Entre el lujo y los servicios b¨¢sicos
Santiago Lanzuela, el presidente de Arag¨®n, apunta otra v¨ªa de acci¨®n auton¨®mica con un futuro impuesto medioambiental. Lanzuela no es partidario de una gran autonom¨ªa fiscal de las comunidades "porque entrar en una batalla de ese tipo entre 17 administraciones y la central podr¨ªa tener enormes consecuencias".Arag¨®n limita con varias autonom¨ªas con conciertos especiales, como La Rioja, Navarra y el Pa¨ªs Vasco. Tambi¨¦n con Calalu?a.
Lanzuela considera el territorio -Arag¨®n ocupa el 10% del Estado y tiene 729 municipios- otro factor a tener en cuenta a la hora de las compensaciones entre comunidades ricas y las m¨¢s pobres. Y recuerda la necesidad de abrir otro gran debate sobre "el dise?o final del mapa competencial de los servicios p¨²blicos en cada una de las tres administraciones".
Pedro Sanz, presidente de La Rioja, apoya estas teor¨ªas y recalca que las comunidades deber¨ªan contar con capacidad normativa para "modificar los tipos de determinados impuestos estatales ya cedidos, como sucesiones, transmisiones y patrimonio". Es un planteamiento pactado con CiU.
Sanz sostiene que las autonom¨ªas deben pagar "con recargos en. sus impuestos los lujos a ofrecer a sus ciudadanos por encima de los servicios b¨¢sicos".
El presidente valenciano, Eduardo Zaplana, se ha entrevistado en las ¨²ltimas semanas con sus hom¨®logos de Baleares, Crist¨°fol Soler, y Murcia, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, para redactar en conjunto un documento con sus planteamientos.
Esta corriente defensora en el PP del arco mediterr¨¢neo propone que en la reforma del sistema de financiaci¨®n se profundice en el factor de la "poblaci¨®n asistida o flotante". Reclaman un cambio de la financiaci¨®n per c¨¢pita, en sanidad, infraestructuras de transportes, agua y otros servicios que se mantienen en invierno con una poblaci¨®n de derecho para unos usuarios que se triplican en verano.
Este factor tur¨ªstico no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional que ha rechazado un recurso del Gobierno balear contra los presupuestos estatales de 1988 por estimar que esos desequilibrios no se pueden compensar financieramente.
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