O Estado de bienestar o autonom¨ªas

En la campa?a electoral que hemos vivido y en todo lo que est¨¢ sucediendo con posterioridad, ning¨²n partido ni medio de comunicaci¨®n ha planteado expl¨ªcitamente a la opini¨®n p¨²blica lo que probablemente es el dilema econ¨®mico m¨¢s importante que tiene ante s¨ª este pa¨ªs. Y digo el m¨¢s importante porque es el que m¨¢s directamente y en forma m¨¢s inmediata afecta al bienestar de una mayor¨ªa de ciudadanos. Las consecuencias, por ejemplo, de alcanzar o no a su tiempo las condiciones de convergencia europea es tambi¨¦n un problema econ¨®mico esencial, pero que afectar¨¢ a la vida de los ciudadanos m¨¢s a medio y largo plazo.El dilema econ¨®mico al que me refiero es ¨¦ste: el Estado de bienestar y el Estado de las autonom¨ªas en su forma actual son incompatibles, el uno excluye al otro. Si se opta por el Estado de las autonom¨ªas tal como se han desarrollado y gestionado hasta ahora, el costo adicional que supone respecto a otras formas de organizaci¨®n del Estado hace imposible el mantenimiento del Estado de bienestar a mucho m¨¢s corto plazo de lo que ocurrir¨ªa en otras circunstancias: as¨ª de simple y as¨ª de claro.

Para demostrar esta afirmaci¨®n hagamos matem¨¢ticas: del total que el Estado prev¨¦ recaudar a lo largo del presente ejercicio, unos 23 billones de pesetas, el mantenimiento del Estado de bienestar costar¨¢ alrededor de 17 billones (13,4 billones que costar¨¢n las pensiones, la sanidad y la cobertura del desempleo, 3,1 billones de pesetas que costar¨¢ la ense?anza y 0,5 billones que supondr¨¢ la protecci¨®n a la familia). Los intereses de nuestra fara¨®nica deuda, que es una obligaci¨®n de pago ineludible, supondr¨¢n este a?o alrededor de 3,4 billones, lo cual deja s¨®lo 2,6 billones para la financiaci¨®n del resto del Estado: las costos¨ªsimas comunidades aut¨®nomas, las obras de infraestructura (carreteras, obras hidr¨¢ulicas, etc¨¦tera) y el pago del Ej¨¦rcito, la polic¨ªa y los funcionarios civiles.

Ocurre, sin embargo, que todo esto cuesta siete billones de pesetas, y, sumando a la recaudaci¨®n mencionada el resto de ingresos del Estado (beneficios de empresas p¨²blicas y Banco de Espa?a, venta de activos p¨²blicos, fondos de cohesi¨®n ... ), queda todav¨ªa un agujero de 2,4 billones de pesetas, agujero que no nos podemos permitir, no s¨®lo porque la dimensi¨®n del desequilibrio existente har¨ªa imposible la convergencia con el resto de Europa, sino porque Espa?a debe hoy casi lo que recaudar¨¢ en los pr¨®ximos dos a?os, y seguir gastando m¨¢s de lo que ingresa es una tendencia insostenible con o sin convergencia.

A lo largo de la pasada campa?a electoral, todo el discurso pol¨ªtico para poder continuar financiando el Estado de bienestar se ha basado en gestionar mejor la econom¨ªa y en particular los gastos e ingresos p¨²blicos, ya que un aumento de presi¨®n fiscal no es una alternativa aceptable (la presi¨®n fiscal efectiva en Espa?a sobr¨¦ los que realmente pagan, es decir, los, asalariados que cobran por una n¨®mina, y teniendo en cuenta el nivel m¨ªnimo a que han sido reducidas las deducciones, es hoy la m¨¢s elevada de Europa). Este discurso pol¨ªtico est¨¢ muy bien para una campa?a electoral, pero su eficacia pr¨¢ctica es dudosa. En el menor de los casos, sus resultados s¨®lo se ver¨ªan a largo plazo, y en la hip¨®tesis m¨¢s probable, si la presi¨®n fiscal efectiva sobre los asalariados se reduce, algo imprescindible para fortalecer el consumo, sin cuya recuperaci¨®n no habr¨¢ tampoco recuperaci¨®n econ¨®mica, se quedar¨¢ lo comido por lo servido. En otras palabras, aunque la gesti¨®n p¨²blica se realice con mucha m¨¢s austeridad y eficacia que en: el pasado, el Estado de bienestar no se podr¨¢ mantener a relativamente corto plazo si se mantiene el Estado de las autonom¨ªas en su forma actual.

En efecto, siguiendo con las matem¨¢ticas, y partiendo de un d¨¦ficit p¨²blico de 2,4 billones, su eliminaci¨®n s¨®lo resulta posible o reduciendo los gastos del Estado de bienestar o el gasto de las comunidades aut¨®nomas. Reducir otros gastos, aparte que ya no tienen entidad suficiente, es casi imposible: porque es imposible reducir los gastos de Defensa, que se encuentran ya en una situaci¨®n incompatible con nuestra dimensi¨®n como naci¨®n; es imposible reducir los sueldos de funcionarios civiles o no, que han visto a?o tras a?o c¨®mo bajaba su nivel de vida. Reducir los gastos en infraestructuras, donde llevamos un retraso enorme respecto a la media europea, no parece tampoco posible, ni ser¨ªa consistente con la senda de convergencia real.

Los gastos del Estado de bienestar ya se han comentado, pero ?cu¨¢nto representar¨¢ en 1996 el gasto de las comunidades aut¨®nomas? En la actualidad, al haber recibido en su mayor¨ªa las competencias educativas y de sanidad, las comunidades aut¨®nomas realizan algo m¨¢s del 25% del gasto p¨²blico total, alrededor del 11% del PIB. Una parte de este gasto es necesario, ya que no es m¨¢s que la descentralizaci¨®n de los gastos del. Estado antes mencionados; la Cuesti¨®n est¨¢ en determinar cu¨¢l es el volumen de gasto adicional generado por el nuevo modelo de Estado, o, en otras palabras, ?son necesarios, t¨¦cnicamente hablan do, para gestionar un Estado moderno 17 Gobiernos, con 17 parlamentos y el enorme gasto aso ciado que conllevan? ?Son necesarios los cientos de miles de funcionarios que se han contratado ex-novo, duplicando funciones ya realizadas por otros funcionarios, y mnejor pagados en la mayor¨ªa de los casos que los de la Administraci¨®n central? ?Son necesarios varios canales de televisiones auton¨®micas en pura p¨¦rdida que viven de las sulovenciones? La respuesta a esta pregunta es obvia: evidentemente, no. ?Y, entonces, de qu¨¦ volumen de gasto innecesario, o, si se prefiere, de qu¨¦ gasto por encima de lo que necesitar¨ªa una gesti¨®n racional del Estado) estamos hablando? El dar cifras precisas es dif¨ªcil, pues una de las caracter¨ªsticas m¨¢s acusadas del actual sistema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas es su falta de transparencia, pero ¨¦sta se sit¨²a entre 1,8 y 2,2 billones, es decir, la casi totalidad de nuestro d¨¦ficit presupuestario. Por tanto, matem¨¢ticamente, el gasto extra generado por las comunidades aut¨®nomas equivale pr¨¢cticamente a nuestro d¨¦ficit p¨²blico. Si partirnos de la premisa de que el d¨¦ficit p¨²blico es insostenible, el Estado de las autonom¨ªas en su configuraci¨®n actual y el Estado de bienestar son rigurosamente incompatibles.

Y no es ¨¦ste el ¨²nico de los problemas generados por las comunidades aut¨®nomas: desde un punto de vista t¨¦cnico, el proceso auton¨®mico se ha desarrollado en t¨¦rminos de aut¨¦ntica chapuza. Partiendo de cero, excepto en el caso de las comunidades forales (Navarra y Pa¨ªs Vasco), el proceso era ideal para haber dise?ado un esquema de descentralizaci¨®n que respondiera a unos principios econ¨®micos racionales de minimizaci¨®n de gasto y de equidad interregional, acorde con la experiencia de otros pa¨ªses y que hubieran garantizado un modelo estable de organizaci¨®n del Estado. Por el contrario, la urgencia de las comunidades aut¨®nomas para construir una cuota de poder independiente prim¨® sobre todo lo dem¨¢s, y en particular, sobre cualquier an¨¢lisis racional del proceso de medio y largo plazo. El desarrollo se ha producido a trav¨¦s de la componenda y del pacto coyuntural.

As¨ª, mientras las necesidades de convergencia de. la econom¨ªa espa?ola obligaban a realizar al Gobierno una pol¨ªtica presupuestaria extremadamente restrictiva, las comunidades aut¨®nomas gozaban de una capacidad de endeudamiento y de gasto ampl¨ªsimos, de la que han hecho uso independiente sin la menor coordinaci¨®n con las necesidades de la econom¨ªa de Espa?a (el endeudamiento de las comunidades aut¨®nomas ha pasado de poco m¨¢s del 1% del PIB en 1984 al 7% del PIB en 1994). La falta de corresponsabilidad fiscal ha llevado a los responsables de muchas comunidades aut¨®nomas a ofrecer la luna a sus residentes, esperando obtener financiaci¨®n a trav¨¦s ,del trapicheo con la Administraci¨®n central, y cuando no la han obtenido hacen culpable a la misma de que sus residentes no puedan tener la luna, con total independencia de si ello excede o no su capacidad financiera. Al final del proceso, aparte la falta de control del gasto, la equidad interregional es la que m¨¢s sufre.

En funci¨®n del pacto coyuntural y la falta de transparencia, que han presidido la evoluci¨®n de todo el proceso, hay comunidades aut¨®nomas fuertemente perjudicadas (por ejemplo, Madrid y Baleares) y otras fuertemente beneficiadas. Comunidades aut¨®nomas similares (Cantabria y Asturias, por ejemplo) tienen tratamientos financieros muy diferentes (Cantabria, un 25% m¨¢s), o La Rioja, que es una comunidad rica, obtiene un 30% m¨¢s de recursos que otras comunidades aut¨®nomas uniprovinciales.

Las comunidades aut¨®nomas en su funcionamiento actual no est¨¢n favoreciendo la integraci¨®n' de Espa?a, est¨¢n favoreciendo su desintegraci¨®n. Han incrementado la insolidaridad, han creado barreras donde antes nunca las hubo, y est¨¢n agudizando los enfrentamientos interregionales y la crispaci¨®n por la falta de equidad y de transparencia con que se est¨¢ llevando a cabo el proceso. Los dirigentes pol¨ªticos que por acci¨®n u omisi¨®n pusieron en marcha este disparatado modelo de Estado cometieron un error, tal vez uno de los mayores desde que Espa?a existe como naci¨®n.

Y dicho esto, llegamos al momento actual. El resultado de las elecciones del 3 de marzo hace que s¨®lo un 6% de los electores tenga en sus manos el destino de todo el pa¨ªs, y esto, se mire por donde se mire, es todo menos democr¨¢tico. Ciertamente, es el resultado del juego democr¨¢tico, pero sus consecuencias son marcadamente antidemocr¨¢ticas, y esto, que en otro pa¨ªs y en otras circunstancias tendr¨ªa una importancia secundaria, en la Espa?a de hoy, donde est¨¢ en juego el modelo futuro de Estado, que deber¨ªa ser consensuado respondiendo a una concepci¨®n expl¨ªcita de equidad interregional y de unidad nacional, su importancia es trascendental. Pactar un modelo de Estado que beneficie a una minor¨ªa (que ni siquiera es mayoritaria en sus propias comunidades aut¨®nomas) en contra de los intereses de m¨¢s del 90% del pa¨ªs ser¨ªa un puro desprop¨®sito sin garant¨ªa alguna de estabilidad.

Estamos ante un momento hist¨®rico para que personas sensatas tengan en cuenta las necesidades a largo plazo de un pa¨ªs y no s¨®lo los intereses a corto de sus electores, y reconduzcan de una vez por todas un proceso auton¨®mico insensato hacia un modelo de descentralizaci¨®n que lo haga econ¨®micamente viable, garantizador de la equidad y consolidador de la unidad de Espa?a.

?ste es el problema n¨²mero uno que tendr¨¢ que afrontar el nuevo Gobierno, ya que, adem¨¢s de jugarnos un modelo de convivencia estable y cohesionado, todo el proceso de recuperaci¨®n econ¨®mica y de convergencia hacia la uni¨®n econ¨®mica y monetaria depende esencialmente de la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, y esta reducci¨®n no es posible si no se racionaliza y reduce el enorme volumen del gasto adicional que est¨¢ generando el actual sistema auton¨®mico. Si, por el contrario, el imprescindible ajuste presupuestario se realizara empezando por recortar el Estado de bienestar, lo pol¨ªticamente honesto ser¨ªa explicar a los. pensionistas, los parados, a los usuarios de la sanidad y de la ense?anza p¨²blicas que, si sus pensiones, sus subsidios y sus prestaciones sanitarias, educativas y de ayuda a la familia se reducen, es porque hay que financiar prioritariamente unas gigantescas estructuras burocr¨¢ticas paralelas que han disparado el gasto y reducido dr¨¢sticamente la productividad del conjunto de la gesti¨®n p¨²blica.