Libertades, sólo buenas intenciones
El compromiso con los derechos humanos y la democracia carece de mecanismos para ponerlo en práctica
Las frases suenan bonito pero no tienen gran significado práctico. El documento final que la Conferencia Euromediterránea de Barcelona se dispone a aprobar el próximo martes dedica nada menos que seis párrafos a subrayar el compromiso de los participantes con las libertades fundamentales y los derechos humanos, pero no pasa de ser una declaración de buenas intenciones con ningún instrumento eficaz para aplicarla. Para incitar a sus socios de la ribera sur del Mare Nostrum a avanzar por esa vía, que conduce al Estado de derecho, la Unión Europea (UE) ha renunciado de antemano a condicionar su cooperación a la introducción de algunas dosis de democracia.La UE no aplica a todos sus interlocutores el mismo rasero. A Cuba le ha dejado entrever en junio que le ofrecerá un acuerdo de cooperación pero a cambió le pide, entre otras cosas, que se ahonde la reforma económica y que se modifique el código penal para poder excarcelar a los presos de conciencia que, según Amnistía Internacional, se elevan a unos 500. A Vietnam, con el que concluyó en mayo un primer acuerdo de cooperación, la Comisión Europea le planteó exigencias similares.
La Unión acabó en abril de negociar su primer acuerdo de asociación de nuevo cu?o con un país mediterráneo, Túnez, y después lo ha hecho con Israel y Marruecos. Tanto en cooperación como en ayudas financieras, el acuerdo alcanzado con Túnez es mucho más generoso que el que algún día se firmará con Cuba.
En las cárceles tunecinas hay, sin embargo, según Amnistía Internacional, cuatro veces más presos de conciencia que en Cuba y su suerte no ha sido evocada en ningún momento de la negociación. Desde que firmó la asociación la mano dura del régimen del presidente Zin el Abidin Ben Alí ha ampliado su ámbito de acción hasta golpear a la oposición legal socialdemócrata cuyo principal dirigente, Mohamed Moada, fue encarcelado el 9 de octubre. Su segundo, Jemais Chamari, perdió la semana pasada su inmunidad parlamentaria y acabará probablemente también detrás de los barrotes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Habib Ben Yahia, suscribirá, sin embargo, el martes la declaración de Barcelona junto con sus homólogos de otros once países mediterráneos -Turquía, Chipre, Malta, Marruecos, Argelia, Egipto, Israel Jordania, Líbano, Siria y Palestina- y de la UE.Todo ellos se comprometerán a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas las de expresión y asociación, y a potenciar el Estado de derecho y la democracia aunque, han matizado los árabes, "en el marco del derecho de cada uno de ellos de elegir y desarrollar libremente su sistema político ( ... )".
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que organizan un foro paralelo en Barcelona, son escépticas sobre el alcance de esta profesión de fe democrática con tanta más razón que no está previsto ningún mecanismo para vigilar su cumplimiento.
La UE otorgará 756.000 millones de: pesetas, de aquí a 1999, a sus socios mediterráneos, excepto a los prósperos Israel, Malta y Chipre, con los que ha empezado a firmar acuerdos de cooperación. A cambio les pedirá una liberalización de sus economías pero ninguna contrapartida política.
Para intentar dar contenido a la declaración de buenas intenciones, Amnistía Internacional ha pedido a la conferencia que "se actúe concretamente contra la tortura y los malos tratos ( ... )" y se?ala que "los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes".
Miguel Angel Moratinos, el hombre que en el seno de la diplomacia espa?ola lleva a?os luchando por sacar adelante la conferencia, sostiene, sin embargo, que el diálogo político que la UE instaurará con sus socios brindará la ocasión de pasar revista con periodicidad a los progresos que hayan hecho en materia de derechos humanos. Los acuerdos de asociación entre la UE y sus socios, que constituyen el entramado de la conferencia, contienen además una cláusula de suspensión que permitirá denunciarlos si los socios dan marcha atrás.
Queda, por último la sanción del Parlamento Europeo, que debe ratificar los acuerdos. En enero de 1992 congeló los protocolos Financieros con Siria y con Marruecos, por sus atropellos de los derechos humanos, y ahora ha amenazado con no aprobar en diciembre la unión aduanera con Turquía si no modifica su legislación antiterrorista y excarcela a diputados kurdos.
Ahora bien, cuando la Eurocámara bloqueó las ayudas a Marruecos las capitales comunitarias se indignaron y buscaron al mes siguiente fórmulas de cooperación con Rabat que no requiriesen el visto bueno de los eurodiputados. El aumento de los poderes de la institución les obliga, sin embargo, a contar con ella para aprobar los acuerdos de asociación.
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