Juristas y funcionarios creen que pasar las c¨¢rceles de Justicia a Interior viola la ley org¨¢nica penitenciaria

El traspaso de la Direcci¨®n General de Insitituciones Penitenciarias al Ministerio de Interior podr¨ªa vulnerar lo establecido en la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria, seg¨²n creen ex altos cargos y funcionarios del departamento, as¨ª como varios juristas consultados por este peri¨®dico. Unos y otros consideran que el esp¨ªritu y la letra de esa ley es que el cumplimiento de penas est¨¦ bajo la ¨®rbita de Just¨ªcia y no bajo el "control" de Interior. Estiman que para modificar una ley org¨¢nica no basta un decreto, cuando ¨¦ste viola lo establecido por los legisladores, que s¨®lo puede alterarse por una norma de igual rango.

El art¨ªculo 79 de la Ley Org¨¢nica Penitenciaria de 1979, la primera de este rango de la. etapa democr¨¢tica, se?ala que "corresponde a la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la direcci¨®n, organizaci¨®n e inspecci¨®n de las instituciones que se regulan en la presente ley", salvo en las comunidades aut¨®nomas que tengan asumidas las competencias sobre prisiones. La ley fue aprobada en su d¨ªa con el voto favorable de 284 diputados, ninguno en contra y. dos abstenciones.Esta ley prev¨¦ que, excepcionalmente y por acuerdo conjunto de los ministerios de Justicia e Interior, cuando se produzca una grave alteraci¨®n del orden en un centro penitenciario, se podr¨¢ requerir la intervenci¨®n de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero agrega que eso se realizar¨¢ "sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria [adscrita a Justicia] en la direcci¨®n de las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en relaci¨®n con las autoridades judiciales, r¨¦gimen econ¨®mico-administrativo y funciones asistenciales".

La dependencia del Ministerio del Interior de la direcci¨®n general de Instituciones Penitenciarias, acordada por el nuevo Gobierno por decreto del pasado d¨ªa 7, es considerada contraria a la legalidad vigente por los juristas consulitados.

El catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Santiago Mu?oz Machado estima que la ley de 1994 que habilita al Gobierno a variar la denominaci¨®n y competencias de los departamentos ministeriales no alcanza a la modificaci¨®n de la organizaci¨®n de fondo que establece la ley org¨¢nica". A?ade que otro aspecto es el de "las garant¨ªas de los derechos de los presos, que pueden resultar afectadas por la reestructuraci¨®n, al adscribir a Interior lo que el legislador vincul¨¦ con Justicia".

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal recuerda que la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional permite al alto tribunal "declarar inconstitucionales ( ... ) los preceptos de un decreto-ley, decreto legislativo, ley que no haya sido aprobada con el car¨¢cter de org¨¢nica (...) en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a ley org¨¢nica o impliquen modificaci¨®n o derogaci¨®n de una ley aprobada con tal car¨¢cter, cualquiera que sea su contenido". Las leyes org¨¢nicas requieren mayor¨ªa absoluta -176 votos- del Congreso de los Diputados.

Tutelar las penas

Otro constitucionalista , ex diputado de IU y actual portavoz de Nueva Izquierda, Diego L¨®pez Garrido, considera que el decreto del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznares "legal". Razona que la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria "ha querido incardinar Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia para tutelar todas las materias de cumplimiento de las penas privativas de libertad en, ese ¨¢mbito, lo que significa una garant¨ªa de la ejecuci¨®n de las condenas". L¨®pez Garrido a?ade que "se trata de una opci¨®n pol¨ªtica del legislador y para cambiarla hace falta una ley de igual rango".

Un abogado del Estado, que pide se silencie su identidad, considera que, "aunque las reestructuraciones sean flexibles, la formulaci¨®n tajante de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria impide que el Gobierno se la salte por decreto".

En cambio, el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Lorenzo Mart¨ªn Retortillo juzga l¨®gico y leg¨ªtimo que el nuevo Gobierno tenga margen de maniobra". Recuerda que la citada ley, "por ser la primera, no ten¨ªa todav¨ªa asimilado el concepto de ley org¨¢nica, ya que muchos de sus preceptos no se adaptan al mismo".

Fuentes de Interior reconocen que el motivo fundamental y casi ¨²nico para absorber en este departamento la competencia sobre las prisiones es la existencia de m¨¢s de 500 presos de ETA. As¨ª lo percibe tambi¨¦n el consejero vasco de Justicia, el socialista Ram¨®n J¨¢uregui, que ha expresado sin ambages que est¨¢ en contra de que Instituciones Penitenciarias pase a Interior.