M¨¢s vale tarde

Hubo una ¨¦poca, no muy lejana, en la que el euroentusiasmo espa?ol hac¨ªa saltar todos los sensores sociol¨®gicos con los que Bruselas eval¨²a el grado de respaldo a sus proyectos. Siempre existieron algunos nacionalistas que negaban la conveniencia para Espa?a de compromisos integradores adicionales a la mera adhesi¨®n, y euroesc¨¦pticos, m¨¢s o menos britanizados y desigualmente equipados argumentalmente, que desconfiaban de los ritmos y condiciones impuestos a esa pretensi¨®n por hacer de Europa algo m¨¢s que un mercado com¨²n. Unos y otros se prodigaban menos que sus hom¨®logos en el resto de Europa y, en todo caso, su predicamento era reducido. La amplia mayor¨ªa de los pol¨ªticos, empresarios, sindicalistas, banqueros y acad¨¦micos aceptaron sin rechistar, y en algunos casos con evidente alborozo, cuantas decisiones adopt¨® el Gobierno en esa direcci¨®n de integraci¨®n progresiva: de cesi¨®n formal de soberan¨ªa a las instancias comunitarias. En apenas cinco a?os pasamos de ser simples postulantes, a la adhesi¨®n inquebrantable al mecanismo disciplinario del Sistema Monetario Europeo (SME), al Acta ?nica alumbradora del mercado interior, y al Tratado de Maastricht, en el que se dibuj¨® el horizonte de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria (UEM). Antes de que ¨¦ste fuera suscrito dispusimos del privilegio de situar en el Comit¨¦ Delors, constituido en 1988, a dos representantes, el entonces gobernador del Banco de Espa?a, Mariano Rubio, y el ex ministro de Econom¨ªa, Hacienda y Comercio, en aquellos a?os presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer.Pocas sombras de las dudas ya emergentes en algunos pa¨ªses europeos se proyectaban en Espa?a, a excepci¨®n del rechazo tan radical como pobremente fundamentado de algunos dirigentes de Izquierda Unida que, a fuer de ser justos, fueron los ¨²nicos en reclamar un refer¨¦ndum espec¨ªfico. El Parlamento espa?ol tuvo ocasi¨®n de debatir el alcance del compromiso adquirido en Maastricht y hacer lo propio con ocasi¨®n de la presentaci¨®n, en marzo de 1992, del primer Programa de Convergencia, aqu¨¦l en el que se cuantificaba alguno de los objetivos de convergencia nominal en un nivel mucho m¨¢s exigente que el establecido en el tratado.

La realidad denunci¨®, a partir de la convulsi¨®n que registr¨® el SME, en el oto?o de 1992, algunas de las inconsistencias de esa ciega fe europe¨ªsta, hist¨®ricamente comprensible, pero portadora de una pedagog¨ªa simplista: la homologaci¨®n como fin en s¨ª misma, sin propiciar discusi¨®n alguna en la que se pusieran de manifiesto las verdaderas ventajas y costes, y su distribuci¨®n en el tiempo, que para una econom¨ªa como la espa?ola, ten¨ªa la participaci¨®n en el m¨¢s ambicioso de los proyectos comunitarios. Inconsistencias que tambi¨¦n quedaron reflejadas en una pol¨ªtica presupuestaria manifiestamente divergente hasta hace tres a?os. Con todo, el balance de esa acelerada e incontrovertida integraci¨®n en Europa ha sido claramente favorable y quiz¨¢s uno de sus exponentes m¨¢s significativos sean precisamente estas tard¨ªas dudas que hoy nos asisten sobre la conveniencia o no de seguir asumiendo un horizonte de homologaci¨®n final que, independientemente de las probabilidades que cada uno le asignemos, se considera alcanzable.

La controversia surge ahora, y tan importante como saludarla es advertir de su tardanza y, si es posible, identificar las causas del marcado, y en algunos casos sorprendente, euroescepticismo que ha emergido en las ¨²ltimas semanas en quienes hasta hace poco tiempo se supon¨ªa hab¨ªan asumido ese proyecto de transici¨®n a la disposici¨®n de una moneda ¨²nica en Europa con todas las consecuencias. Es en cierta medida tard¨ªo, porque la UEM se encuentra desde hace m¨¢s de dos a?os en su segunda fase sin que en lo esencial se hayan modificado sus objetivos y condiciones y, en la medida en que algunas de las posiciones en liza constituyen una enmienda a la totalidad del proyecto, su virtualidad es, cuando menos, limitada. Hace a?os que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, y aunque en escasa medida tambi¨¦n en el nuestro, la discusi¨®n estrictamente econ¨®mica sobre la viabilidad del proyecto qued¨® supeditada a la expl¨ªcita voluntad pol¨ªtica de proseguir en su aplicaci¨®n, tal como fue enunciado en el Informe Delors. A decir verdad, las referencias te¨®ricas en que se fundamentaba el an¨¢lisis coste-beneficio del proyecto adolec¨ªan de limitaciones propias de la distancia existente entre las condiciones vigentes en las econom¨ªas europeas cuando esas proposiciones se formularon, hace m¨¢s de treinta a?os, y la situaci¨®n actual, caracterizada por una muy elevada integraci¨®n e interdependencia en el conjunto de la econom¨ªa mundial.Junto a las posiciones inequ¨ªvocamente antiunionistas, en las que convergen planteamientos ideol¨®gicos bien distintos, son m¨¢s las que asumiendo el objetivo final como deseable disienten de que sean los criterios de convergencia y el calendario establecidos en Maastricht los apropiados para garantizar la viabilidad de la uni¨®n monetaria. Tambi¨¦n los hay que sin menoscabo de las objeciones anteriores, y de las posibilidades efectivas de convergencia de la econom¨ªa espa?ola, consideran que no merece la pena participar: que la cesi¨®n de soberan¨ªa que supone renunciar a una pol¨ªtica monetaria aut¨®noma y a la manipulaci¨®n del tipo de cambio no dispone de contrapartidas suficientes para una econom¨ªa como la espa?ola. En estas ¨²ltimas posiciones parece subyacer el convencimiento, en primer lugar, de la existencia de una discrecionalidad en la conducci¨®n de la pol¨ªtica monetaria y cambiar¨ªa que dif¨ªcilmente se concilia con el elevado grado de integraci¨®n efectiva que existe hoy en Europa y con el permanente escrutinio que ejercen los mercados financieros sobre la orientaci¨®n de las pol¨ªticas econ¨®micas, tomando como referencia en el contraste las de los pa¨ªses m¨¢s estables. Suponen adem¨¢s los que defienden la preservaci¨®n de la soberan¨ªa monetaria y las bondades terap¨¦uticas de las devaluaciones del tipo de cambio que su libre ejercicio ser¨¢ tolerado por aquellos otros pa¨ªses que hayan formado parte de la uni¨®n monetaria en primera instancia. Elementos de juicio existen para no confiar en un escenario tal; pr¨®ximas las amenazas de aquellos gobiernos que se consideran agraviados tras las devaluaciones de algunas monedas europeas, mostr¨¢ndose dispuestos a exigir contrapartidas concretas a esas circunstanciales modificaciones de la competitividad de sus econom¨ªas. El ministro de Econom¨ªa franc¨¦s acaba de hacer p¨²blica su intenci¨®n de proponer la vinculaci¨®n de las ayudas comunitarias -su cuant¨ªa y la denominaci¨®n de la moneda en que se materialicen- al grado de manipulaci¨®n del tipo de cambio que lleven a cabo sus potenciales perceptores.

Es dif¨ªcil, en suma, confiar en que fuera de la UEM las condiciones de gobierno de la econom¨ªa espa?ola, y en ¨²ltima instancia el bienestar de sus ciudadanos, sean m¨¢s favorables que en el seno de aqu¨¦lla. Es un exceso de ingenuidad considerar que la din¨¢mica de integraci¨®n europea es un men¨² de libre elecci¨®n o que habr¨¢n de ser consideraciones exclusivamente de racionalidad econ¨®mica a corto plazo las que lleguen a imponerse en la configuraci¨®n de un proyecto cuya inspiraci¨®n es desde su origen esencialmente pol¨ªtica. Eso lo conoc¨ªamos desde el momento en el que el Comit¨¦ Delors asumi¨® el objetivo definido en el Consejo de Hannover, en junio de 1988, y se aprest¨® a dise?ar las fases por las que habr¨ªa de discurrir la satisfacci¨®n de ese objetivo.

Asumir las reducidas probabilidades de que 1997 concluya con un balance favorable al inicio de la tercera fase de la UEM, en los t¨¦rminos y plazos hasta ahora previstos, no es sin¨®nimo de abandono del proyecto de uni¨®n monetaria de Europa. Tampoco lo es de modificaci¨®n de los criterios con los que los agentes econ¨®micos nacionales y extranjeros y, en particular, los mercados financieros -con m¨¢s rigor que los ¨®rganos comunitarios- evaluar¨¢n la proclividad con que el Gobierno que salga de las urnas el pr¨®ximo 3 de marzo cede ante las tentaciones divergentes m¨¢s o menos expl¨ªcitas en un debate que el pr¨®ximo Parlamento deber¨ªa hacer suyo.Emilio Ontiveros es catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Empresa de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.