Ahora, el Consejo
EL NUEVO proceso por cohecho abierto a instancias del fiscal anticorrupci¨®n contra el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Llu¨ªs Pascual Estevill ha coincidido con la inuguraci¨®n de la VI Legislatura. Se dan, pues, las condiciones para que las fuerzas pol¨ªticas se pongan a la tarea de renovar un Consejo Judicial que lleva en funciones desde hace medio a?o. Y de paso, para terminar con la indignidad que supone que el ¨®rgano de gobierno de los jueces mantenga entre sus miembros a uno sospechoso de la pr¨¢ctica totalidad de las variantes de corrupci¨®n -prevaricaci¨®n, fraude fiscal, cohecho, tr¨¢fico de influencias... previstas en el C¨®digo Penal. Indignidad, por otra parte, que no alivia el hecho de que Pascual Estevill se haya decidido a solicitar una excedencia temporal como juez, lo que no afecta a su. condici¨®n de vocal del Consejo.Este caso ilustra como ninguno, por su. car¨¢cter extremo, las graves consecuencias que se derivan del sistema de cuotas con el que los partidos pol¨ªticos han pervertido la elecci¨®n parlamentaria de los vocales del ¨®rgano de gobierno de los jueces. La responsabilidad pol¨ªtica por lo sucedido alcanza, en primer lugar, a CiU, que propuso su nombramiento, y despu¨¦s, al PP y al PSOE, que dieron su visto bueno. A estas alturas sigue siendo un misterio c¨®mo pudo ser nombrado vocal del Consejo un. abogado de inquietante trayectoria profesional, convertido en su madurez en un juez de perfiles no menos inquietantes, con ¨ªnfulas de justiciero y de talante inquisitorial. Este error garrafal no hubiera sido posible sin la forma viciosa en que los partidos han interiorizado su participaci¨®n en la designaci¨®n: como una manera de adquirir, conservar o aumentar influencia pol¨ªtica.
Los criterios expuestos por el portavoz del PSOE en el Congreso, Joaqu¨ªn Almunia, en la carta enviada recientemente a los grupos parlamentarios proponi¨¦ndoles la renovaci¨®n del Consejo supondr¨ªan, de Cumplirse, el enterramiento del nefasto sistema de cuotas. Algunos son tan elementales como que el candidato sea de "una conducta moral intachable", "neutral, en el sentido de no tener una especial relevancia partidista", y que cuente con "una amplia experiencia en el ejercicio profesional". Ser¨ªa en cualquier caso, un acontecimiento que el juego limpio, la transparencia y la publicidad presidieran a partir de ahora el proceso de elecci¨®n de candidatos incluso con su comparecencia ante una. comisi¨®n que valorase su idoneidad y su trayectoria profesional y jur¨ªdica- y que no fueran posibles en el futuro casos tan bochornosos como el de Estevill.
Bochornoso, al menos, para quienes lo han lamentado y denunciado, aunque no para el inefable vicepresidente del CGPJ, Jos¨¦ Luis Manzanares, que no lo ha considerado causa suficiente para la destituci¨®n del vocal en cuesti¨®n. Manzanares, que se ha prodigado en declaraciones incendiarias sobre la responsabilidad de los pol¨ªticas, se ha atrincherado en los argumentos m¨¢s pedestres para eludir las suyas propias y las del Consejo como tal en el pudrimiento del caso Estevill. Algunos jueces han descrito esta doble vara de medir responsabilidades del vicepresidente del, Consejo -estricta e incluso inquisitorial con las ajenas, laxa y complaciente con las propias- con la acertada met¨¢fora de "cambiar la tea por el traje de bombero". Y es que, por mucho que se empe?e Manzanares, la exigencia de respansabilidades no es s¨®lo cosa de pol¨ªticos, sino de cuantos ostentan alg¨²n tipo de poder, incluido el judicial.
Pisotear este principio democr¨¢tico ha permitido que los espa?oles tengan que soportar la verg¨¹enza de ver en un. cargo institucional de la justicia a un sospechoso de haber convertido la funci¨®n de juzgar en un arma particular contra sus adversarios y cr¨ªticos, y a su juzgado en una oficina de compraventa de libertades para enriquecerse. Y de no poner fin a esa. verg¨¹enza son responsables directos Manzanares y el grupo de vocales-entre ellos, la actual ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante- que cerraron filas tras ¨¦l en defensa de Pascual Estevill. Aunque s¨®lo sea por este motivo, urge, pues, que el Parlamento proceda a elegir un nuevo Consejo Judicial.
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