Tribunal Superior anula las multas de tr¨¢fico que no identifica infractor

Dos sentencias del Tribunal Superior de justicia de Madrid han convertido en papel mojado 87 multas de tr¨¢fico que no identificaban al conductor y denunciaban a dos empresas propietarias de los veh¨ªculos mal aparcados. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid, que ha perdido el litigio, ha dejado de ingresar los casi cinco millones que andaban en juego. Los errores en las denuncias a las empresas due?as de los coches, salt¨¢ndose pasos administrativos que imped¨ªan a estas ¨²ltimas defenderse, han convencido a los tribunales. El Ayuntamiento ya ha rectificado.

El concejal de Circulaci¨®n y Polic¨ªa Municipal, Jos¨¦ Ignacio Echeverr¨ªa, insisti¨® ayer en que todo fue debido a "errores de procedimiento que ya no se van a repetir". "Hay una sentencia del Constitucional, del a?o pasado, en la que se nos autoriza a denunciar, siempre que se sigan todos los tr¨¢mites, a las empresas propietarias de los veh¨ªculos", aclar¨® el concejal.

Las dos sentencias, una de febrero de este a?o y otra de diciembre del a?o pasado, son parecidas. Y los hechos en las que se basan, tambi¨¦n. En la primera de ellas, la pugna legal se estableci¨® entre el Ayuntamiento y el Comisariado Europeo del Autom¨®vil -una sociedad que defiende los derechos de los automovilistas, especializada en recurrir multas- seg¨²n Servimedia.

Esta sociedad se encarg¨®, en 1994, de defender a una empresa que durante 1993 recibi¨® 67 multas. En todas, el procedimiento fue el mismo: se comunicaba que un coche de su pr¨®piedad hab¨ªa aparcado mal. La Polic¨ªa Municipal, al no encontrar al conductor en el coche, hab¨ªa remitido las denuncias a la empresa propietaria. Esta localizaci¨®n se hab¨ªa efectuado por medio de la matr¨ªcula.

En la denuncia se especificaba, como es de ley, que si la empresa no comunicaba al Ayuntamiento qui¨¦n en concreto hab¨ªa aparcado mal, tendr¨ªa que abonar las 10.000 pesetas de cada multa. Pese a este aviso, la empresa no comunic¨® nada. Y ah¨ª es donde, seg¨²n el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento cometi¨® el traspi¨¦s administrativo: en vez de notificar a la empresa que iba a denunciarle por no localizar al infractor, la denunci¨® directamente, imponi¨¦ndole 50.000 pesetas m¨¢s por cada infracci¨®n. La precipitaci¨®n municipal tiene su importancia jur¨ªdica, pues impidi¨® a la empresa defenderse.

"Por ejemplo", explica Eugenio de Dobrynine, jefe de los servicios jur¨ªdicos del Comisariado Europeo del Autom¨®vil, "la empresa podr¨ªa haber explicado por qu¨¦ no identific¨¢bamos al infractor". Con todo, el proceso sancionador prosigui¨® y el dinero exigido por el Ayuntamiento se fue incrementando casi en progresi¨®n geom¨¦trica. Con los recargos por impago, la suma roz¨® los cuatro millones de pesetas.

La otra sentencia alude al enfrentamiento, en 1992, entre los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento y la empresa Gesti¨®n Art¨ªstica y Editorial, SA. En juego, 20 multas y un mill¨®n de pesetas. En este caso, se encarg¨® de defender a la empresa el abogado Luis Fernando Abril, hermano del due?o de la compa?¨ªa. Tambi¨¦n en esta, ocasi¨®n el Ayuntamiento se salt¨® pasos administrativos necesarios y acab¨® denunciando sin fundamento a la empresa propietaria del veh¨ªculo.

"Las infracciones est¨¢n ah¨ª y yo no las niego", dice Abril, quien prosigue: "Si el Ayuntamiento hubiera obrado correctamente, se habr¨ªa embolsado el dinero. Sin mi ayuda, mi hermano no habr¨ªa podido defenderse de la prepotencia de los abogados municipales".