Riesgos populares en materia auton¨®mica

La b¨²squeda de un acuerdo del Partido Popular con los grupos nacionalistas CiU, PNV y Coalici¨®n Canaria cuenta entre sus bazas con la llamada Administraci¨®n ¨²nica. Se trata de una iniciativa, formulada en su d¨ªa por Manuel Fraga, que busca reducir la dimensi¨®n y actuaciones de la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado y corregir las duplicidades que se producen entre los distintos niveles administrativos: estatal, auton¨®mico y local. En estas p¨¢ginas, tres especialistas analizan las posibilidades, l¨ªmites y efectos de la propuesta de Administraci¨®n ¨²nica a la luz de los resultados electorales y en el marco del actual ordenamiento auton¨®mico y constitucional.

El Partido Popular va a seguir buscando, casi a cualquier precio, el acuerdo con los nacionalistas cara a la consecuci¨®n de la investidura. Lo har¨¢ as¨ª a causa de su fundado temor a unas nuevas elecciones que, adem¨¢s de resultar una. innegable perturbaci¨®n de nuestra vida pol¨ªtica, tendr¨ªan mucho de ruleta rusa para su actual direcci¨®n. Pero pesar¨¢ igualmente en esta actitud la algo ingenua confianza del Partido Popular en los resortes del poder en general y de la televisi¨®n en particular como instrumentos con los que poder ensanchar en un pr¨®ximo futuro su apretada victoria del 3 de marzo. En este contexto, resulta sumamente probable la asunci¨®n por parte del centro-derecha espa?ol de tres significativos riesgos en materia auton¨®mica.El primero de estos riesgos tiene que ver con el estrecho condicionamiento de un hipot¨¦tico nuevo pacto auton¨®mico por los avatares de la investidura y del consiguiente apoyo parlamentario. Se tratar¨ªa de un error estrictamente sim¨¦trico al cometido por el PSOE en la anterior legislatura. Un acuerdo expl¨ªcito de los partidos estatales en este tema atemperar¨ªa notablemente, las pretensiones de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y permitir¨ªa a las fuerzas nacionalistas ampliar su inter¨¦s en otros aspectos de la pol¨ªtica espa?ola distintos a los auton¨®micos. Es el caso, sin embargo, que los equipos dirigentes del PP y el PSOE, ante este y otros temas de especial trascendencia, han mostrado reiteradamente su dificultad para lograr el m¨ªnimo de, obligado entendimiento. El resultado final ser¨¢ que el PP deber¨¢ hacer frente en solitario, como en su d¨ªa lo hizo el PSOE, a la presi¨®n de los dos partidos nacionalistas.

Complementariamente, el PP va a convalidar y reforzar una pr¨¢ctica parlamentaria que tiene mucho de discutible: la conversi¨®n de CiU y el PNV en ¨¢rbitros cuasi permanentes cara a la formaci¨®n de los Gobiernos espa?oles. Es posible, sin embargo, que todo el res peto que merecen estos partidos, todas las ventajas inherentes a su incorporaci¨®n a la pol¨ªtica espa?ola de signo global, no sean suficiente aval para convertir a unas fuerzas pol¨ªticas defensoras de leg¨ªtimos intereses particularistas en los administradores naturales de la gobernabilidad del Estado. El riesgo del Partido Popular presenta un perfil m¨¢s amenazante para el sistema pol¨ªtico espa?ol a medio plazo. Un partido que ha jugado a fondo la carta de la defensa de los intereses nacionales espa?oles va a verse inmerso en un proceso de activismo reformador de la planta pol¨ªtica del Estado que, sumado a lo que ya llevamos recorrido en la materia, puede conducirnos a un final de inciertos perfiles. En el estadio en que nos encontramos, todo hace indicar que resultar¨ªa conveniente un alto en el proceso de reajuste territorial. Tiene sobrado derecho a ello un sistema pol¨ªtico que ha protagonizado el m¨¢s hondo y acelerado proceso de transformaci¨®n de la organizaci¨®n territorial del Estado que se ha producido en la vida europea sin mediar una derrota militar o los efectos de un colapso revolucionario.

Pero m¨¢s all¨¢ del derecho, hace razonable ese reposo la necesidad de pararnos a pensar con un m¨ªnimo de sosiego en el futuro que queremos para el Estado y la naci¨®n de los espa?oles en un horizonte a medio plazo.

Los nacionalistas catalanes suelen decir que ellos s¨ª tienen un proyecto de Espa?a, aunque, a?aden de inmediato, ese proyecto no coincide con el dominante entre el resto de los espa?oles. Pudiera ser, y dicho sea con el m¨¢ximo de cordialidad a que obliga la importancia del tema, que fuera hora de que el conjunto de los espa?oles conoci¨¦ramos de una vez la sustancia de un proyecto del que hasta ahora apenas hemos visto otra materializaci¨®n que el deseo compulsivo de vaciar de contenido al Estado central en provecho de la construcci¨®n nacional de Catalu?a u otras nacionalidades espa?olas.

El Partido Popular, dependiente hasta el extremo de los votos de CiU, incapaz de entenderse en lo m¨¢s elemental con el PSOE e Izquierda Unida (IU), dispuesto a supeditar cualquier otra consideraci¨®n a su acceso a un poder del que todo se espera, no va a estar desde luego en las mejores condiciones para convencer a los nacionalistas catalanes y vascos de que quienes est¨¢n dispuestos a asumir un papel tan decisivo en nuestra vida pol¨ªtica no pueden pretender protegerse en las ambig¨¹edades propias de los partidos antisistema a la hora de tomar posici¨®n sobre el futuro deseado para el Estado y la naci¨®n com¨²n.

El tercer riesgo del Partido Popular deriva directamente de las incertidumbres, tan inteligentemente estudiadas por Luciano Parejo, impl¨ªcitas en su propuesta de Administraci¨®n ¨²nica. Al d¨ªa de hoy se puede dudar acerca de lo que el partido de centro-derecha entiende por esta iniciativa. Cabr¨ªa interpretarla como una invitaci¨®n a poner en marcha un modelo de "federalismo de ejecuci¨®n" al modo alem¨¢n; suponiendo, que es bastante suponer, que la Constituci¨®n lo consintiera, el Partido Popular deber¨ªa aclarar si est¨¢ dispuesto a revisar las competencias legislativas de las comunidades aut¨®nomas para lograr as¨ª la equiparaci¨®n de su propuesta con la l¨®gica de este tipo de federalismo.

La Administraci¨®n ¨²nica puede ser, simplemente, una exhortaci¨®n a la racionalizaci¨®n de nuestras administraciones. En este caso, y si el proceso se lleva a cabo con el m¨¢ximo de rigor, habr¨¢ que entender que el Partido Popular piensa proyectar esa racionalizaci¨®n tanto hacia el Estado central como hacia las propias comunidades aut¨®nomas.

Si, por ejemplo, a los populares no les va a temblar el pulso a la hora de proponer la reducci¨®n o la supresi¨®n de la administraci¨®n perif¨¦rica del Estado, habr¨¢ que suponer que no va a ser otra su actitud, si as¨ª se deduce de adecuadas consideraciones t¨¦cnicas, a la hora de afrontar la supresi¨®n de televisiones auton¨®micas o, en general, en el momento de reformar las administraciones de nuestras comunidades aut¨®nomas en favor de las posibilidades ofrecidas por las administraciones locales.

Estar¨ªamos en el caso de esta segunda interpretaci¨®n ante una propuesta realmente complicada, incluso aunque no se tuvieran en cuenta las condicionantes derivadas de una regulaci¨®n constitucional que impone unos l¨ªmites expresos a las iniciativas reformadoras en esta materia. Mucho me temo, a la vista de lo anterior, que el Partido Popular sea capaz de complementar los dos riesgos estructurales a los que antes alud¨ªa con el concurso de un arbitrio tan aparentemente poco meditado como da la impresi¨®n de ser la Administraci¨®n ¨²nica.

Andr¨¦s de Blas Guerrero es catedr¨¢tico de Teor¨ªa del Estado de la Universidad Nacional de Educaci¨®n a Distancia (UNED).