Justicia y legitimidad democr¨¢tica

No existe Justicia democr¨¢tica al margen de un Estado democr¨¢tico. Y un Estado s¨®lo es democr¨¢tico cuando la soberan¨ªa popular se ejerce por la v¨ªa de elecciones libres. A partir de este supuesto b¨¢sico, todos los poderes del Estado quedan democr¨¢ticamente legitimados; por el contrario, cualquier poder que se construya sin que la soberan¨ªa popular quede garantizada por el ejercicio libre del sufragio universal no es democr¨¢tico ni puede reclamarse como tal.Ciertamente, la Justicia como poder independiente de un Estado democr¨¢tico se ejerce a trav¨¦s de jueces y magistrados, que no tienen que ser forzosamente elegidos por las urnas. As¨ª, su legitimidad democr¨¢tica no descansa directamente en el sufragio universal, pero es evidente que s¨®lo ¨¦ste permite que la soberan¨ªa pop¨²lar, a trav¨¦s del poder legislativo, de garant¨ªas democr¨¢ticas al poder judicial. Querer confrontar legitimidades democr¨¢ticas o reclamar la pluralidad de ¨¦stas puede abrir una importante grieta en la concepci¨®n cl¨¢sica de la de mocracia europea y occidental.

Es evidente que corresponde a jueces y magistrados perseguir los abusos que en- el campo de la pol¨ªtica puedan practicarse. Corresponde a la Justicia enfrentarse a los temas de la corrupci¨®n y a cualesquiera otros que puedan afectar a la vida social y pol¨ªtica del pa¨ªs. Pero la legitimidad que permite a jueces y magistrados perseguir estos supuestos descansa en las mismas urnas que eligieron a los pol¨ªticos susceptibles de ser tenidos como corruptos o abusivos.

Si por una especial regla de tres se concluyera que la pol¨ªtica permite la corrupci¨®n y que como sea que es a la Justic¨ªa a la que corresponde restablecer la legalidad de las actuaciones, s¨®lo la Justicia tiene una legitimidad democr¨¢tica, no tan s¨®lo ser¨ªa un absurdo, sino un claro atentado al Estado democr¨¢tico y de derecho. En el r¨¦gimen anterior -y obviamente a Espa?a se est¨¢ haciendo referencia- tambi¨¦n, exist¨ªan jueces y magistrados, y aun aceptando que sus resoluciones se adoptaran, de acuerdo con el m¨¢s fiel y estricto cumprimiento de la legalidad en aquel momento vigente, en modo -alguno ser¨ªa aceptable hablar de su legitimidad democr¨¢tica. En un pa¨ªs sin libertad, por definici¨®n, tampoco la justicia era libre. Porque, de aceptar lo contrario, deber¨ªa sostenerse que cuando se condenaba a ciudadanos por manifestarse o por reunirse, o por constituir sindicatos o partidos clandestinos, o por hablar o por escribir, e incluso casi, s¨®lo por pensar, la honestidad -no discutida- de jueces y magistrados que se limitaban a aplicar las leyes vigentes avalar¨ªa la legitimidad democr¨¢tica de aquellas resoluciones. Absolutamente absurdo.

La soberan¨ªa reside en el pueblo y la Justicia emana del pueblo. Y esto s¨®lo se expresa por la v¨ªa del sufragio universal. Por ello, cuando el sistema electoral y la propia Constituci¨®n se?alan a los partidos pol¨ªticos como cauce fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica, cualquier minusvaloraci¨®n del papel de los partidos en la construcci¨®n de un sistema democr¨¢tico es altamente negativa. Pero si, adem¨¢s de lo qu¨¦ se trata es de oponer al poder pol¨ªtico "con el poder judicial", esto es adem¨¢s altamente peligroso.

Se est¨¢n diciendo demasiados cosas y no todas ellas pueden ser aceptadas desde el silencio. Una crisis coyuntural del sistema, o un conjunto grav¨ªsimo de hechos que impresionen a la opini¨®n p¨²blica por su trascendencia y por lo que pueden representar de agresi¨®n a los valores que informan un Estado democr¨¢tico, no son excusa suficiente para formulaciones que en su cr¨ªtica exceden mucho m¨¢s all¨¢ de lo que cabe dentro del ordenamiento constitucional. Por ello ser¨ªa bueno pensar que la agitaci¨®n reinante ha impulsado expresiones y planteamientos que est¨¢n lejos del sentir real de importantes colectivos, de nuestro pa¨ªs, pero tambi¨¦n ser¨ªa bueno que as¨ª se dijese por estos propios colectivos. En caso contrario, la duda subsiste y s¨®lo hace m¨¢s complicadas las cosas.

La tentaci¨®n de reprimir el abuso posible en el ejercicio del poder democr¨¢tico, negando el propio ejercicio del poder democr¨¢tico, est¨¢ en el origen de todos los planteamientos totalitarios de nuestro siglo. Nadie ha negado en teor¨ªa la soberan¨ªa popular, pero muchos la han interpretado de maneras tan sesgadas y arbitrarias que lo que han hecho posible ha sido la negaci¨®n de toda soberan¨ªa que no fuera la del m¨¢ximo, ¨²nico y totalitario int¨¦rprete de esta voluntad popular.

Y hoy, en plena crisis de valores y sistemas, en todo el mundo occidental se acepta que la ¨²nica garant¨ªa real del sistema democr¨¢tico es la legitimidad de las urnas; a partir de aqu¨ª se discuten sistemas y otros niveles de participaci¨®n ciudadana, pero las urnas -entendidas como la expresi¨®n del sufragio universal- son la ¨²nica garant¨ªa del ejercicio democr¨¢tico de todos los poderes del Estado.

Parece incluso rid¨ªculo tener que poner tanto ¨¦nfasis en estas afirmaciones, pero parece que hoy en la carrera de desprop¨®sitos que domina nuestro que hacer diario es incluso necesario recordar la obviedad.