El Estado gast¨® en 1992 m¨¢s de cuatro billones por encima del Presupuesto

Los cr¨¦ditos de los Presupuestos Generales del Estado de 1992, el ¨²ltimo ejercicio completo de Carlos Solchaga como ministro de Econom¨ªa y Hacienda, aumentaron un 22,5% -es decir, 4,27 billones de pesetas- sobre lo aprobado por el Parlamento. As¨ª lo asegur¨® ayer la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros Garc¨ªa Crespo, al presentar ante la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado la declaraci¨®n definitiva del ejercicio citado.

En conjunto, las apreciaciones del tribunal son cr¨ªticas respecto de casi todos los aspectos de las cuentas generales del Estado y de la actuaci¨®n presupuestaria de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos. Garc¨ªa Crespo se mostr¨® ayer partidaria de limitar las ampliaciones de cr¨¦dito que, a su juicio, podr¨ªan evitarse con una mejor presupuestaci¨®n. Asimismo, la presidenta del Tribunal resalt¨® la imprecisi¨®n de los gastos que destinados a actuaciones protocolarias. En su opini¨®n, dichos gastos merecen una regulaci¨®n espec¨ªfica que acote su utilizaci¨®n por parte de la Administraci¨®n.La propia presidenta del tribunal introdujo, no obstante, una matizaci¨®n a su afirmaci¨®n inicial del exceso de gasto de 4,27 billones de pesetas, al decir que si se tiene en cuenta que las operaciones financieras tienen "caracter¨ªsticas especiales" las cifras se situar¨ªan en un exceso de 1,97 billones sobre los cr¨¦ditos iniciales, lo que supondr¨ªa un 11% de aumento respecto a las previsiones.

En el informe se se?ala que en el ejercicio de 1992 "el d¨¦ficit conjunto del Estado y sus organismos ( ... ) ascender¨ªa a 2,9 billones en lugar de los 1,8 presentados en las cuentas rendidas" y ello porque no se imputaron al presupuesto obligaciones y directos que se realizaron durante el ejercicio de 1992.

Garc¨ªa Crespo se?al¨® ante los diputados y senadores que la desviaci¨®n del d¨¦ficit fue del 109%, aunque el a?o anterior, es decir, en 1991, hab¨ªa sido del 184%.

El Tribunal de Cuentas analiza pormenorizadamente todos los cap¨ªtulos presupuestarios y respecto a los gastos reservados asegura que con "las limitaciones que se han presentado para su fiscalizaci¨®n, se ha constatado la indefinici¨®n legal que exist¨ªa en el a?o 1992 sobre el manejo de estos fondos y la ausencia de normas internas sobre su gesti¨®n y control". Sin embargo, Gar¨ªa Crespo consider¨® necesario advertir de la "superaci¨®n de las lagunas legales y del aspecto normativo de la gesti¨®n y control [de estos fondos reservados] mediante la ley 11 de 1995, posterior al periodo fiscalizado".

Comunidades y ayuntamientos

Las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos no salen mejor parados que el Estado de la fiscalizaci¨®n. Seg¨²n Garc¨ªa Crespo, en 1992 Arag¨®n, Murcia y Cantabria rindieron sus cuentas fuera de los plazos legales y en el conjunto de las autonom¨ªas las modificaciones presupuestarias netas de los cr¨¦ditos aprobados supusieron 1,2 billones de pesetas, con un aumento del 20% sobre los cr¨¦ditos iniciales, algo por debajo del incremento del a?o anterior".

El informe del Tribunal de Cuentas se?ala que "los porcentajes m¨¢s bajos de ejecuci¨®n del gasto corresponden a las comunidades de Cantabria, Arag¨®n, Castilla y Le¨®n y Extremadura, donde en ning¨²n caso se super¨® el 75% de la cifra prevista". Y en ingresos la comunidad de Cantabria no alcanz¨® siquiera el 50%.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, el tribunal se?ala que presentaron las cuentas todas las. diputaciones provinciales, excepto la de Lugo; los cabildos y consejos insulares y 5.003 ayuntamientos, lo que supone el 62% del total y representa a un 78% de la poblaci¨®n. Para colmo de males, el n¨²mero &cuentas rendidas por los ayuntamientos se redujo en un 19% respecto a las de 1991. Garc¨ªa Crespo destac¨® que "el 67% de los ayuntamientos no entregaron el estado de su deuda".

El portavoz del PP en la comisi¨®n, Diego Jordano, critic¨® con dureza la actuaci¨®n del Gobierno en este campo y destac¨® que el informe hace pensar que las cuentas no son fiables porque no se ajustan a la legalidad.

Fernando Gimeno, portavoz socialista, insisti¨® en que el Gobierno se atiene a la legalidad que estaba vigente en aquel a?o de 1992, aunque admiti¨® que existen algunas discrepancias de interpretaci¨®n tanto por parte de su grupo como del Gobierno con respecto a las que sostiene el Tribunal de Cuentas.