La Comunidad pide la carcel para tres funcionarios regionales por el 'caso Atocha'

El juez del caso Atocha, en el que se investiga la desaparici¨®n de materiales por valor de 88 millones de pesetas en tres obras regionales adjudicadas a Construcciones Atocha, ya tiene en su poder el escrito, de acusaci¨®n del letrado de la Comunidad de Madrid. La Administraci¨®n regional reclama en su escrito la devoluci¨®n de los 88 millones que pag¨® a la constructora por el acopio de materiales para las construcciones p¨²blicas. Asimismo, la Comunidad coincide con el fiscal en acusar a tres empleados regionales (Ram¨®n Valls, ex director general de Proyectos y Obras, y los arquitectos Carlos Collado y Eduardo de Antonio Gonz¨¢lez) y a dos altos cargos de Construcciones Atocha (Jos¨¦ Rey Pati?o, consejero delegado de la empresa, y Dionisio de la Silla). Las posibles penas rondan los siete y ocho a?os de c¨¢rcel por estafa.

La constructora suspendi¨® pagos y los materiales nunca aparecieron. Tres obras quedaron empantanadas (el centro de salud de Villarejo de Salvan¨¦s y las escuelas infantiles de Getafe y Legan¨¦s). La Hacienda regional perdi¨® en la jugada 88 millones de pesetas. De nada sirvi¨® el aval que Construcciones Atocha hab¨ªa contratado con Seguros Albia para garantizar la operaci¨®n. No se ejecut¨®, pese a la insistencia de las autoridades regionales.La aseguradora se neg¨® a devolver el dinero a la Comunidad de Madrid y present¨® una querella por estafa contra Construcciones Atocha. La querella ha conducido ante el juez a dos altos cargos de la constructora y a tres funcionarios de la Comunidad de Madrid para los que el fiscal ha pedido entre siete y ocho a?os de c¨¢rcel para cada uno, adem¨¢s de exigir que indemnicen a la Comunidad de Madrid por las p¨¦rdidas sufridas. Los servicios jur¨ªdicos de la Comunidad apoyan esta petici¨®n de penas. Adem¨¢s, persiguen el dinero perdido.

Seguros Albia se neg¨® a pagar el acopio de materiales que hab¨ªa avalado porque, seg¨²n. ha mantenido hasta ahora, los empresarios de Construcciones Atocha y los funcionarios de la Comunidad de Madrid firmaron certificados de obra por acopio de materiales sabiendo que no exist¨ªan.

Tres avales

Pero el letrado regional Sixto Santolino indica al juez que Seguros Albia prest¨® los tres avales que sumaban los 88 millones de pesetas "a sabiendas de que no se emit¨ªan por acopios, sino en virtud de un contraaval que Construcciones Atocha hab¨ªa hecho a la aseguradora". Por ello, Santolino pide al juez que se requiera a Seguros Albia (hoy St. Paul Insurance Espa?a, Seguros y Reaseguros) "que pague o preste cauci¨®n necesaria y suficiente para hacer frente a las responsabilidades derivadas de esta causa para sus asegurados". Tambi¨¦n solicita como prueba para el juicio oral que se requiera al juzgado de Logro?o, en el que se sigue la quiebra de Construcciones Atocha, la remisi¨®n de la lista de acreedores y "de las actuaciones que en dicha quiebra haya realizado" Seguros Albia; y la documentaci¨®n referente al contraaval en virtud del cual garantiz¨® a Construcciones Atocha en las obras regionales.

Los hechos que se enjuician ocurrieron hace m¨¢s de cuatro a?os. El fiscal y el letrado de la Comunidad de Madrid coinciden en se?alar como principales culpables de lo ocurrido a tres funcionarios regionales (Ram¨®n Valls, ex director general de Proyectos y Obras, y los arquitectos Carlos Collado y Eduardo de Antonio Gonz¨¢lez) y a dos altos cargos de Construcciones Atocha (Jos¨¦ Rey Pati?o, consejero delegado de la empresa, y Dionisio de la Silla). Los cinco, seg¨²n el fiscal, firmaron certificados "que no se correspond¨ªan con la. realidad al resultar inexistentes los acopios

Falsedad en documento

El ministerio p¨²blico considera que estas cinco personas conoc¨ªan la inexistencia de los acopios, y las acusa de estafa y falsedad en documento p¨²blico. Por eso pide para ellas penas de entre siete y ocho a?os de c¨¢rcel y que indemnicen a la Administraci¨®n regional por las p¨¦rdidas sufridas en las tres obras.

El letrado de la Comunidad a?ade a esta petici¨®n una coletilla. En caso de que los cinco supuestos responsables de la p¨¦rdida no pudieran pagar, estas cantidades "deber¨¢n ser abonadas por Construcciones Atocha como responsable civil" y Seguros Albia, "que aseguraba, aval¨¢ndola, a la anterior sociedad".

La investigaci¨®n sobre supuestas irregularidades en las obras adjudicadas por la Comunidad a Construcciones Atocha fue impulsada por el Partido Popular, que hoy gobierna la regi¨®n con mayor¨ªa absoluta.

El actual presidente regional, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, denunci¨® en 1992 que Construcciones Atocha hab¨ªa recibido un trato de favor del Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina, consistente en la adjudicaci¨®n de obras por valor de m¨¢s de 4.000 millones de pesetas.