Malas vibraciones

La filtraci¨®n a la prensa de unas palabras sobre el instructor del caso GAL pronunciadas supuestamente el pasado s¨¢bado por Felipe Gonz¨¢lez en la reuni¨®n a puerta cerrada del Comit¨¦ Federal del PSOE levant¨® una airada tempestad en los partidos y las asociaciones judiciales. El presidente del Gobierno aprovech¨® anteayer la presentaci¨®n del programa electoral socialista para negar que esos comentarios sobre el magistrado M¨®ner salieran de sus labios; no ser¨ªan ciertas, as¨ª pues, ni sus cr¨ªticas expresas a la impropiedad de que Barrionuevo haya sido procesado tras la disoluci¨®n de las Cortes, ni sus reticentes alusiones a los motivos ocultos de car¨¢cter extrajudicial subyacentes a esa decisi¨®n. Felipe Gonz¨¢lez reafirm¨® su respeto por la independencia del Poder Judicial, al tiempo que reivindicaba la autonom¨ªa del PSOE para confeccionar sus listas electorales y para incluir al ex ministro del Interior -procesado en el Supremo por detenci¨®n ilegal, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y relaci¨®n con banda armada- en la candidatura cerrada y bloqueada del Congreso por Madrid.Pero la incorrecta transcripci¨®n e interpretaci¨®n de las palabras atribuidas al presidente del Gobierno no se debi¨® al atolondramiento de un reportero novato o a la malevolente tergiversaci¨®n de un cronista de colmillo retorcido, sino a portavoces oficiales del PSOE. Se comprende, as¨ª, que los medios de comunicaci¨®n y las asociaciones; de magistrados las tomasen como ciertas; adem¨¢s, las agrias cr¨ªticas y los inmisericordes ataques lanzados habitualmente contra otras actuaciones judiciales por algunos dirigentes socialistas han dejado una estela de malas vibraciones que presta verosimilitud a cualquier improperio contra los tribunales procedente de sus filas. Porque la cultura de poder del PSOE, construida a lo largo de sus a?os de Gobierno, muestra una preocupante tendencia a confrontar b¨¦licamente el principio democr¨¢tico, legitimador de los representantes elegidos por las urnas y de los cargos nombrados directa o indirectamente por el Parlamento, con el procedimiento meritocr¨¢tico de acceso a la magistratura.

La conclusi¨®n operativa deducida de esos fundamentos oscuramente formulados ser¨ªa que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben prevalecer sobre el Poder Judicial cuando un conflicto les enfrente. Esa dr¨¢stica moraleja expresa una empobrecedora concepci¨®n de la democracia, reducida as¨ª a la aplicaci¨®n mec¨¢nica de la regla de la mayor¨ªa electoral y despojada de los mecanismos de amparo a las minor¨ªas y a los derechos humanos que s¨®lo la aplicaci¨®n del derecho puede proporcionar. En su reciente libro Democracia, jueces y control de la Administraci¨®n (C¨ªvitas, 1995), Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa se?ala con acierto que nada hay m¨¢s contrario a la esencia misma de la democracia" que la pretensi¨®n de los gobernantes seg¨²n la cual el origen electivo de sus cargos les legitimar¨ªa para. quedar salvo del control de los tribunales y para rechazar cualquier reclamaci¨®n judicial de los ciudadanos.

Los intentos de hacer prevalecer la voluntad mayoritaria de las urnas sobre las exigencias del Estado de derecho resultan infinitamente m¨¢s graves cuando las presuntas infracciones cometidas por un cargo p¨²blico no se refieren a la Ley de Expropiaci¨®n Forzosa, sino al C¨®digo Penal. Si la sustituci¨®n del gobierno de los hombres por el imperio de la ley es un rasgo esencial de los sistemas democr¨¢ticos, el derecho necesita reglas de procedimiento para dirimir los conflictos y jueces que apliquen las normas. Felipe Gonz¨¢lez reivindic¨® anteayer la autonom¨ªa del PSOE para incluir en sus candidaturas a Barrionuevo, en paralelo con la independencia del Supremo para juzgarlo: aunque recordar ahora los disparates pretorianos sobre la autonom¨ªa militar ser¨ªa una injusta broma de mal gusto, la equiparaci¨®n entre un Poder del Estado y un partido pol¨ªtico resulta algo tan chistoso como el intento de conseguir un resultado homog¨¦neo al sumar peras y manzanas.