La investigaci¨®n sobre Galindo y el 'GAL verde' tropez¨® con un c¨²mulo de presiones y maniobras

"Usted me ha encargado una investigaci¨®n y la har¨¦ lo mejor que pueda y sepa. Soy polic¨ªa. No se preocupe". Margarita Robles, entonces viceministra de Interior sab¨ªa que pod¨ªa confiar en la palabra de Enrique de Federico P¨¦rez, de 51 a?os, con el que coincidi¨® en Barcelona cuando ella era presidenta de la Adiencia y el jefe superior de polic¨ªa. De Federico, actual comisario general de Polic¨ªa judicial, ha sido quien ha llevado desde marzo de 1995 el peso de la investigaci¨®n del caso Lasa-Zabala, en medio de fuertes presiones pol¨ªticas y sorteando m¨²ltiples maniobras encaminadas a torpedear las pesquisas que vinculan con el doble asesinato a guardias civiles que en 1983 estaban bajo el mando del general Enrique Rodr¨ªguez Galindo.

El juez Javier G¨®mez de Lia?o, en el auto de procesamiento dictado hace una semana contra Rodr¨ªguez Galindo, explica por qu¨¦ decretaba su ingreso en prisi¨®n. "Preocup¨® y mucho, y sigue preocupando, que el procesado por s¨ª mismo o con la ayuda de otros pueda ponerse en movimiento para hacer desaparecer rastros de los delitos investigados o lograr la ocultaci¨®n o destrucci¨®n de actuales fuentes de prueba y futuras pruebas de cargo", se?alaba."Se trata en consecuencia", a?ad¨ªa el juez, "de salvagaduardar" un material probatorio que ya se ve muy amenazado por ciertas maniobras no del todo extra?as al imputado [Rodriguez Galindo]".

El ex polic¨ªa Jos¨¦ Amedo fue quien dio ante el juez Baltasar Garz¨®n la primera pista sobre la suerte corrida por los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, secuestrados en octubre de 1983 en Bayona (Pa¨ªs Vasco franc¨¦s) y enterrados en cal viva en Alicante.

Detr¨¢s de su testimonio no hab¨ªa ni venganza de la polic¨ªa hacia la Guardia Civil ni ning¨²n intento de desviar la atenci¨®n del GAL azul hacia el GAL verde, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. El fiscal de1a Audiencia Nacional Ignacio Gordillo alert¨® a su compa?ero de Alicante, Ricard Cabedo, y ¨¦ste, a su vez, encarg¨® al inspector jefe Jes¨²s Garc¨ªa Garc¨ªa que averiguase si en la provincia se hab¨ªan encontrado dos cad¨¢veres enterrados en cal viva. Y los hab¨ªa. Sus esqueletos estaban olvidados desde hace 10 a?os en un caj¨®n del dep¨®sito mortuorio de Alicante.

Cuando la viceministra Robles encomend¨® al comisario De Federico y al general de la Guardia Civil Francisco de Fuentes el caso Lasa-Zabala, sab¨ªa que no ser¨ªa f¨¢cil. Desde marzo del a?o pasado, antiguos altos cargos de Interior han presionado a los mandos policiales intentando convencerles del "da?o" que podr¨ªan ocasionar a la Guardia Civil; falsos t¨¦cnicos de Telef¨®nica han intentado entrar en sus domicilios para colocar micr¨®fonos; algunos testigos y arrepentidos han sido estrechamente controlados por guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo a espaldas de su jefe, el teniente coronel Ignacio Laguna, y a varios de los 60 polic¨ªas que investigan el caso se les ha amenazado con divulgar dossieres sobre su vida privada.

La guerra de nervios encaminada a desbaratar la investigaci¨®n ha llegado al extremo de que polic¨ªas y funcionarios de la Audiencia Nacional han sufrido en su domicilios llamadas telef¨®nicas a horas intempestivas. Unas veces no hablaba nadie; otras, una voz an¨®nima les daba exacta informaci¨®n sobre sus hijos y otros aspectos de ¨ªndole familiar. Hace cuatro meses, la polic¨ªa advirti¨® al juez Baltasar Garz¨®n de la posible existencia en la Audiencia Nacional de un topo que alertaba a los sospechosos. El infiltrado no ha sido a¨²n descubierto.

El 24 de julio pasado, el ex contrabandista Pedro Luis Migu¨¦liz Dabadie, Txofo, acudi¨® a la Audiencia Nacional y relacion¨® ante el juez Carlos Bueren a sus antiguos amigos Enrique Dorado y Felipe Bayo, ambos expulsados de la Guardia Civil, con el caso Lasa-Zabala. Iba amparado en la Ley de Protecci¨®n de Testigos bajo el n¨²mero 2.345, pero fue descubierto en el acto. En cuanto regres¨® a San Sebasti¨¢n, varios guardias le esperaban para preguntarle qu¨¦ hab¨ªa contado al juez.

Txofo, a pesar de ir escoltado por polic¨ªas desde hace un a?o, ha sido controlado permanentemente por guardias civiles. A veces, cuando los escoltas han pedido explicaciones a los guardias, ¨¦stos han alegado que est¨¢n tras los pasos de Txofo para protegerle de un atentado de ETA. Hace dos semanas, Txofo recibi¨® una oferta de 50 millones m¨¢s un trabajo en el extranjero, quiz¨¢ con el fin de que sufra una repentina amnesia.

El pasado octubre, el Cesid estuvo a punto de enviar a Caracas al teniente Pedro G¨®mez Nieto, ex jefe de los Patas negras de Luis Rold¨¢n y antiguo presunto topo del coronel Juan Alberto Perote en Intxaurrondo. El teniente, ahora procesado por G¨®mez de Lia?o como presunto autor de dos asesinatos, parec¨ªa dispuesto a colaborar con la investigaci¨®n judicial. El entonces ministro de Justicia e In terior, Juan Alberto Belloch, y su viceministra Robles impidieron el traslado a Venezuela y dos o tres meses despu¨¦s volvieron a hacerlo cuando G¨®mez Nieto estaba ya liquidando sus bienes para irse a la Embajada de Espa?a en Bolivia. Belloch y Robles pensaban que habr¨ªa un esc¨¢ndalo si el oficial resultaba implicado en el caso Lasa-Zabala y se descubr¨ªa que estaba en el extranjero.