El Tribunal de la Competencia juzga ma?ana a 49 empresas por fijar conjuntamente el precio de la leche
El Tribunal de Defensa de la Competencia sentar¨¢ en el banquillo ma?ana a 49 empresas del sector de la leche a las que se acusa de haber fijado conjuntamente, en el seno de la Federaci¨®n Nacional de Industrias L¨¢cteas (Fenil), unos precios base para pagar a los ganaderos entre los meses de septiembre de 1991 a junio de 1992. Las empresas, entre las que se hallan las firmas m¨¢s importantes del sector, podr¨ªan ser objeto de una sanci¨®n econ¨®mica por la aplicaci¨®n de esa pr¨¢ctia monopol¨ªstica. Fernando Moraleda, secretario general de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA), organizaci¨®n que interpuso denuncia en 1992, considera que "lo importante es poner fin al desarrollo de estas pr¨¢cticas de las industrias en el campo".
El expediente contra 49 empresas de la industria lechera por presuntas pr¨¢cticas de acuerdos sobre precios en el campo y, en definitiva, por distorsionar el mercado en beneficio propio, tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 1992 por la Uni¨®n de Peque?os Agricultores por los hechos sucedidos en el sector en los meses precedentes. En concreto, la organizaci¨®n agraria acusaba a los industria les de haber aplicado precios y condiciones de compra entre los meses de septiembre de 1991 y junio de 1992, iguales para todo el sector, seg¨²n un acuerdo adoptado en su d¨ªa en el seno de la Fenil, lo que supondr¨ªa una pr¨¢ctica contra la competencia. En aquella fecha se encontraba en la presidencia de Fenil el propietario de Industrias L¨¢cteas Asturianas (llas), comercializadora de Reny Picot, Francisco Rodr¨ªguez.
El Servicio de Defensa de Competencia procedi¨® a la instrucci¨®n del correspondiente expediente durante los a?os posteriores. Este trabajo ha dado lugar a un amplio informe, compuesto por m¨¢s de 5.000 folios. En su pliego sobre la concreci¨®n de los hechos, la instructora del caso se?ala, entre otros elementos, la publicaci¨®n de esa informaci¨®n en la prensa nacional, as¨ª como la recepci¨®n por parte de algunos productores de un escrito donde se les comunicaba el acuerdo adoptado en el seno de la Fenil.
Escrito consensuado
En este texto se les indicaba a los productores el importe del precio base, las bonificaciones o las penalizaciones por materia grasa y bacteriolog¨ªa. Seg¨²n la providencia de la instrucci¨®n, los precios base por litro practicados por las 49 empresas afiliadas a Fenil fueron de 37 pesetas en septiembre de 1991, 38,50 en octubre, 39 en noviembre y diciembre, 38,50 en enero de 1992, 37,50 en febrero, 36 en marzo, 33,50 en abril, 31,560 en mayo y 30 en junio.
La valoraci¨®n jur¨ªdica del caso concluye que 49 empresas en el sector de la leche aplicaron entre los meses de septiembre de 1991 y mayo de 1992 los mismos precios base. La instructora considera, adem¨¢s, que no se puede explicar que 49 empresas con problemas y ubicaci¨®n diferente puedan aplicar precios id¨¦nticos, por lo que, a su juicio, esa situaci¨®n tuvo su origen en las decisiones o recomendaciones alcanzadas en el seno de la Fenil. Como consecuencia de estos hechos, se formula un primer cargo contra Fenil por incurrir en pr¨¢cticas prohibidas y un segundo cargo en la misma l¨ªnea a las empresas implicadas.
A partir del mes de diciembre de 1994, el Tribunal de Defensa de la Competencia acept¨® a tr¨¢mite el expediente. Desde entonces, ha desarrollado el periodo probatorio de los hechos denunciados. En este tiempo, por parte del tribunal se han analizado m¨¢s de 400.000 facturas de todas las empresas.
Las firmas supuestamente implicadas en estos hechos, por su parte, han presentado diferentes alegaciones de indefensi¨®n y confidencialidad, que no han sido aceptadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo que preside Amadeo Petitb¨®. Este organismo consider¨® las mismas como improcedentes, se?alando la vista definitiva del proceso para ma?ana, 9 de abril.
Antes de llegar a este punto, el tribunal analiz¨® diversos informes sobre la organizaci¨®n del mercado de la leche, realizados tanto por parte de la Comisi¨®n de la Uni¨®n Europea como por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n. Ninguno de los informes revisados por los expertos del Tribunal de la Competencia conten¨ªa, seg¨²n se desprende de la documentaci¨®n oficial que acompa?a al caso, razones para justificar la aplicaci¨®n de unos precios bases id¨¦nticos generalizados por todas las empresas implicadas.
En opini¨®n del secretario general de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores, Fernando Moraleda, el sector "se conformar¨ªa con una multa simb¨®lica de una peseta". "No pretendemos que se apliquen graves sanciones a las industrias. Queremos fundamentalmente que, despu¨¦s de esta experiencia, se terminen las pr¨¢cticas monopol¨ªsticas y que funcione, de verdad, un mercado realmente equilibrado", reflexiona Moraleda.
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