?Sabemos de qu¨¦ estamos hablando?

Cuando uno quiere hacer un viaje agradable, lo mejor es buscar un plano del lugar que nos gusta, mirar los horarios de transporte y reservar el hotel, en vez de salir a la calle corriendo porque nos han dicho que hace buen d¨ªa.Gran parte de las opiniones y discusiones acerca del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que venimos oyendo durante los ¨²ltimos d¨ªas se parecen m¨¢s bien a la segunda conducta que a la primera, y por ello creemos que no est¨¢ de m¨¢s aclarar un poco de qu¨¦ hablamos para despu¨¦s poder saber de qu¨¦ discrepamos, si ¨¦se es el caso.

En primer lugar, conviene recordar que el origen del Estado auton¨®mico es fruto de la decisi¨®n pol¨ªtica tomada en la Constituci¨®n de 1978 y no el resultado de una reuni¨®n de economistas expertos en federalismo fiscal que lograran al final de la misma persuadir al resto de sus conciudadanos de las bondades de una provisi¨®n descentralizada de bienes p¨²blicos locales.

Viene esto a cuento porque algunas de las cr¨ªticas vertidas aparentemente hacia la consecuencia (el sistema de financiaci¨®n) lo son realmente hacia la causa (el modelo de Estado descentralizado). La diversidad de soluciones en cuanto a niveles de provisi¨®n de los servicios p¨²blicos descentralizados es el resultado natural del proceso de descentralizaci¨®n, no su perversi¨®n. Hemos incorporado al modelo de Estado la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones precisamente porque partimos de su diversidad de preferencias, no de su homogeneidad.

Olvidarse de esto es equivocarse desde el principio, porque puede ser, desde luego, leg¨ªtimo que alguien desee que todos los espa?oles, en cualquier lugar y en todo momento, tengan el mismo nivel de prestaci¨®n de servicios, pero entonces su preferencia es tener un Estado centralista y su incomodidad es con la Constituci¨®n de 1978 y no con el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que es una mera extensi¨®n.

En segundo lugar, ser¨ªa bueno precisar que al dise?ar el sistema de financiaci¨®n nos estamos refiriendo fundamentalmente a c¨®mo financiar los servicios transferidos a las comunidades aut¨®nomas. Dado que autonom¨ªa y corresponsabilidad fiscal, junto con solidaridad, son los dos principios clave de todo el proceso, puede ser que por motivos de solidaridad garanticemos, hasta un cierto nivel est¨¢ndar, una igual prestaci¨®n de servicios en todas las

regiones, pero a partir de ah¨ª queda abierta la puerta de la diversidad. La solidar¨ªdad, en un modelo descentralizado, debe ser entendida como igualdad deposiciones de salida, no como igualdad de resultados en un sentido ex-post.

Una vez que tengamos claro que las dos cuestiones anteriores no es de lo que estamos hablando, podemos pasar al meollo del asunto de la financiaci¨®n.

Como las tres patas esenciales del sistema de financiaci¨®n son los impuestos en manos de las Comunidades aut¨®nomas (para que ¨¦stas ejerzan su autonom¨ªa en el campo fiscal y exista un nivel adecuado de corres pons,abilidad fiscal), el sistema de transferencias (que garantice que las comunidades aut¨®nomas pobres se sit¨²en en igualdadde posiciones de salida y exista solidaridad) y el endeudamiento (para financiar una parte de los gastos de inversi¨®n auton¨®mica que benefician a generaciones futuras), una verdadera reforma debe comprender acciones en estos tres frentes.

Lo publicado en la prensa acerca del acuerdo PP-CiU hace referencia s¨®lo a instrumentar una medida de mayor descentralizaci¨®n fiscal, v¨ªa IRPF, para mejorar la corresponsabilidad, pero deja todav¨ªa sin respuesta muchas cuestiones. Aparentemente, se supone que se trata de cambiar el c¨®mo de la financiaci¨®n (m¨¢s impuestos y menos transferencias para las comunidades aut¨®nomas), no el cu¨¢nto (no va. a haber, en principio, m¨¢s recursos, porque esto significar¨ªa aumentar el gasto y el d¨¦ficit de la Administraci¨®n central o la presi¨®n fiscal de ¨¦sta), pero este punto no ha quedado suficientemente claro ni se contempla de forma expl¨ªcita.

En tercer lugar, un vuelco significativo en la cesi¨®n impositiva cambia las perspectivas de: evoluci¨®n futura de los recursos, por lo cual exige, simult¨¢nea y no sucesivamente, retocar el sistema de transferencias para asegurar el principio de solidaridad y que no recelen las comunidades aut¨®nomas de menor renta y se oponga de principio a la reforma.

Por ¨²ltimo, si se quiere mantener de verdad el prop¨®sito de que Espa?a participe en la tercera fase de la uni¨®n monetaria europea, es necesario garantizar que los compromisos de endeudamiento resultantes de los escenarios de consolidaci¨®n presupuestaria ser¨¢n respetados (y no estar¨ªa de m¨¢s divulgar qu¨¦ comunidades cumplen y cu¨¢les no, estableciendo alg¨²n tipo de consecuencias para estas ¨²ltimas). Por tanto, en nuestra opini¨®n, al principio de las propuestas, en materia de financiaci¨®n auton¨®mica, y no al final de los acuerdos.

Para lograr un sistema estable y s¨®lido, tanto corresponsabilidad como solidaridad deben tener su lugar en el acuerdo y el resultado final debe ser igualmente satisfactorio (o relativamente insatisfactorio) para Baleares, Madrid y Catalu?a, que son comunidades aut¨®nomas ricas, como para Andaluc¨ªa, Galicia y Extremadura, que son relativamente m¨¢s pobres.

La tarea es de gran trascendencia para el futuro de Espa?a como pa¨ªs y debe ser afrontada con buenas dosis de consenso pol¨ªtico y conocimiento t¨¦cnico, evitando dramatismos que, basados en posiciones subjetivas aprior¨ªsticas y errores t¨¦cnicos, planteen dilemas pol¨¦micos, pero inexistentes. Y en nuestra opini¨®n, mucho de esto ocurre en el art¨ªculo del profesor Centeno 0 Estado de bienestar o autonom¨ªas, publicado en el diario EL PA?S el 27 de abril de 1996.

De entrada, incluso una observaci¨®n casual pone de manifiesto que este dilema es artificial porque la mayor¨ªa de los pa¨ªses descentralizados (por ejemplo, Alemania, Suiza, Canad¨¢ o Estados Unidos) han sabido conciliar con ¨¦xito bienestar y descentralizaci¨®n. Pero m¨¢s all¨¢ de esto, los argumentos que se utilizan en el art¨ªculo son esencialmente, falaces.

. En primer lugar, el razonamiento se basa en el absurdo de convertir en operaci¨®n de matem¨¢tica compleja la realizaci¨®n de una suma sencilla, que arroje una cifra parecida a la cuant¨ªa del d¨¦ficit, para despu¨¦s, sin relaci¨®n de causalidad alguna, hacer a alguno de los sumandos (por llamarlo de alguna forma) el culpable del d¨¦ficit.

La falacia es evidente porque bastar¨ªa agrupar las partidas de gasto de otra forma para que, dado que la suma total es constante, el dilema se planteara entre, por ejemplo, Sanidad y Educaci¨®n (o nos educamos 0 nos morimos) o entre el Gobierno central y el Estado de bienestar.

Por otro lado, la elecci¨®n entre autonom¨ªa y Estado de bienestar es irreal porque, en realidad, las comunidades aut¨®nomas son s¨®lo un mecanismo de elecci¨®n colectiva que provee no autonom¨ªa, sino bienes y servicios que desean los ciudadanos. De hecho, las competencias fundamentales de las comunidades aut¨®nomas de techo elevado son, precisamente, la educaci¨®n y la sanidad, y a esto dedican en torno al 80% de su gasto no financiero propio. El gasto de las comunidades aut¨®nomas de techo bajo y el 20% restante de las de techo elevado se dedica a otros gastos sociales (por ejemplo, vivienda o servicios sociales), carreteras, cultura o autogobierno. Por ello, la elecci¨®n, de plantearse, no ser¨ªa entre Estado de bienestar y autonom¨ªas, sino entre bienes provistos por el Gobierno central y bienes provistos por las comunidades aut¨®nomas (incluida buena parte de los gastos sociales). '

En este contexto, los gastos de autogobierno o las televisiones auton¨®micas son una mera an¨¦cdota en t¨¦rminos presupuestarios. Y aunque no lo fueran, las. comunidades aut¨®nomas est¨¢n perfectamente legitimadas para emplear sus recursos en lo que quieren sus ciudadanos en vez de utilizarlo! en lo que alg¨²n observador considera m¨¢s adecuado. Y estos gastos no ser¨ªan un despilfarro, sino el resultado de un ejercicio democr¨¢tico. Despu¨¦s de todo, los ciudadanos pueden preferir gastarse su dinero en ver partidos de f¨²tbol o pagar a sus parlamentarios en vez de en comprar dos aviones de combate m¨¢s.

Pero lo m¨¢s grave de la evaluaci¨®n de la supuesta ineficiencia de las comunidades aut¨®nomas no es que se base en una catalogaci¨®n personal de en qu¨¦ debe gastarse el dinero el sector p¨²blico, sino que, partiendo de unos ejemplos triviales en t¨¦rminos presupuestarios, y a?adiendo una afirmaci¨®n difusa e infundada de duplicidad de cientos de miles de funcionarios (?todos los funcionarios aut¨®nomos son redundantes?), se cuantifica el despilfarro entre 1,8 y 2,2 billones de pesetas.

Si esta cifra est¨¢ basada en alg¨²n estudio, deber¨ªa, como exige la ¨¦tica acad¨¦mica, darse la referencia para que se evaluara la fiabilidad del trabajo. Si, por otro lado, est¨¢ basada en el oj¨ªmetro del autor, ser¨ªa una temeridad de dif¨ªcil justificaci¨®n. En todo caso, la cifra es curiosamente parecida al d¨¦ficit. Pero el problema es que esta cantidad es superior a lo que les queda a las comunidades aut¨®nomas para gasto no financiero propio despu¨¦s de pagar la Sanidad y la Educaci¨®n. Es decir, que, seg¨²n esta cuantificaci¨®n, todo el gasto en competencias comunes y parte del gasto en Sanidad y Educaci¨®n es despilfarro. Y esto es, por decirlo de forma suave, algo dif¨ªcilmente cre¨ªble.

Por todo lo anterior, ser¨ªa mejor que en vez de confundir nos pusi¨¦ramos a trabajar para mejorar un poco el futuro, pero antes de apuntarnos voluntarios a la tarea, por favor, cercior¨¦monos de que no nos hemos confundido de cola.