Filesa, a punto
EL 'CASO Filesa' ha dejado de ser un sumario interminable y enredado en s¨ª mismo durante cuatro largos a?os. El juez del Supremo Enrique Bacigalupo, que tom¨® las riendas de la investigaci¨®n de las manos del juez Barbero tras abandonar ¨¦ste la carrera judicial, lo ha situado a las puertas del juicio oral. Ahora ya se sabe que este caso emblem¨¢tico de corrupci¨®n no quedar¨¢ impune; tambi¨¦n qui¨¦nes se sentar¨¢n en el banquillo de los acusados y cu¨¢les son los delitos a que deben responder.En el auto de apertura del juicio oral, Bacigalupo delimita el marco definitivo en el que se dilucidar¨¢ el caso Filesa ante los tribunales. De entrada, s¨®lo siete de las 39 personas inicialmente implicadas comparecer¨¢n a juicio. Y de la retah¨ªla de delitos previsiblemente cometidos en torno al montaje empresarial creado para financiar irregularmente al PSOE han quedado en pie los de falsedad en documento mercantil, emisi¨®n de facturas falsas, delito electoral y delito fiscal. Ello ha permitido al abogado de uno de los cargos socialistas imputados afirmar que "la causa ha quedado reducida a una entidad peque?a". Pero no tan peque?a, y menos para el PSOE.
De los siete imputados, seis ejercen o han ejercido funciones de cierto relieve en la estructura organizativa del PSOE. En el caso del actual senador y dirigente del PSC-PSOE Josep Mar¨ªa Sala, esas funciones han sido de direcci¨®n. Y, de otro lado, los delitos de que se les acusa son pr¨¢cticamente los mismos que centraron desde el inicio la investigaci¨®n judicial sobre la actividad de Filesa, Malesa y Time-Export. Sigue en pie, pues, la presunci¨®n fundada de que el PSOE se financi¨® irregularmente con cantidades provenientes de empresas y bancos a cambio de facturas por servicios inexistentes, si bien, como afirma el juez Bacigalupo, este hecho no es delictivo por s¨ª mismo, de acuerdo con el ordenamiento espa?ol vigente. Pero s¨ª es delito todo el tejemaneje documental creado para enmascarar esa financiaci¨®n, as¨ª como la inevitable elusi¨®n del pago de impuestos y la manipulaci¨®n de cuentas electorales con el objeto de no dar pistas.
Incluso la retirada de la acusaci¨®n contra el antiguo secretario de finanzas y miembro de la Comisi¨®n Ejecutiva del PSOE Guillermo Galeote no cancela la cuesti¨®n de las responsabilidades pol¨ªticas de ese partido por el entramado montado para su financiaci¨®n irregular. Los cargos socialistas que siguen acusados dan pie sobradamente a la exigencia de esa responsabilidad. De otro lado, la financiaci¨®n irregular de las elecciones legislativas y europeas de 1989 queda suficientemente acreditada, de momento, con la acusaci¨®n al antiguo coordinador electoral del PSOE Ram¨®n Moreda.
Son exculpados, en cambio, los directivos de empresas y bancos que se prestaron a realizar la contribuci¨®n econ¨®mica convenida. Pero justamante ¨¦ste era uno de los puntos m¨¢s discutidos de la dilatada instrucci¨®n del juez Barbero: equiparar penalmente las conductas del chantajista y el chantajeado. Bacigalupo no ha considerado que deban sentarse en el banquillo personas que, en todo caso, se sometieron a un requerimiento que, por venir del partido del Gobierno, ten¨ªa m¨¢s de chantaje o presi¨®n que de intento de soborno por su parte.
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