16 mujeres y 5 empleados de una cl¨ªnica ser¨¢n juzgados por abortos realizados en 1991

La redada de una juez de Valencia cerr¨® en junio de 1991 el centro de planificaci¨®n familiar Progin y las historias cl¨ªnicas de las pacientes acabaron en el juzgado. El caso, tras una tramitaci¨®n de casi cinco a?os, llegar¨¢ pr¨®ximamente a la Audiencia para que fije la fecha del juicio. En el banquillo se sentar¨¢n 16 mujeres por un delito de aborto, dos ginec¨®logos, una psic¨®loga, una auxiliar y una asistente social. La fiscal¨ªa pide para 15 mujeres seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y tres meses para una joven que era menor de edad. El resto de acusados se enfrenta a varios a?os de c¨¢rcel.

El registro de la cl¨ªnica Progin se produjo a ra¨ªz de la intervenci¨®n de una joven de 16 a?os que acudi¨® al centro y tuvo que ser trasladada a un hospital por una perforaci¨®n de ¨²tero. El caso se comunic¨® a los juzgados y la juez Clara Bayarri orden¨® la redada. La magistrada mand¨® detener a cuatro trabajadores del centro y mantuvo en prisi¨®n incomunicada a su director, el ginec¨®logo de origen holand¨¦s Hans van Hassel. Con las historias cl¨ªnicas sobre su mesa, interrog¨® a cerca de 40 mujeres atendidas en la cl¨ªnica, abierta con autorizaci¨®n de la Consejer¨ªa de Sanidad en septiembre de 1990. La juez no levant¨® el secreto de las actuaciones hasta un a?o despu¨¦s y el caso se eterniz¨® en el juzgado hasta que el verano pasado la fiscal¨ªa acus¨® a 16 mujeres y a cinco responsables de Progin.El juzgado espera ahora los ¨²ltimos escritos de defensa antes de enviar el asunto a la Audiencia para la celebraci¨®n del juicio, que afecta al mayor n¨²mero de mujeres imputadas en Espa?a por una presunta interrupci¨®n ilegal del embarazo. Seg¨²n la fiscal¨ªa, el centro Progin se limitaba "a concertar d¨ªa y hora con las personas que llamaban" y el precio de las intervenciones depend¨ªa de las semanas de embarazo. El escrito a?ade que en las historias cl¨ªnicas de las acusadas no constan "Ios dict¨¢menes previos" de un psic¨®logo u otro especialista distinto al que opera, exigidos para los abortos legales. La fiscal¨ªa imputa al ginec¨®logo van Hassel, que est¨¢ en busca y captura desde hace dos semanas, la "falsificaci¨®n" de los documentos con los que justificaba ante Sanidad que las intervenciones cumpl¨ªan los supuestos autorizados por la ley.

La mayor¨ªa de las acusadas, de entre 16 y 40 a?os cuando se inici¨® la investigaci¨®n, acudieron a la cl¨ªnica desde pueblos de la provincia de Valencia y algunas desde otras comunidades aut¨®nomas, como la aragonesa. Seg¨²n declararon a la juez, la direcci¨®n de Progin la obtuvieron de organismos p¨²blicos, por lo que cre¨ªan que las interrupciones de sus embarazos eran legales. Van Hassel hac¨ªa constar su situaci¨®n en el historial, pero no inclu¨ªa en los expedientes otros dict¨¢menes.

El ginec¨®logo estaba localizable en Barcelona hasta fechas recientes, pero el juzgado no da con ¨¦l y ha ordenado su detenci¨®n. La fiscal¨ªa pide para Hans van Hassel un total de nueve a?os y cuatro meses de prisi¨®n por un delito continuado de aborto, falsedad en documento oficial y las lesiones que supuestamente caus¨® a la menor de edad cuya intervenci¨®n desat¨® la investigaci¨®n judicial. Van Hassel neg¨® en su momento todas las acusaciones. Sobre la menor apunt¨® que "ten¨ªa un feto muerto", por lo que tuvo que hacerle un legrado que deriv¨® en una perforaci¨®n de ¨²tero. Otro ginec¨®logo, una psic¨®loga, una asistente social y una auxiliar se enfrentan cada uno a una pena de cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa de prisi¨®n.

La aplicaci¨®n del proyecto de ley que introduce el cuarto supuesto del aborto hubiera evitado una posible condena de las acusadas, apuntan fuentes judiciales. El PSOE retras¨® su env¨ªo al Congreso hasta poco antes de la disoluci¨®n de las c¨¢maras, y el PP y CiU bloquearon su tramitaci¨®n.