Una ley dura que el PP ya no quiere cambiar
Los penalistas que han tenido ya tiempo de estudiarse el nuevo C¨®digo Penal coinciden en que se trata de una ley dura, que contrasta con las cr¨ªticas a su supuesta blandura realizadas desde el PP durante su elaboraci¨®n. El propio PP, hoy en el Gobierno, ha desistido de su voluntad de reformarlo, seg¨²n su ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.El catedr¨¢tico de Derecho Penal Francisco Mu?oz Conde describe los esfuerzos de los legisladores "por no sucumbir a las exigencias de los que ped¨ªan una mayor dureza en la represi¨®n penal", pero acaba considerando que el texto aprobado puede ser inconstitucional cuando, en los casos de penas elevadas, exige su cumplimiento efectivo, "sin que el m¨¢ximo de 30 a?os de c¨¢rcel pueda reducirse con beneficios penitenciarios o la libertad condicional, lo que es dudosamente compatible con el derecho a la reinserci¨®n social que consagra la Constituci¨®n".
El que fue ponente del C¨®digo Penal por IU, Diego L¨®pez Garrido, coincide con este planteamiento. Y uno de los ponentes socialistas, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, reconoce: "Se nos ha ido la mano y va a ser dif¨ªcil que se cumpla en esos casos la funci¨®n constitucional de la reinserci¨®n social del delincuente".
Hipercriminalizaci¨®n
Mohedano critica adem¨¢s la "hipercriminalizaci¨®n" de conductas, "no suficientemente justificada, como en el caso del nuevo delito publicitario, entre otros". Mohedano coincide con Mu?oz Conde en la "expansi¨®n excesiva" del Derecho Penal moderno hacia ¨¢mbitos administrativos -medio ambiente, urbanismo- y mercantiles -delitos societarios-, en los que el penalista no es experto y contra el criterio de Von Liszt: "La mejor pol¨ªtica criminal es una buena pol¨ªtica social".Desde otra perspectiva, la crimin¨®loga Elena Larrauri analiza las medidas de suspensi¨®n y sustituci¨®n de las penas privativas de libertad en el nuevo C¨®digo Penal y llega a la conclusi¨®n de que es posible "que entren menos personas a las c¨¢rceles, pero estar¨¢n m¨¢s tiempo".
Por su parte, Remei Bona, juez de vigilancia penitenciaria, asegura que el nuevo C¨®digo Penal "implica un mayor endurecimiento de condiciones", ya que se aumentan las penas para los delitos contra el patrimonio y la salud p¨²blica -por los que est¨¢ condenada la mayor¨ªa de la poblaci¨®n reclusa-, y se suprime la redenci¨®n de penas por el trabajo. Esta juez no oculta que con su eliminaci¨®n la Administraci¨®n penitenciaria pierde "un formidable medio de control" y carece de incentivos para unos internos sin horizonte.
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