El 'mayo popular'

?Se puede establecer un balance de este mayo popular cuando apenas hace un mes de la investidura y de la formaci¨®n del nuevo Gobierno? S¨ª, no s¨®lo es posible sino necesario, por dos razones. La primera es que la acci¨®n de gobernar se ha de acometer con energ¨ªa desde el principio, por ser ¨¦ste el momento en que las fuerzas est¨¢n m¨¢s frescas; con el paso del tiempo la rutina y los Intereses diversos afloran y desgastan la maquinaria de poder. La segunda es que el tradicional periodo de gracia que antes se conced¨ªa a los nuevos gobiernos ha pasado de 100 d¨ªas a poco m¨¢s de veinticuatro horas; a partir de ese momento, cualquier decisi¨®n, gesto o intenci¨®n es inmediatamente contestada por una coalici¨®n ad hoc de sectores diversos. Por ello es posible que las primeras semanas de este Gobierno constituyan la ¨²ltima oportunidad para enfrentarse con los problemas estructurales de la econom¨ªa espa?ola.Hasta ahora, la actuaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente del Gobierno arroja nubes y claros. En el debe hay que apuntar cierto secretismo a la hora de tomar decisiones, lo que ha producido que muchos de sus ministros no hayan sabido qu¨¦ puesto iban a ocupar hasta primeros del mes de mayo (de ah¨ª, la sensaci¨®n de improvisaci¨®n en muchas de sus actuaciones). En el haber, adem¨¢s de reconocer la importancia de las relaciones con Marruecos, el l¨ªder popular ha identificado dos problemas, Maastricht y el desempleo, que aunque no son los ¨²nicos s¨ª son vitales para el futuro de Espa?a. Hay quien, como un personaje de Isabel Allende, piensa que "si los problemas se mantienen en el limbo de las palabras no dichas, pueden desaparecer solos, con el transcurso del tiempo", por lo que es de agradecer su valent¨ªa. El siguiente, e inaplazable, paso es el de gobernar.

Es preocupante que, tras dos meses en los que el Partido Popular se asegur¨® con brillantez el apoyo de Converg¨¨ncia i Uni¨®, Partido Nacionalista Vasco y Coalici¨®n Canaria, lleve ahora un mes en el que todav¨ªa parece seguir buscando m¨¢s y m¨¢s apoyos para tomar unas medidas que tarde o temprano tendr¨¢ que tomar. Hasta ahora da la sensaci¨®n de que todo. lo hecho se ha limitado a una operaci¨®n de cosm¨¦tica. No sorprende, pues, que el gobernador del Banco de Espa?a condicione una posible bajada de los tipos de inter¨¦s a que "realmente" se tomen medidas fiscales y presupuestarias.

El primer puesto en el orden de prioridades del Ejecutivo lo ocupa-Maastricht. El objetivo es claro: se trata de cumplir los re quisitos de entrada para formar parte de la Uni¨®n Monetaria y Econ¨®mica (UME). Los objetivos fijados en la ciudad holandesa son buenos en s¨ª mismos; adem¨¢s, el que los cumplamos en el plazo previsto para la moneda ¨²nica es sumamente importante si queremos mantener nuestra credibilidad, estabilidad monetaria, minimizar los costes de la ya elevada deuda, atraer inversiones desde el exterior, eliminar gastos por meras transacciones, aumentar la competitividad y -no menos importante- mantener nuestro peso espec¨ªfico en la pol¨ªtica europea.

De todos los requisitos exigidos, quiz¨¢ el m¨¢s dif¨ªcil de cumplir sea el del d¨¦ficit p¨²blico, que se sit¨²a alrededor del 5,8% del PIB frente al 3% exigido. Es decir, en dos a?os el recorte ha de ser de dos billones de pesetas. ?C¨®mo lograrlo? Para el a?o en curso, el Ejecutivo ya ha anunciado un recorte de 0,2 billones. Preocupa, sin embargo, que pueda ser insuficiente, y que no se haya dicho de d¨®nde va a salir la tonsura. Salvo las insistentes declaraciones de que sanidad, educaci¨®n y pensiones no se van a tocar -en sus memorias, Winston Churchill recordaba que "no hay peor error en pol¨ªtica que el de alimentar falsas esperanzas para ser pronto barridas"-, nada m¨¢s sabemos de la poda. Otra reducci¨®n podr¨ªa venir por la v¨ªa financiera: si se rebajan los tipos de inter¨¦s en un punto, el ahorro en los intereses de la deuda ser¨ªa de unos 0,4 billones (aunque parece irresponsable apostar porque esta rebaja se produzca). Por ¨²ltimo, el Gobierno conf¨ªa en vender empresas p¨²blicas -las joyas de la corona: Telef¨®nica, Argentaria, Repsol y Endesa-, por 0,4 a 0,6 billones; es decir, una medida coyuntural que obvia los cambios estructurales necesarios. Pero incluso en el caso de que todo saliera seg¨²n lo planeado, los recortes podr¨ªan ser insuficientes debido a la ralentizaci¨®n econ¨®mica.

El 97, por tanto, ser¨¢ el a?o clave que habr¨¢ de medir nuestras posibilidades reales. Los Presupuestos habr¨¢n de ser muy restrictivos y ser¨ªa enormemente importante que la Oficina de Presupuestos dibujara, desde hoy mismo, sus l¨ªneas generales, preparando a la sociedad espa?ola a los ajustes. Esta oficina, dependiente directamente de Moncloa, es una de las novedades m¨¢s positivas que nos ha tra¨ªdo el equipo de Aznar. Su objetivo es el de velar porque el Presupuesto cumpla su verdadero objetivo, que no es otro que el de disciplinar la actividad financiera del Estado. Hasta ahora, y en especial durante el periodo 1989-92, en que se produjo una desviaci¨®n media de gastos de un 25%, el Presupuesto ha sido, m¨¢s que un arma contra el despilfarro, su principal valedor. Por tanto es bienvenida la creaci¨®n de una oficina que tiene al presidente del Gobierno como responsable ¨²ltimo de la subordinaci¨®n del Estado a los intereses econ¨®micos del pa¨ªs. Pero eso no es todo; si queremos que el d¨¦ficit no absorba todos nuestros futuros recursos debemos abordar de inmediato una reforma del sistema de pensiones. En la actualidad, en Espa?a, s¨®lo hay 1,8 contribuyentes por pensionista (proporci¨®n que en el futuro s¨®lo empeorar¨¢). El factor demogr¨¢fico podr¨ªa llevamos en pocos a?os a la quiebra del Estado. Hay quien afirma que si se crearan m¨¢s puestos de trabajo, el problema desaparecer¨ªa. Sin embargo, ni la hip¨®tesis m¨¢s optimista -y poco factible- de que se creen dos o tres millones de empleos podr¨ªa aliviar la enorme carga econ¨®mica a la que estamos abocados. S¨®lo una reforma radical del actual sistema podr¨ªa solucionar el problema de las pensiones de nuestros mayores. Sin embargo, los pol¨ªticos no s¨®lo no se responsabilizan de la situaci¨®n, sino que adem¨¢s declaran, una vez s¨ª y otra tambi¨¦n, su compromiso con el sistema p¨²blico de pensiones. A lo m¨¢s que se atreven es a pedir un desarrollo urgente del- Pacto de Toledo -poco importa que implique una reducci¨®n de las pensiones para intentar salvar lo insalvable.

La consideraci¨®n de que el actual sistema es un logro del modelo europeo de bienestar pesa sin duda en el ¨¢nimo de los espa?oles, que parecen exigir a los pol¨ªticos su mantenimiento. ?stos, por su parte, se plegan a sus demandas por miedo a perder votos y los medios de comunicaci¨®n no s¨®lo no hacen nada por reavivar el debate, sino que adem¨¢s rastrean las declaraciones de los pol¨ªticos en busca del m¨¢s m¨ªnimo desfallecimiento. La postura peca de dogm¨¢tica e ignora, siguiendo una inveterada -y muy negativa- costumbre espa?ola, lo que ocurre en el resto del mundo. La consecuencia es que el conocimiento que existe en Espa?a

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sobre las pensiones, las alternativas y sus efectos, es pr¨¢cticamente nulo. Pocos saben que el sistema de reparto desaparece d¨ªa a d¨ªa en el resto de los pa¨ªses europeos. Pocos saben que el sistema de capitalizaci¨®n, por el que se pretende sustituir gradualmente, ofrece sustanciosas ventajas para todos: para los futuros pensionistas porque reciben una pensi¨®n mayor de la proporcionada por el Estado; para la Administraci¨®n p¨²blica porque la gesti¨®n privada elimina los costosos cargos de su gerencia; para el Estado porque lo libera de una carga financiera abrumadora; y finalmente, para la econom¨ªa del pa¨ªs porque los fondos de pensiones aumentan exponencialmente las tasas de ahorro, abaratando el coste del dinero y favoreciendo su disponibilidad para la financiaci¨®n de empresas, aumentando como consecuencia el n¨²mero de puestos de trabajo. En contra del sistema privado de pensiones se aduce normalmente que el p¨²blico es un sistema m¨¢s solidario. Sin, embargo, es dif¨ªcil comprender c¨®mo un sistema que emplaza a generaciones no nacidas a pagar unas deudas cada vez mayores puede ser solidario.

Alguien ha de tener el valor suficiente para agarrar el toro por los cuernos y debatir con urgencia este tema hasta ahora tab¨² en la sociedad espa?ola.

Tambi¨¦n sobre las causas del desempleo existe una extendida ignorancia. Hay quien considera, seriamente, que el paro se debe a que el n¨²mero de puestos de trabajo es fijo y, por tanto, para estar todos activos, tenemos que repartirlos. Sin embargo, confunden la consecuencia con la causa del problema; nuestro mal est¨¢ en (que desde los a?os setenta no hemos creado empleo neto. Es precisamente esa incapacidad para crear nuevos puestos de trabajo lo que hace que ocupemos el dudoso honor de tener la tasa m¨¢s alta de paro del mundo occidental. Las innumerables trabas con que, el sector servicios se ha encontrado a lo largo de estos a?os explica en buena medida por qu¨¦ no se han creado. En Espa?a todav¨ªa existen demasiados sectores protegidos que imponen un freno a la actividad econ¨®mica. Desde los colegios profesionales, con sus elevadas tasas, a las telecomunicaciones, y desde, la legislaci¨®n del suelo a las trabas al comercio, los obst¨¢culos son innumerables, e insalvables en muchas ocasiones. Otro factor importante han sido los costes laborales, que han aumentado a?o tras ano por encima de la productividad, generando cada vez mejores condiciones para cada vez menos trabajadores. Las empresas han tenido que hacer reajustes, siempre insuficientes, y se han dedicado, cuando han podido, a sustituir personal por maquinaria. Por otra parte, el coste excesivo del despido ha hecho que los empresarios hayan sido reacios a la hora de contratar. Por ¨²ltimo, la escasa flexibilidad horaria, funcional y geogr¨¢fica impide que las empresas puedan utilizar sus recursos humanos de una forma eficiente.

Para corregir el primer aspecto, el de las barreras a la competitividad, el Gobierno Popular ya ha declarado su intenci¨®n de liberalizar el mercado del suelo, las telecomunicaciones, la energ¨ªa, y alg¨²n sector protegido, como, por ejemplo, el farmac¨¦utico. Es de desear que las buenas intenciones se vean respaldadas -?cuanto antes!- por medidas que lleguen hasta el fondo y eliminen en su totalidad los frenos a la libre competencia.

Los excesivos costes laborales y el abaratamiento del despido son objeto de la negociaci¨®n que se est¨¢ llevando a cabo entre sindicatos y patronal. El resultado final deber¨ªa ser un acuerdo por el que las partes se comprometan a promover la contrataci¨®n indefinida, con costes extrasalariales menores, a cambio de un despido m¨¢s econ¨®mico y menos judicializado y de un r¨¦gimen laboral mucho m¨¢s flexible. Sin embargo, si las posturas hasta ahora manifestadas por los sindicatos son algo m¨¢s que una mera t¨¢ctica intimidatoria, el acuerdo ser¨¢ poco menos que imposible. La postura del Gobierno es la de esperar a que las partes se pongan de acuerdo. Tal actitud es un principio encomiable, pero vistas las posiciones de unos y otros podr¨ªa tomar el cariz de un inquietante lavado de manos. Hace pocos d¨ªas, la Encuesta de Poblaci¨®n Activa se?alaba que ya son casi un mill¨®n las familias espa?olas en que ninguno de sus miembros cuento con trabajo. Ni ellos, ni Espa?a, pueden esperar indefinidamente. Si el acuerdo entre,sindicatos y patronal no se produce, el Ejecutivo tendr¨¢ que cumplir con su obligaci¨®n, que es la de gobernar. Buscar el m¨¢ximo consenso puede ser prudente; esperar indefinidamente posiblemente sea insensato.

Los retos que tiene planteados el nuevo Gobierno son abrumadores. Al esfuerzo para llegar al euro, y a la determinaci¨®n para acabar con el paro hay que a?adir aspectos no menos importantes, como son la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica y la necesidad, trascendental, de mejorar radicalmente la educaci¨®n universitaria. Mientras tanto, el mundo avanza, nuestros vecinos se adaptan a las nuevas exigencias, el reloj marca las horas y nosotros seguimos sin saber qu¨¦ va a quedar del primer mayo popular.