Impunidad o huelga
Los taurinos, contra el reglamento, los reconocimientos, las sanciones y la Junta andaluza
Los taurinos han constituido una confederaci¨®n que se presentar¨¢ el d¨ªa 16 en la finca Los Alburejos, propiedad de ?lvaro Domecq, y han expuesto su pretensi¨®n de autorregular el espect¨¢culo, lo que equivaldr¨ªa a nombrar presidentes y veterinarios, con lo cual eliminar¨ªan la vigilancia oficial de la integridad de las reses y podr¨ªan actuar desde la impunidad. En conferencia de prensa (ver EL PA?S del d¨ªa 9), han acusado a la Junta de Andalucia de llevar a cabo "una pol¨ªtica antitaurina y antiandaluza". Representantes de la nueva entidad ser¨¢n recibidos hoy por el presidente, de la Junta, Manuel Chaves.
La supuesta pol¨ªtica "antitaurina y antiandaluza" de la Junta ha consistido en sancionar a varios ganaderos por afeitado de sus toros, por abrir una investigaci¨®n sobre la falsificaci¨®n de actas de nacimiento de las reses y tambi¨¦n por negarse a aplicar un borrador de orden ministerial elaborado en Justicia e Interior que no ha publicado el BOE. La confederaci¨®n advierte que ir¨¢ a la huelga si la Junta no modifica radicalmente su l¨ªnea de actuaci¨®n y asume el mencionado borrador de orden ministerial.La l¨ªnea de actuaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa ha sido ejemplar en la seriedad e incluso en la moderaci¨®n con que ha venido aplicando la reglamentaci¨®n taurina, y neg¨¢ndose a aceptar e se proyecto de disposici¨®n no ha hecho sino ser consecuente con el ordenamiento jur¨ªdico, ya que incurrir¨ªa en responsabilidad si aplicara unas normas que carecen de validez legal.
La acusaci¨®n que se le hace de desarrollar una pol¨ªtica "antitaurina y antiandaluza" no pasa de ser una una soflama cargada de demagogia y se vuelve contra los que la profieren, quienes no tienen reparo en utilizar como medio de presi¨®n un cese de actividades, que realmente ser¨ªa una huelga salvaje, dejando a Andaluc¨ªa sin su feria emblem¨¢tica.
Es sorprendente, en este aspecto, que siendo m¨¢ximo responsable de la confederaci¨®n de taurinos el empresario de la plaza de toros de Madrid, Jos¨¦ Luis Lozano, no plantee esa huelga en su propio feudo sino en la Maestranza, causando serios perjuicios a los empresarios sevillanos.
Los confederados pretenden la autorregulaci¨®n del espect¨¢culo y para demostrar la validez de sus argumentos utilizan un lenguaje tremendista: "El reglamento es intervencionista y sancionador..., estamos bajo sospecha..., nos vigila la polic¨ªa.... tenemos derecho a autorregularnos como el f¨²tbol..."
Garant¨ªas de autenticidad
En cuanto a la normativa que descalifican los confederados, la realidad es que el reglamento taurino -el que orden¨® el espect¨¢culo durante centurias hasta la nefasta reforma de Corcuera- lo que pretende es promover la lidia en plano de autenticidad y evitar abusos por parte de los lidiadores.El reglamento Corcuera manipul¨® ese marco, abri¨® una v¨ªa que favorec¨ªa las corruptelas y su vigencia durante cuatro vergonzosos a?os ha posibilitado que se perpetren masivamente desde la impunidad. Los cabecillas de los estamentos taurinos ya no quieren perder esas ventajas; y advertidos de que si llegara a Interior un ministro honesto consecuente con su responsabilidad pol¨ªtica acabar¨ªa con sus fraudulentas prerrogativas, est¨¢n aunando influencias y generando presiones para conseguir la autorregulaci¨®n.
Ese esc¨¢ndalo que est¨¢n armando por la "pol¨ªtica antitaurina y antiandaluza" de la Junta es revelador de sus intenciones. La "pol¨ªtica antitaurina y antiandaluza" ha consistido en investigar los casos de falsificaci¨®n de actas de nacimiento de las reses y sancionar por afeitado a varios ganaderos, entre otros los influyentes ?lvaro Domecq y Gabriel Rojas.
El borrador de orden ministerial que exigen acepte la Junta es otro ejemplo de a d¨®nde quieren llegar los taurinos. El reglamento que entr¨® en vigor este a?o suprime algunos de los art¨ªculos m¨¢s controvertidos introducidos por Corcuera, como la autorizaci¨®n para "arreglar" en las ganader¨ªas las astas deterioradas o para lidiar bajo responsabilidad del ganadero los, toros que los veterinarios hab¨ªan dictaminado afeitados.
Los taurinos se pronunciaron en contra de la modificaci¨®n y entonces altos cargos de Interior elaboraron un surrealista borrador de orden ministerial que desautoriza lo reglamentado por el propio Ministerio sobre los reconocimientos previos y post mortem de las reses.
El contenido del borrador parece un concurso de televisi¨®n: s¨®lo podr¨¢n analizarse las astas de los toros si en el reconocimiento los veterinarios hicieron constar que estaban manipuladas. Si en los an¨¢lisis que se practican a efectos estad¨ªsticos se descubriera que hubo afeitado, no podr¨¢ haber sanciones pues los veterinarios no hab¨ªan advertido en su momento la sospecha de manipulaci¨®n.
Dicho de otra manera: si durante el reconocimiento comprobaron que las astas estaban intactas, no se podr¨¢n analizar en ning¨²n caso. La vuelta de la oraci¨®n por pasiva no es ociosa: desde que los veterinarios aprobaron los toros (y quedaron eximidos definitivamente de an¨¢lisis) hasta el comienzo del festejo, median seis o siete horas en las que da tiempo a afeitar la corrida y hasta una camada entera.
Aparte la ignorancia o la incompetencia del cargo p¨²blico que redact¨® esta burda trampa, no caben muchas m¨¢s variantes para entender por qu¨¦ se la quiere dar rango de orden ministerial. S¨ª se entiende por qu¨¦ los taurinos est¨¢n dispuestos a todo y amenazan con huelga si la Junta de Andaluc¨ªa no la acepta, pese a la evidencia de que no puede hacerlo sin ponerse al margen de la legalidad, pues esa orden ministerial no se ha publicado.
Curiosamente los m¨¢ximos responsables de la confederaci¨®n taurina, que est¨¢ sometiendo a la Junta de Andaluc¨ªa a esta especie de extorsi¨®n, tienen intereses ganaderos: Jos¨¦ Luis Lozano, presidente de la entidad, es empresario, apoderado y ganadero; Manuel Chopera, vicepresidente, es tambi¨¦n empresario, apoderado y ganadero; Jaime Sebasti¨¢n de Erice, portavoz, es secretario de la Uni¨®n de Criadores de Toros de Lidia.
Patrimonio del pueblo
Los reglamentos pretend¨ªan garantizar la integridad de las reses. Es obvio que no proced¨ªa entregar esta funci¨®n a las partes interesadas: ni a los ganaderos, que pod¨ªan servir cualquier producto si conven¨ªa a su negocio, ni a los toreros pues es humano que pretendan reducir riesgos, ni tampoco a los aficionados, ya que quiz¨¢ pretender¨ªan imponer un tipo de toro disparatado.Admitida la presunci¨®n de que la fiesta de toros constituye un bien cultural y en defensa de este patrimonio del pueblo espa?ol que no puede usurpar ni controlar ninguna persona ni colectivo alguno para su conveniencia, lo l¨®gico es que asuma el arbitraje el Estado a trav¨¦s de sus ¨®rganos de administraci¨®n, con el compromiso de dictar una normativa que garantice la lidia verdadera.
La funci¨®n recay¨® en el departamento que ejerc¨ªa el gobierno interior, y de la competencia de sus sucesivos titulares dependi¨® que se cumplieran aquellos prop¨®sitos.
Los taurinos anteriores a los ahora confederados aceptaron siempre este arbitraje pues entend¨ªan que la autenticidad de la fiesta hab¨ªa de ser garantizada y, por tanto, regulada. Es cierto que muchos intentaban burlar las normas, porque as¨ª es la naturaleza humana; pero jam¨¢s pusieron en cuesti¨®n que la lidia se desarrollara dentro de un marco que salvaguardara su pureza.
Babelia
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