El magistrado pide 18 documentos secretos del Cesid

El juez Baltasar Garz¨®n elev¨® ayer una exposici¨®n razonada al Gobierno en la que pide la desclasificaci¨®n como secretos de 18 documentos del Cesid relativos a la guerra sucia contra ETA. En un escrito de 41 folios, el magistrado reclama al ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar los documentos que ya le fueron negados por el anterior ministro de Defensa, el socialista Gustavo Su¨¢rez Pertierra, y que dieron origen a un conflicto, de jurisdicci¨®n resuelto en favor del departamento de Defensa.El vicepresidente del Gobierno Francisco ?lvarez Cascos manifest¨® anoche que el Ejecutivo respetar¨¢ la decisi¨®n del juez de pedir la desclasificaci¨®n de documentos: "La petici¨®n del Garz¨®n est¨¢ fundada en derecho y, con arreglo a eso, el Gobierno tomar¨¢ la decisi¨®n que corresponda aplicando y velando por el Estado de derecho y, en particular, por la Ley de Secretos Oficiales".

Entre los documentos solicitados figuran la denominada acta fundacional de los GAL y las notas de despacho enviadas por el coronel Juan Alberto Perote, ex n¨²mero dos del Cesid, al entonces director general de los servicios secretos, teniente general Emilio Alonso Manglano, en las que le informaba del inicio de la guerra sucia contra ETA o de la inminencia del atentado en el que result¨® muerto el etarra Ram¨®n O?ederra, Kattu.

El magistrado reclama tambi¨¦n la desclasificaci¨®n de varios documentos de los que ya tiene copias en su poder, como los incautados al coronel Juan Alberto Perote en su celda de la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares.

Estos documentos contienen un relato novelado sobre la guerra sucia en la que atribuye imputaciones a diversos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado bas¨¢ndose en el contenido de varios documentos del Cesid.

El juez ha decidido volver a pedir los papeles al Gobierno del Partido Popular, siguiendo ahora el cauce indicado por el tribunal de conflictos, que en su sentencia se?alaba que el instructor deber¨ªa elevar una exposici¨®n razonada para que el Ejecutivo entendiese para qu¨¦ necesita el magistrado los documentos y valorar s¨ª la des clasificaci¨®n de los documentos afecta o no a la seguridad del Estado.