Varapalo a Garz¨®n en su conflicto con Defensa

Brutal varapalo a Garz¨®n. As¨ª resum¨ªa ayer un magistrado la resoluci¨®n del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, que se ha pronunciado un¨¢nimemente a favor de las tesis del ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, declarando que el juez carec¨ªa "claramente" de competencias para reclamar documentos oficiales secretos en su investigaci¨®n sobre la guerra sucia contra ETA. Pascual Sala, presidente del Tribunal. Supremo y de la Sala de Conflictos, obtuvo ayer un resonante ¨¦xito al conseguir que los magistrados discrepantes se sumaran a su postura para limitar el poder de los jueces en la investigaci¨®n de delitos. Sala, no obstante, no quiso comentar la sentencia con los periodistas, sino que se limit¨® a responder que la resoluci¨®n hablaba por s¨ª sola.

La decisi¨®n produjo satisfacci¨®n en Defensa y en otros departamentos ministeriales, as¨ª como entre los abogados defensores de algunos de los implicados en el caso GAL. Tambi¨¦n produjo preocupaci¨®n en algunos medios jur¨ªdicos , especialmente en la Audiencia Nacional, donde se lleg¨® a comentar que la sentencia legitimaba la raz¨®n de Estado. Izquierda Unida la critic¨® y propuso reformar la Ley de Secretos Oficiales.Garz¨®n, probablemente, no podr¨¢ obtener ya los documentos del Cesid que reclamaba, si bien ayer los solicit¨® de nuevo siguiendo la v¨ªa que le ofrec¨ªa en su sentencia el Tribunal de Conflictos, elevando una exposici¨®n razonada al ministro Pertierra. Este camino tambi¨¦n podr¨ªa ser intentado por el juez instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, Eduardo M¨®ner, si quiere que los documentos constituyan prueba en la causa principal.

El procedimiento establecido en la sentencia se?ala que si un juez considerase necesarios para la investigaci¨®n los documentos, clasificados como secreto oficial no podr¨ªa imponer al ministro de Defensa su entrega, sino que tendr¨ªa que dirigirse a ¨¦l, a trav¨¦s de una exposici¨®n razonada, para que el ministro la trasladase al ¨®rgano competente para clasificar y desclasificar documentos, que es el Consejo de Ministros. El Gabinete en pleno valorar¨ªa los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado -el tribunal recuerda que al Gobierno le corresponde la interpretaci¨®n exclusiva de esa materia- y decidir¨ªa en consecuencia. Pero, en el caso de que el Consejo de Ministros acordase no entregar los documentos, ning¨²n juez, ni el Supremo, podr¨ªa instarle a hacerlo.

Restricciones

La sentencia declara que la Constituci¨®n y otras leyes como la del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Criminal restringen el acceso a determinados medios de prueba y que ello no supone la "creaci¨®n de espacios de impunidad para ciertos comportamientos delictivos ni de exenci¨®n para las administraciones p¨²blicas del deber de denunciar y perseguir los delitos de que tuvieren conocimiento". La sala compara las limitaciones en la investigaci¨®n de delitos provocadas por los documentos de los servicios secretos con las que produce el secreto de confesi¨®n sacerdotal, el secreto profesional de abogados o el derecho a no declararse culpable.El tribunal precisa que en pa¨ªses del entorno -Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- tambi¨¦n se utiliza la t¨¦cnica del secreto para evitar que se conozcan determinadas materias que se consideren sensibles para la seguridad del Estado o para la protecci¨®n de las fuentes e instrumentos de los servicios de inteligencia.

El varapalo a Garz¨®n viene recogido en el quinto fundamento jur¨ªdico. "La inobservancia de las prevenciones legales espec¨ªficas en materia de secretos oficial es respecto de la obtenci¨®n de determinados instrumentos probatorios por el juez de instrucci¨®n, que, por s¨ª y ante s¨ª, -y careciendo claramente de competencia, para ello- interpreta cu¨¢ndo se dan las condiciones establecidas por la ley para que pueda resultar efectiva la protecci¨®n de las tan repetidas materias clasificadas, o si merecen o no ser calificadas de secreto oficicial o aportadas a un determinado proceso, y el empleo de requerimientos conminatorios para obtener su entrega, constituye una invasi¨®n de esferas competenciales propias de la Administraci¨®n y procedimiento inadecuado cuyo conocimiento puede ser reclama do por la misma". En medios de la Audiencia se?alaron que Garz¨®n no discut¨ªa la competencia del Gobierno para clasificar documentos sino que ped¨ªa que colaborase con ¨¦l. Seg¨²n estos medios, la sentencia legitima la raz¨®n de Estado al permitir zonas opacas a la investigaci¨®n de los delitos. El ¨¢mbito de impunidad que se concede al Ejecutivo es amplio, subrayan, Estos medios recordaron que la dimisi¨®n de Richard Nixon en el caso Watergate no se habr¨ªa producido si el ex presidente de EE UU no hubiera entregado las grabaciones magnetof¨®nicas que le compromet¨ªan.

Doctrina del Supremo

Otras fuentes jur¨ªdicas destacaron que la sentencia ha arrasado toda la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo establecida hace ahora un a?o con ocasi¨®n de la investigaci¨®n de lo fondos reservados y en la que se se?alaba que los funcionario p¨²blicos ten¨ªan la obligaci¨®n de colaborar con los jueces y que no pod¨ªan escudarse en el secreto cuando se investigaban delitos. Esa doctrina permiti¨® el avance de varios sumarios c¨¦lebres como el de las escuchas del Cesid, el de los fondos reservados, el caso Rold¨¢n. La sentencia afectar¨¢, adem¨¢s, a las investigaciones de las muertes de Mikel Zabaltza y de Luc¨ªa Urigoitia.Esta es la segunda vez que decisiones de tribunales superiores, limitan aspectos de la investigaci¨®n de Garz¨®n sobre los GAL. La primera se produjo en 198 cuando la Audiencia Nacional neg¨® al juez la posibilidad de seguir investigando el uso de los fondos reservados de Interior, la financiaci¨®n de acciones , guerra sucia contra ETA. Hasta el a?o pasado el Supremo no autoriz¨® esta investigaci¨®n.

La resoluci¨®n del Tribunal Conflictos de Jurisdicci¨®n se alcanz¨® sin que los magistrados discrepantes suscribiesen votos particulares. Si bien todos eran partidarios de dar la raz¨®n a Ia defensa, al menos dos, un magistrado y un consejero de Estado, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al tribunal hab¨ªan expuesto puntos de vista contrarios a las limitaciones del poder de los jueces de instrucci¨®n en la investigaci¨®n de los delitos que pretend¨ªa Sala.