Peticis¨®n y denegaci¨®n de justicia

JOS? RAM?N RECALDE

Dos tipos de acontecimientos est¨¢n determinando reacciones poco serenas: la elevaci¨®n de la mira del arma asesina de ETA; el desorden y los da?os que los alborotadores causan en la vida ciudadana. Pues bien: el primer tipo de acontecimientos, en principio, no es muestra de fortaleza, sino de declive, de ETA; el segundo es un elemento nuevo de distorsi¨®n, de importancia" menor que el anterior, pero. sobre el que Conviene tomar posiciones.El asesinato de Fernando M¨²gica, m¨¢s que un argumento en favor o en contra de esta tesis, es una inmensa tragedia frente a la que falla la frialdad del razonamiento. Ante su muerte he descubierto que, antes que el militante con el que concordaba y, acaso m¨¢s, discut¨ªa, era el amigo contra Franco, en mis prisiones y en las de su hermano. Y el padre de los hijos que he visto crecer. Un hombre con amor a la vida, sin miedo a la muerte.

Una organizaci¨®n terrorista m¨¢s d¨¦bil apunta m¨¢s alto. Esto es lo que est¨¢ pasando. Y creo que falta serenidad a los que se dejan ganar por el espanto.

. El segundo tipo de acontecimientos, el desorden cotidiano, tiene, indudablemente, relaci¨®n con las acciones de ETA, pues las exalta, pero, por ahora, no tiene su gravedad. Podemos apostar que va a ser algo ef¨ªmero. Pero las apuestas, en pol¨ªtica, no se hacen sobre lo que pensamos que va a suceder, sino sobre lo que determinamos que suceda. El desorden cotidiano es, por tanto, un problema muy importante, que nos concierne a todos, y que tendr¨¢ una buena soluci¨®n si conseguimos que sea ef¨ªmero y una mala soluci¨®n si no lo conseguimos. En esta l¨®gica, Atutxa ha planteado su alternativa: las organizaciones que practican los desmanes deben ser ilegalizadas o legalizadas.

Es un problema de Derecho. Pero lo es, no tanto porque requiera un an¨¢lisis legal y constitucional de la respuesta cuanto porque es la muestra del dato originario de lo que el Derecho es: canaliza una petici¨®n de justicia. Algo que deben tener siempre presente legisladores, gobernantes y Jueces.

La respuesta a u?a petici¨®n d¨¦ justicia se debe dar ateni¨¦ndose a la legalidad, al procedimiento y a las garant¨ªas, pues los acusados tienen derecho a que se respete su presunci¨®n de inocencia. Por eso, aunque defraude a los ciudadanos, el juez depura la respuesta ante esa petici¨®n. Pero cuando el. garantismo lleva a una depuraci¨®n. de la respuesta que deja sin satisfacer la petici¨®n ciudadana, sobre todo si esa petici¨®n es la de la v¨ªctima del delito, est¨¢ poniendo de manifiesto un efecto perverso: la denegaci¨®n de justicia. Como es imprescindible que el garantismo se mantenga, la denegaci¨®n de la justicia habr¨¢ sido una consecuencia desgraciada, aunque necesana, una imperfecci¨®n del Derecho que hay que procurar eliminar. El problema es: ?c¨®mo podemos atender a la petici¨®n de justicia con conservaci¨®n de las garant¨ªas y reduciendo al m¨ªnimo la denegaci¨®n de justicia? No es ni necesario ni oportuno cambiar las leyes. Tampoco parecen viables, en principio, ninguna de las alternativas propuestas. Es un derecho ciudadano el de asociarse de hecho, sin que se le pueda forzar a nadie a seguir los tr¨¢mites administrativos para un reconocimiento legal. E igualmente, la ilegalidad ser¨¢ la que derive de los actos y no de unos estatutos, que l¨®gicamente no declaran ning¨²n objeto social delictivo. Son los actos los que deben ser investigados y juzgados.

Pero si existe un derecho elemental en este asunto, ¨¦ste es el del ciudadano a quejarse de la denegaci¨®n de justicia. El ciudadano dice, con todo derecho: "mal". Mal la polic¨ªa, mal el juez que instruye, mal el juez que juzga. Mal, si no e producen los resultados que leg¨ªtimamente pretende. Puede que el Estado de derecho tenga tales exigencias que resulte dificil obtener mejores resultados. Pero por lo menos exigimos un poco de humildad a los que han llevado -acaso no se pod¨ªa hacer otra cosa- a la denegaci¨®n de la justicia.

El camino est¨¢ en resolver un problema dif¨ªcil: respetar la legalidad, pero entender que la interpretaci¨®n de la ley, del procedimiento y de las pruebas no puede llevar a crear una barrera denegatoria; actuar con diligencia y con pericia en el descubrimiento del delito y en la instrucci¨®n del mismo; reaccionar r¨¢pidamente y sin esp¨ªritu gremial ante los errores de algunos, polic¨ªas o jueces, encargados de atender a la petici¨®n de justicia de los ciudadanos. Y, seguramente, empezar a admitir como suficiente evidencia de ilegalidad de una organizaci¨®n la acumulaci¨®n masiva de pruebas de actos practicados por sus miembros, que acreditan suficientemente lo il¨ªcito de su actividad. Este camino lo han emprendido administraciones de justicia reconocidamente garantistas, pero sin complejos. Por eso dec¨ªa que la alternativa de la ?legalidad, que propone Atutxa, solamente en principio es inadmisible. Otra cosa ser¨ªa si nuestra Administraci¨®n de justicia calibrara d¨®nde est¨¢n los valores fundamentales que defender.

La lucha contra la violencia es una tarea important¨ªsima, grave responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Por eso nos podemos permitir los ciudadanos reprochar a las instituciones del Estado sus defectos y seguir pidiendo resultados. Pero no nos podemos permitir resquebrajar las filas de la defensa de la democracia que deben mantener, unidos, los partidos.Jos¨¦ Ram¨®n Recalde es catedr¨¢tico del Este de San Sebasti¨¢n.