Impunidad y verdad

"La impunidad deja a la sociedad sin horizonte ¨¦tico y es madre ?le la corrupci¨®n". Laura Bonaparte (Madres de Plaza de Mayo-L¨ªnea Fundadora) presentaba con estas palabras un llamamiento de Amnist¨ªa Internacional (Al) por el derecho a la verdad en Am¨¦rica Latina. Resum¨ªa el sentimiento (le miles de familiares y amigos de v¨ªctimas de cr¨ªmenes sin esclarecer y sin castigo.En la reparaci¨®n por violaciones de derechos humanos existen tres elementos: verdad, justicia y compensaci¨®n. AI se opone, en consecuencia, a todas las medidas que impidan alcanzar esos tres objetivos, y exige que se reconozca el derecho a saber la verdad.

Sin embargo, la realidad en la mayor¨ªa de los pa¨ªses americanos contradice ese principio: desde la Ley de Amnist¨ªa de junio de 1995 en Per¨², a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina -a las que se sumaron los indultos presidenciales en 1989 y 1990-, pasando por la Ley de Caducidad en Uruguay (1986), la legislaci¨®n sobre desapariciones aprobada en Brasil en 1995, que reconoce el derecho a la compensaci¨®n, pero limita la investigaci¨®n de los casos, o la Ley de Amnist¨ªa de El Salvador (1993), sin olvidar los miles de casos que han quedado exentos de castigo en Colombia o M¨¦xico.

La impunidad se muestra, adem¨¢s, como una amenaza para el presente y el futuro de los derechos humanos: alienta a los responsables de su violaci¨®n.

El debate sigue vivo en las sociedades americanas. Varios pa¨ªses, como Chile, Colombia, Honduras y Guatemala, viven en estos momentos debates cruciales sobre el futuro de las investigaciones.

En Chile, varios proyectos de ley amenazan con cerrar todos los procedimientos legales por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos, llamado Figueroa-Otero, evitar¨ªa los procesamientos, restringir¨ªa las investigaciones judiciales a la localizaci¨®n de los restos de los desaparecidos, garantizar¨ªa el secreto total para estas investigaciones y permitir¨ªa que se archivaran los casos.

En Colombia, la impunidad casi total sobre los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ocurridas durante los ¨²ltimos a?os puede apuntalarse en virtud de la reforma del c¨®digo penal militar en discusi¨®n.

Un interesante cap¨ªtulo de la lucha contra la impunidad se est¨¢ desarrollando ahora en Honduras, donde las autoridades adoptaron durante 1995 medidas encaminadas a poner por primera vez a responsables de violaciones de derechos humanos a disposici¨®n de la justicia, en un pa¨ªs donde al menos 184 personas desaparecieron en los a?os ochenta.

La Corte Primera de Apelaciones determin¨® el pasado 5 de junio la aplicaci¨®n de las leyes de amnist¨ªa a 10 militares acusados por la Fiscal¨ªa de los Derechos Humanos del Ministerio P¨²blico. Pero la Corte Suprema de Justicia rechaz¨® dicha decisi¨®n, considerando que la Corte de Apelaciones se hab¨ªa sobrepasado en sus funciones.

La impunidad deja a las sociedades no s¨®lo sin castigo, sino sin la verdad. Pero ¨¦sta es tozuda, y pese a todo se abre camino.

La lucha sigue

Durante el I Seminario sobre la Impunidad en Am¨¦rica Latina, celebrado entre los pasados d¨ªas 14 y 16 en Madrid, se insisti¨® precisamente sobre este punto: el proceso sobre las violaciones de derechos humanos en Am¨¦rica Latina sigue abierto.

Laura Bonaparte sabe mucho sobre eso. En octubre de 1978 public¨® una carta en EL PA?S en la que relataba la desaparici¨®n de su marido, tres hijos y sus respectivos compa?eros; carta utilizada por Julio Cort¨¢zar para un cuento incluido en su colecci¨®n Queremos tanto a Glenda.

Desde entonces, pese a leyes e indultos, ha ido conquistando trozos d¨¦ aquella abominable verdad; cad¨¢veres aparecidos, asesinos identificados... Incluso hoy sigue batallando para impedir que las excavadoreas remuevan un terreno de un campo militar que se sospecha que fue utilizado como fosa com¨²n, en la que podr¨ªan encontrarse los restos de algunos de sus seres queridos.