¨¢cticamente descartado subir las retenciones a profesionales -del 15% al 20%- y a consejeros de empresas -al 40%- tal como est¨¢ previsto en otro proyecto de real decreto.
El proyecto de real decreto por el que se regula la declaraci¨®n anual de operaciones de compra y venta con terceros mantiene en 500.000 pesetas el l¨ªmite a partir del cual los empresarios y profesionales deben informar a Hacienda. Se trata de una declaraci¨®n anual con efectos ¨²nicamente informativos; es decir, no supone el pago de impuestos. Para la Agencia Tributaria, que dirige Juana L¨¢zaro es un instrumento fundamental para detectar fraudes, sobre todo en el impuesto sobre el valor a?adido.La patronal CEOE, en las observaciones al decreto remitidas a Hacienda, considera que la cantidad de 500.000 pesetas anuales ha quedado ampliamente desfasada ya que est¨¢ vigente desde el a?o 1970. Los empresarios argumentan que este deber de colaboraci¨®n representa un coste fiscal indirecto porque es un servicio que se presta a Hacienda de forma gratuita y, por lo tanto, debe guardar cierta proporcionalidad.
Hacienda recibe cada a?o unas 900.000 declaraciones de este tipo y las procesa con el fin de detectar incongruencias. Si una empresa o un profesional dice que ha vendido o ha prestado un servicio por una cantidad de dinero a otra, la declaraci¨®n de ¨¦sta debe recogerlo como compra. En caso contrario se pone en marcha una inspecci¨®n y se paralizan las devoluciones.
Con el adelantamiento en dos meses de la fecha en que es obligatorio presentar esta declaraci¨®n, Hacienda quiere tener m¨¢s tiempo para cruzar la informaci¨®n recibida de forma que est¨¦ disponible a tiempo real y antes de que se presente la declaraci¨®n del impuesto sobre la renta en junio y de que se produzcan las devoluciones del IVA, en agosto. Fuentes de Hacienda se?alan qu¨¦ el plazo del mes de febrero a¨²n no est¨¢ cerrado y dan como posible la fecha de marzo.
Los empresarios consideran que el plazo de febrero es insuficiente ya que deber¨ªa suministrarse la informaci¨®n apenas dos meses despu¨¦s de haber cerrado el ejercicio. Piden que se mantenga la actual fecha de abril. Tambi¨¦n est¨¢n en contra de que se incluya a las asociaciones empresariales entre los obligados a presentar la declaraci¨®n, aunque ¨¦sta s¨®lo se pide para las operaciones realizadas al margen de cualquier actividad empresarial o profesional. Igualmente critican la obligaci¨®n de incluir en la declaraci¨®n los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores.
Coste pol¨ªtico
Hacienda, por otra parte, ha elaborado otro proyecto de real decreto por el que se elevan del 15% actual al 20% las retenciones del impuesto sobre la renta para profesionales y se establece una retenci¨®n del 40% para las remuneraciones de los miembros de los consejos de administraci¨®n o juntas de empresas.En este proyecto se modifican tambi¨¦n los plazos para presentar la declaraci¨®n de retenciones efectuadas a cuenta del impuesto sobre la renta que pasa a ser mensual en todos los casos. En la actualidad, esta declaraci¨®n se presenta cada trimestre por las empresas, que facturan menos de 1.000 millones de pesetas y cada mes por las que superan esta cifra de negocios.
Sin embargo, Hacienda tiene pr¨¢cticamente descartado llevar adelante esta medida ya que "el momento no lo aconseja" seg¨²n fuentes del ministerio. Con la vista puesta en las pr¨®ximas elecciones generales a celebrar, previsiblemente, el pr¨®ximo mes de marzo, el aumento de las retenciones se considera una medida con un coste pol¨ªtico que no merece la pena asumir, dado el rechazo que ha suscitado entre los colectivos afectados.
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