GAL: la pesadilla

CADA VEZ se echa m¨¢s en falta esa explicaci¨®n responsable, de car¨¢cter pol¨ªtico, que el anterior Gobierno socialista debi¨® dar a la sociedad espa?ola sobre el asunto de los GAL. A su debido tiempo esa explicaci¨®n habr¨ªa contribuido a desactivar en cierta medida un asunto que, al margen de su chapucer¨ªa criminal, constituy¨® un inconmensurable error pol¨ªtico que ha condicionado y sigue condicionando el normal desarrollo de la vida pol¨ªtica e institucional del pa¨ªs.El principal problema ha sido siempre c¨®mo dar una explicaci¨®n veros¨ªmil y cre¨ªble al ins¨®lito hecho de que los GAL utilizaran estructuras, armas y fondos p¨²blicos sin que lo supiera el Gobierno. De haber sido as¨ª, seguramente los espa?oles nos habr¨ªamos ahorrado la pesadilla y la inquietud, que produce ver c¨®mo un asunto tan grave, que afecta a instituciones y personas directamente relacionadas con la seguridad del Estado, amenaza con contagiar tambi¨¦n a la nueva legislatura, aunque siempre lo har¨ªa en grado menor, puesto que alcanza al partido de la oposici¨®n y no al del Gobierno.

Pero al margen de las derivaciones parlamentarias que pueda tener a¨²n el caso GAL, ¨¦ste se sustancia hoy fundamentalmente en los tribunales, y el balance judicial de lo actuado hasta ahora no resulta nada tranquilizador. No lo es ver como imputados en procesos relacionados con la guerra sucia contra ETA -casos Marey, O?ederra, Lasa-Zabala...- a dos ministros del Interior, a tres generales y a otros altos responsables pol¨ªticos y policiales de la seguridad del Estado. Es decir, a quienes durante una d¨¦cada asumieron la responsabilidad de defender al Estado frente al terrorismo.

Es verdad que en toda la mara?a de declaraciones vertidas hasta ahora hay un alto componente de autodefensa, pero tampoco puede obviarse que los testigos acusatorios son en muchos casos altos responsables de la lucha antiterrorista. Esto es, personas que al acusar a otros se acusan a s¨ª mismos, y que desde luego, por raz¨®n del cargo, deb¨ªan estar al tanto de las operaciones. Tampoco se puede olvidar que elevar las acusaciones hasta el propio Felipe Gonz¨¢lez y a cuantos tuvieron responsabilidades en la lucha contra ETA puede ser una estrategia defensiva en busca del borr¨®n y cuenta nueva. En medio de este cruce de intereses s¨®lo cabe confiar en la responsabilidad de los jueces, obligados m¨¢s que nunca a discernir la verdad y, al mismo tiempo, a impedir que el caso GAL condicione la vida pol¨ªtica del pa¨ªs.

Las actividades de los GAL que investigan los jueces Garz¨®n y G¨®mez de Lia?o, no pueden ni deben quedar impunes. Es su deber esclarecerlas en todas sus ramificaciones delictivas en la medida en que dispongan de indicios fundados, con escrupuloso roespeto a los procedimientos y a las garant¨ªas de los implicados. Algunas actuaciones judiciales en este nuevo episodio, de la investigaci¨®n de los GAL siguen recordando en demas¨ªa a otras precedentes.

Es cierto que la prisi¨®n preventiva ha dejado de usarse como forma de quebrar la voluntad de los imputados, tras el inequ¨ªvoco pronunciamiento del Tribunal Constitucional en contra de tal uso y de las recientes reformas legales que lo dificultan. Pero siguen vi¨¦ndose cosas extra?as, como presiones a un abogado para que abandone la defensa de dos imputados o anuncios de futuras imputaciones sin escuchar a los afectados con el argumento de "prevenir situaciones de indefensi¨®n" y para que pueda declarar con asistencia letrada. ?Se previno esa situaci¨®n de indefensi¨®n en el caso, de Barrionuevo al instante en que Amedo testimoni¨® contra ¨¦l en su primera declaraci¨®n ante el juez Garz¨®n en diciembre de 1994? De haberlo hecho se habr¨ªa evitado que el ex ministro del Interior permaneciera durante siete meses sabi¨¦ndose imputado y sin poder defenderse, si bien Garz¨®n tendr¨ªa que haber enviado la causa al Supremo siete meses antes.

Algunos pensar¨¢n que estas cosas son peccata minuta en comparaci¨®n con los hechos que se investigan. Sin una decidida defensa de los procedimientos no se pueden defender los derechos y libertades que ampara la Constituci¨®n. Esto es igualmente aplicable al responsable pol¨ªtico o funcionario policial que recurre a m¨¦todos legales para luchar contra el terrorismo que al juez -con m¨¢s raz¨®n si cabe- que investiga tales conductas sin respetar escrupulosamente las reglas y las garant¨ªas.

Hay que admitir en todo caso que la tarea de los jueces no es f¨¢cil. Sobre todo si se tiene en cuenta que los principales testigos acusatorios siguen siendo el convicto Jos¨¦ Amedo, el ex pr¨®fugo y pluriprocesado Luis Rold¨¢n y un esp¨ªa como Juan Alberto Perote, que presuntamente rob¨® miles de documentos secretos. No es extra?o que el escenario judicial de los GAL pueda convertirse as¨ª en una especie de callej¨®n del gato donde todo acabe por deformarse. ?se es el desaf¨ªo que tiene ante s¨ª la justicia: distinguir las voces de los ecos entre el c¨²mulo de testimonios confusos, interesados, sesgados y contrapuestos que el cada vez m¨¢s nutrido grupo de acusadores, testigos, autoinculpados e imputados hacen llegar a la Audiencia Nacional. Para que se haga justicia y el mundo no perezca, en contra de lo que afirma el terrible lema del juez justiciero.