Jueces para la Democracia cree exagerada la inhabilitaci¨®n de un profesor insumiso

Jos¨¦ Casquero Cabreros tiene 32 a?os y llevaba 12 como profesor rural cuando Educaci¨®n le inhabilit¨® definivamente como funcionario por insumiso, recurriendo a una ley de 1964. "Es una ley preconstitucional y una medida desproporcionada", se?ala Jos¨¦ Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia. "Me han destrozado la vida. Es la condena m¨¢s grande que conozco, voy a la c¨¢rcel pero luego no puedo reinsertarme, ni cobrar el paro", dice Casquero. Educaci¨®n est¨¢ dispuesto a revisar el caso. Padres y profesores ya han amenazado con movilizaciones.

"Esa ley es preconstitucional y la sanci¨®n administrativa es desproporcionada y ataca la finalidad de toda pena, la reinserci¨®n", se?ala Jos¨¦ Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia.El profesor de Navarredonda de Gredos (?vila) fue condenado el 30 de septiembre de 1994 a dos a?os, cuatro meses y un d¨ªa de c¨¢rcel "e inhabilitaci¨®n absoluta por el tiempo de condena" por negarse a cumplir el servicio militar y la prestaci¨®n social sustitutoria. Hoy est¨¢ en libertad condicional, tras cumplir dos tercios de la condena, pero no puede seguir dando clase. El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Educaci¨®n le comunicaba la p¨¦rdida de su puesto de funcionario.

"Ha sido algo muy fuerte, no se conforman con meterme en la c¨¢rcel y me quitan mi plaza de maestro para siempre", dice el insumiso. "Hay un camino abierto para una soluci¨®n", a?ade Casquero esperanzado, "que Educaci¨®n revoque la orden. Espero que lo hagan por m¨ª, y por ser consecuentes con lo que se predica en la asignatura transversal de Educaci¨®n por la Paz, creada por ellos mismos".

Movilizaciones

La Confederaci¨®n de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y CCOO est¨¢n dispuestos a pedir un indulto al Gobierno. Pero mientras tanto, estas organizaciones y la Coordinadora Estatal de Educaci¨®n para la Paz han puesto el grito en el cielo por la inhabilitaci¨®n permanente de su cargo p¨²blico de este profesor de educaci¨®n primaria.De momento, han pedido a Educaci¨®n que revoque la orden ministerial y han manifestado que convocar¨¢n "movilizaciones en el caso de que no se vuelva a habilitar al profesor. Jueces para la Democracia cree que la sanci¨®n, unida a la pena de c¨¢rcel "no es proporcional a lo que ha hecho este profesor", seg¨²n su portavoz, Jos¨¦ Antonio Alonso. "Esto supone aplicar una doble sanci¨®n (penal y administrativa) por los mismos hechos, lo que aparte de desproporcionado, no es constitucional".

Seg¨²n Alonso, "incluso en el nuevo C¨®digo Penal se especifica que el tiempo m¨¢ximo de suspensi¨®n de la funci¨®n p¨²blica para los insumisos ser¨¢ de unos 14 a?os, y el art¨ªculo 47 del C¨®digo Penal vigente tampoco recoge este tipo de sanciones permanentes".

Un miembro del Tribunal Supremo afirma que, en estos a

casos, "el juez dicta una suspensi¨®n que debe limitarse al tiempo de la condena, pero nunca una inhabilitaci¨®n absoluta, que si se aplicara ser¨ªa contraria a la Constituci¨®n".

El secretario de Estado de Educaci¨®n, Alvaro Marchesi, manifiesta que estudiar¨¢ "la petici¨®n, del profesor insumiso y de las asociaciones de padres y profesores, de revocar la orden ministerial, pero siempre en cumplimiento con la legalidad vigente".

De obligado cumplimiento

Educaci¨®n ha aplicado una ley de 1964, la cual se?ala que la condici¨®n de funcionario "se pierde por la imposici¨®n de pena principal o accesoria, de inhabilitaci¨®n absoluta".Seg¨²n los responsables de este ministerio, la decisi¨®n se tom¨® en aplicaci¨®n "de los dict¨¢menes jur¨ªdicos de la Direcci¨®n General de los Servicios Jur¨ªdicos del Estado (que depende el Ministerio de Justicia e Interior) y que est¨¢n obligados a cumplir". A¨²n as¨ª, Marchesi se han comprometido a dar una respuesta definitiva dentro de una semana.

"Es la primera vez que se expulsa a un profesor de modo fulminante y definitivo de su puesto de funcionario", se?ala Francisco Delgado, presidente de CEAPA. "Creemos que Educaci¨®n ha cometido una imprudencia, puesto que es una ilegalidad manifiesta aplicar una ley anticuada y confiamos en que entren en raz¨®n a?ade Delgado.

"Llegaremos hasta donde haga falta para que el problema se solucione porque este asunto es mucho m¨¢s grave de los que parece", resalta Fernando Lezcano, de CC OO, "lo que m¨¢s nos preocupa es conseguir cerrar la posibilidad de que este ministro, o el que venga, pueda seguir incurriendo en este procedimiento",