Los GAL y nosotros

HACE CASI una d¨¦cada que desaparecieron los GAL, pero ello no ha impedido que ETA siga matando. Se demuestra as¨ª la falacia de quienes invocan lo sucedido entonces para justificar sus cr¨ªmenes de ahora, con la pretensi¨®n de que ese pasado acredita su teor¨ªa de las dos violencias sim¨¦tricas, que s¨®lo podr¨ªan superarse mediante una negociaci¨®n pol¨ªtica. Pero aunque la historia de los GAL pertenezca al pasado, no est¨¢ tan alejada como para que deje de afectarnos hoy. Quienes concibieron y llevaron a la pr¨¢ctica ese episodio de guerra sucia siguen ah¨ª, al igual que el recuerdo de sus v¨ªctimas.No es, como seguramente desear¨ªa la mayor¨ªa de los ciudadanos, un asunto pret¨¦rito, que pueda, archivarse sin m¨¢s. En primer lugar porque la seguridad jur¨ªdica que garantiza el Estado de derecho exige que su funcionamiento sea independiente de las conveniencias, de cada momento. Aunque s¨ª es exigible un comportamiento prudente de los jueces, que evite al menos que el pasado invada el presente hasta el punto de condicionarlo m¨¢s all¨¢ de cualquier medida. Precisamente porque, como ha dicho uno de ellos, tambi¨¦n les jueces son Estado, comparten la responsabilidad de evitar su suicidio: el del Estado democr¨¢tico, que est¨¢ obligado a defender a los ciudadanos frente a la implacable amenaza terrorista.

Pero defender al Estado democr¨¢tico tambi¨¦n significa impedir que queden impunes los cr¨ªmenes cometidos falazmente en su nombre. La sociedad no puede dejar de sentirse concernida por los hechos que relata el juez en el auto de procesamiento sobre el asesinato de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala en 1983. Si esos hechos son ciertos, carece de fundamento el argumento seg¨²n el cual la lucha contra ETA obliga a veces, como ha afirmado el teniente general S¨¢enz de Santamar¨ªa, "a actuar en el filo de la legalidad, unas veces un poco por el borde de dentro y otras veces un poco por el de fuera". Secuestrar, torturar y asesinar, como parece que hicieron guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo con Lasa y Zabala, es algo m¨¢s que bordear ese l¨ªmite. Significa que los encargados de velar por el cumplimiento de la ley la han violado a sabiendas y con pretensi¨®n de impunidad. Ninguna interpretaci¨®n de la legalidad, por m¨¢s laxa que fuera, podr¨ªa avalar esos comportamientos en un Estado de derecho.

Los estrategas de los GAL no previeron, seguramente, los efectos retardados del mecanismo que pon¨ªan en marcha. De haberlo hecho, no hubieran optado por una v¨ªa que ha contribuido decisivamente a prolongar la vida de ETA durante una generaci¨®n y a dar cobertura a su alucinaci¨®n de enfrentamiento entre dos ej¨¦rcitos. En definitiva, a favorecer el designio de los terroristas de deslegitimar al Estado y en particular a su aparato de seguridad.

Pero a medida que progresa la investigaci¨®n judicial y se hace plausible la configuraci¨®n de los GAL como un entramado surgido desde el propio aparato del Estado, el asunto vuelve a cargarse de connotaciones pol¨ªticas dif¨ªcilmente separables de las judiciales. De poco sirve negar que en un tiempo se adopt¨® la decisi¨®n de combatir el terrorismo con terrorismo a la vista de los indicios y testimonios contra altos mandos militares y p¨®l¨ªticos de la seguridad del Estado. De la mano de los jueces, los GAL se han convertido ya en un asunto del Estado y de la sociedad en su conjunto. En octubre de 1994, el PP amenaz¨® a los socialistas con "reabrir el caso GAL" en respuesta a la pretensi¨®n de ¨¦stos de incluir entre los trabajos de la comisi¨®n de financiaci¨®n de los partidos "un asunto ya sentenciado", en referencia al caso Naseiro. El caso GAL no lo reabrir¨ªa el PP, sino, apenas dos meses despu¨¦s, Amedo y Dom¨ªnguez con sus declaraciones period¨ªsticas y judiciales. Hay motivos para pensar que ese desenlace era dif¨ªcilmente evitable, a la vista de los antecedentes. Pero nadie lo previ¨®, y ahora es toda la sociedad la que se ve sumida en la perplejidad; incluyendo los nuevos gobernantes. El Gobierno del PP es el primero de la democracia espa?ola que nada tiene que ver con la guerra sucia contra ETA, pero aun as¨ª los GAL se han convertido en uno de sus primeros y m¨¢s graves problemas.