O subir o bajar

Respecto a la situaci¨®n pol¨ªtica espa?ola actual suele decirse, con la buena intenci¨®n de que mejore, que "esto no puede seguir as¨ª". Pienso que tan ingenuo deseo s¨®lo tiene un punto de raz¨®n, y es que no puede mantenerse as¨ª, pero s¨ª puede empeorar, porque toda estructura en proceso de desorden y abandonada a s¨ª misma tiende a agravar su degeneraci¨®n. A la situaci¨®n actual, como a la flecha en el aire, seg¨²n nos ense?¨® Saavedra Fajardo hace siglos, s¨®lo le queda elegir entre "o subir o bajar". Lo que no puede es paralizarse. Pero s¨®lo es posible detener este proceso degenerativo si se quiere y si se llevan a cabo ciertas actuaciones encaminadas a ello.Para conseguir lo cual, la primera condici¨®n es que pol¨ªticos, jueces y periodistas est¨¦n dispuestos a contribuir desde sus respectivos oficios a que la vida pol¨ªtica recupere la dignidad que ha perdido. El enfrentamiento entre pol¨ªticos no debe consistir en arrojarse libelos y querellas a la cabeza, la profesi¨®n period¨ªstica no ha de reducirse a narrar esc¨¢ndalos, a transmitir o inventar rumores mal¨¦volos y a desvelar dossiers encargados y pagados por financieros al uso, y el poder judicial ha de sancionar, por rechazo de quienes tienen competencias para ello, el activismo de algunos jueces, el protagonismo de otros y la clamorosa incompetencia de alguno.

La reacci¨®n ante las sensatas y recientes palabras de Pujol orientadas a la predicaci¨®n de este cambio de conducta es un magn¨ªfico ejemplo de c¨®mo la mala fe de unos, la impaciencia de otros y la desconfianza casi general pueden convertir un razonable ejercicio de saneamiento en un supuesto y torpe intento de autoprotecci¨®n. Si a quien aconseja sosiego se le interpreta como defensor de leyes de punto final, constitucionalmente imposibles, por cierto, y a quienes proponen que los pol¨ªticos se dediquen m¨¢s a hacer cosas en el presente y en el futuro, que no a aprovecharse del ¨²ltimo esc¨¢ndalo, se les considera abogados de causas perdidas y encubridores, de qui¨¦n sabe qu¨¦ atroces delitos, no saldremos nunca de esta situaci¨®n degenerativa y la pol¨ªtica espa?ola continuar¨¢ oscilando entre la cr¨®nica judicial y la narraci¨®n de corrupciones financieras, tan desmoralizadoras en s¨ª mismas como capaces de manchar, por disparatadas que sean las imputaciones t¨¢citas, a quienes aparezcan lejanamente relacionados con alguno de sus protagonistas. Por ah¨ª s¨®lo se va a la degeneraci¨®n de la pol¨ªtica y a la p¨¦rdida de arraigo de las instituciones democr¨¢ticas.

?Qu¨¦ hacer para frenar este proceso, que no sea limitarse a predicar sensatez con el riesgo de ser tildado de ingenuo o de encubridor? Tratemos de ofrecer algunas recetas de inmediato cumplimiento y de posibles efectos ben¨¦ficos, bien entendido que para conseguir lo segundo es indispensable proceder sin aplazamientos ni treguas, pues el proceso de saneamiento no debe postergarse para despu¨¦s de las elecciones de marzo de 1996, momento en el que las cosas pueden haber llegado a puntos cercanos al de irreversibilidad.

Es necesario devolver al Parlamento su centralidad en el sistema institucional del Estado. Las Cortes Generales aprueban leyes important¨ªsimas, como el C¨®digo Penal, y adoptan decisiones de gran calado, como, hace poco, la de rechazar el proyecto de acuerdo entre Marruecos y la Uni¨®n Europea, y, sin embargo, lo que ocupa mayor atenci¨®n period¨ªstica es la comisi¨®n senatorial sobre los cr¨ªmenes del GAL. La aprobaci¨®n de tan oportunista y demag¨®gica comisi¨®n, que no va a aclarar a estas alturas nada que no est¨¦ ya residenciado en manos de los jueces, y la atenci¨®n que se le presta ponen de manifiesto el riesgo de desnaturalizaci¨®n de las funciones del Parlamento. No es que la de crear comisiones de investigaci¨®n est¨¦ impedida por la Constituci¨®n, pues de modo expreso su art¨ªculo 76.1 las permite para una, otra o ambas C¨¢maras. No es tampoco que no est¨¦ previsto constitucionalmente el engarce entre comisiones parlamentarias e investigaciones judiciales, pues algo dice sobre ellas el mismo precepto citado. Es un problema de oportunidad y de recto uso de las facultades constitucionalmente permitidas. Tal vez por v¨ªa de reformas legales pudieran evitarse disfunciones, como estos d¨ªas se ha se?alado por parte del titular del m¨¢s alto cargo judicial, pero, aunque as¨ª fuera, siempre estorbar¨ªa lo que ahora sobra: voluntad de oportunismo destructivo en quienes hubieran de aplicar tales normas. Si no se desecha ahora mismo esa intencionalidad en el uso de las comisiones y de otros tr¨¢mites parlamentarios, el prop¨®sito de regenerar desde y en el Parlamento la vida pol¨ªtica ser¨¢ vano. Otro peligro acecha tambi¨¦n en sede parlamentaria que urge conjurar. La solicitud de suplicatorio en relaci¨®n con el diputado Barrionuevo parece que ha levantado en algunos miembros de su grupo la tentaci¨®n de votar en contra de su concesi¨®n. En conciencia, cada cual puede votar lo que crea justo. Pero ser¨ªa un grave error que la mayor¨ªa del Grupo parlamentario Socialista se inclinara en favor de la denegaci¨®n del suplicatorio. En primer lugar, porque no parece que haya en su solicitud ning¨²n rastro de aquellas circunstancias excepcionales en cuya virtud pudiera ser rechazada atendiendo a la conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional: raz¨®n primera que deber¨ªa bastar para acceder a lo que se ha pedido. En segundo y tal vez innecesario lugar, conviene tener en cuenta que la jurisprudencia citada es tan clara que en el supuesto de la denegaci¨®n se producir¨ªa un problema cuya soluci¨®n por parte del Tribunal Constitucional es de todos sabida. Una tercera consideraci¨®n en favor de que no se pongan obst¨¢culos donde no debe haberlos consiste en la necesidad hoy acuciante de que cada instituci¨®n cumpla sus funciones y no otras, y la concesi¨®n o la denegaci¨®n del suplicatorio no son ni los momentos ni los instrumentos para llevar a cabo una estrategia de acusaci¨®n ni tampoco de defensa en favor de quien, obviamente, tiene pleno derecho a ¨¦sta, pero en otros momentos que est¨¢n por venir y no conviene anticipar, y en otra instancia, la judicial competente. Si se evita este error, se habr¨¢ contribuido a cumplir el primer mandamiento exigible cuando las cosas est¨¢n mal, y que consiste en no empeorarlas de manera consciente. Ni siquiera para, ganar tiempo, estrategia que en relaci¨®n con otro problema podr¨ªa ser contraproducente.

La anticipaci¨®n de la fecha de las elecciones generales a marzo de 1996 debe ayudar a aplacar impaciencias, distender ¨¢nimos y despejar horizontes. Falta, sin embargo, conocer un dato important¨ªsimo: qui¨¦n va a ser el candidato del partido socialista. Quienes desde dentro del propio partido pretenden que Felipe Gonz¨¢lez repita su candidatura presionar¨¢n sin descanso para arrancar su consentimiento hasta el momento anterior a aquel en el que el interesado lo deniegue oficialmente. Para evitar tensiones innecesarias, si la decisi¨®n est¨¢ ya tomada, ser¨ªa bueno que su publicaci¨®n oficial se formulara cuanto antes. Si la decisi¨®n del actual presidente del Gobierno fuera la de continuar y repetir, tambi¨¦n ser¨ªa conveniente que todos, propio! y extra?os, incondicionales, condicionales, adversarios y enemigos, que de todo hay, supieran cuanto antes a qu¨¦ atenerse. Si su negativa se mantuviera cerrada, como hasta ahora, parece necesario que tambi¨¦n cuanto antes se pusisera en marcha el proceso interno de designaci¨®n del nuevo candidato. Todo son, pues, razones para hacer p¨²blico el contenido de la decisi¨®n. El no haberlo hecho ya es otro factor que enrarece el ambiente, de sobra cargado. ?Por que, pues, el presidente guarda silencio??Acaso espera que posibles cargos extraestatales despejen dudas acerca del noviembre del candidato sucesor? No lo creo, porque esta hip¨®tesis es muy reciente.?Se trata tal vez de que se quiere que decisiones judiciales procedentes de, la Sala Segunda, :del Tribunal Supremo queden reducidas al procesamiento de otras personas, y a la exclusi¨®n t¨¢cita del suyo, de manera que pudiera decir que no quiere ser candidato, pero que en su decisi¨®n no intervienen factores judiciales, sino su sincera y vieja intenci¨®n de no contribuir con su presencia al aumento de tensiones degenerativas que ¨¦l es el m¨¢s interesado en suprimir, o al menos en que no sigan aumentando como efecto no querido de su mera presencia en el escenario pol¨ªtico nacional? Quiz¨¢ vayan .Por ah¨ª las dudas y los aplazamientos. Pero si es as¨ª deber¨ªa tenerse en cuenta, a la hora de concentrar cualquier c¨¢lculo de fechas, que el calendario judicial suele ser lento, siempre mas lento de lo previsto.

Quedan otras muchas recetas por analizar, en orden a, conseguir, con ellas, y no s¨®lo con recomendaciones gen¨¦ricas, el sosiego y la reflexi¨®n que la situaci¨®n requiere. Mucho podr¨ªan contribuir al logro de, este fin quienes dentro del poder judicial tienen competencia para exigir responsabilidades disciplinarias (al menos ¨¦sas): si, se consiguiera que los ¨²ltimos desmanes por acci¨®n, palabra u omisi¨®n resultaran sancionados y cada juez quedara en su sitio, que a veces no es el, que ocupa; si se lograra que alg¨²n alto, responsable de? gobierno de los jueces gobernase m¨¢s y moderase sus, vehementes acusaciones televisa das contra el Gobierno, dando con tal futura moderaci¨®n ejemplo de continencia verbal; si los financieros instalados en las cercan¨ªas del C¨®digo Penal, o acaso dentro de ¨¦l, fueran r¨¢pidamente encausados por, los jueces competentes y en procesos. cuya rapidez no pusiera en riesgo ninguna de las garant¨ªas y derechos que la Constituci¨®n les reconoce; si todo esto fuera realidad pr¨®xima y no esperanza incierta, mucho se habr¨ªa conseguido tambi¨¦n en aras de la recuperaci¨®n de la perdida dignidad de la vida pol¨ªtica.

En todo caso, si nada de esto se lleva a cabo ya; si todo se abandona o se posterga; si la oposici¨®n, continua pensando que cuanto m¨¢s revuelto est¨¦ el r¨ªo mayor ser¨¢ la ganancia de quienes pescan en la orilla derecha; si se cree que ¨¦stas o parecidas recomendaciones son fruto de la voluntad de encubrimiento de delitos propios o ajenos, que por otra parte est¨¢n ya residenciados donde deben estar, es decir, ante los tribunales compententes, que seguir¨¢n adelante su marcha lenta, pero inexorable; si no se hace nada o muy poco para avanzar en la direcci¨®n buena, que nadie, se enga?e, todo empeorar¨¢. Porque la flecha en el aire no se para: o sube o baja.