Los constructores temen que la Ley de Contratos y las elecciones congelen la licitaci¨®n hasta verano

El retraso en el desarrollo de la Ley de Contratos y el futuro calendario electoral han encendido las luces de emergencia en las empresas constructoras. Lo primero ha provocado que la licitaci¨®n est¨¦ parada desde hace tres meses, periodo que inevitablemente se alargar¨¢. A ello habr¨¢ que unir el desfase que se produce en per¨ªodo electoral, que ser¨¢ mucho m¨¢s largo si, como apuntan los pron¨®sticos, se produce un triunfo del Partido Popular en las elecciones previstas para marzo. Los c¨¢lculos m¨¢s pesimistas de las constructoras apuntan a una congelaci¨®n de. las licitaciones hasta el pr¨®ximo verano. Es decir, casi un a?o de incertidumbre y obras futuras en el aire por valor cercano al bill¨®n de pesetas.

La Ley de Contratos del Estado y el futuro calendario electoral se han convertido, por ese orden, en las preocupaciones centrales de los responsables de las empresas constructoras del pa¨ªs, tanto por sus efectos econ¨®micos inmediatos como por los que se puedan producir a largo plazo.El problema central suscitado por la Ley de Contratos radica en el retraso de su desarrollo reglamentario, que est¨¢ pendiente desde el pasado verano. En estos momentos, y tras un dictamen de Justicia, son la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa y el Ministerio de Econom¨ªa los que deben pronunciarse sobre el reglamento. Este texto es de vital importancia, puesto que debe fijar las limitaciones que tendr¨¢n las empresas inmersas en procesos judiciales para contratar con el Estado.

De momento, el texto de la Ley, en concreto su art¨ªculo 20, prohibe contratar durante cinco a?os con la Administraci¨®n a quienes est¨¦n "condenados mediante sentencia firme" o "procesados o acusados por de .litos de falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohech¨®, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tr¨¢fico de in ' fluencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revela ci¨®n de secretos o uso de informaci¨®n privilegiada o delitos contra la Hacienda P¨²blica". Huarte y Cubiertas Esta redacci¨®n ha motivado una gran pol¨¦mica, puesto que, seg¨²n sus detractores, es inconstitucional ya que va en contra de la presunci¨®n de inocencia. Adem¨¢s, hay serias dudas sobre si, su apliaci¨®n se puede efectuar o no con efectos retroactivos y sobre si la responsabilidad acaba en la persona inmersa en el proceso jur¨ªdico o se extiende a la empresa en la que trabaja. Ya el verano pasado, dos empresas, Huarte y Cubiertas, aceptaron la dimisi¨®n da varios de sus ejecutivos, como consecuencia de este panorama legal. Mientras se dilucida el alcance. legal del reglamento, el retraso en que vea la luz ya ha tenido sus primeras consecuencias econ¨®micas. El reglamento debe ser la base de los pliegos de condiciones que han de regir la concesi¨®n de las obras del Estado. ?stas se encuentran paralizadas desde hace tres meses, lo cual ha supuesto la congelaci¨®n de la licitaci¨®n por valor de 250.000 millones (v¨¦ase EL PA?S del 4 de noviembre de 1995).

Este par¨®n se va a ver ampliado, puesto que no hay fecha para que el reglamento sea efectivo. Un par¨®n que, adem¨¢s, se puede ver agravado por el, calendario electoral y su culminaci¨®n. Seg¨²n fuentes empresariales, en el supuesto de que, como apuntan los pron¨®sticos, el PP gane los comicios previstos para marzo podr¨ªa no ponerse en marcha la m¨¢quina ria de concesi¨®n de obras pr¨¢cticamente hasta el pr¨®ximo verano. Es decir., y seg¨²n el peor escenario manejado por los constructores, podr¨ªa consumirse pr¨¢cticamente un a?o sin licitaciones del Estado, lo que supone cerca de un bill¨®n.

Este retraso realmente no pone en peligro inmediato la salud de la mayor parte de las constructoras, puesto que todas tienen una cartera de pedidos de m¨¢s de un a?o y medio de reserva y porque, cuando se aclare el panorama jur¨ªdico-pol¨ªtico, se podr¨ªa recuperar el nivel de licitaci¨®n en tres meses de adjudicaciones masivas.

La situaci¨®n s¨ª puede ser trascendente para empresas en las que confluyan problemas financieros y la posibilidad de quedar excluidos de contratar con el Estado como consecuencia de la Ley de Contratos. Es el caso de Huarte, que est¨¢ elaborando un plan de ajuste para hacer frente a unas deudas que rondan los 45.000 millones.