"Estoy dispuesto a denunciar al fiscal al que no me responda"

Algo desentona en el despacho barroco, escasamente iluminado, que ocupa el Defensor del Pueblo, en un palacete aleda?o al paseo de la Castellana en Madrid. Son varios carros met¨¢licos de supermercado. No est¨¢n llenos de galletas ni detergentes. Contienen pilas de carpetas con expedientes a la espera de ser firmados por Fernando Alvarez de Miranda, 72 a?os, que acaba de presentar ante el Parlamento el primer informe enteramente suyo sobre la actividad de la instituci¨®n que preside durante 1995.No tiene reparos en admitir que la maquinaria no est¨¢ suficientemente engrasada. "Entono el mea culpa. Es una espina que tengo clavada. Tardamos m¨¢s de lo que quisiera en contestar. Me gustar¨ªa hacerlo en el plazo m¨¢xim¨® de un mes. Criticamos a las administraciones y nosotros no somos lo suficientemente r¨¢pidos. Pero hay ocasiones en que nos llegan aut¨¦nticas avalanchas de peticiones. Si se hace un c¨¢lculo, con 15.000 expedientes al a?o creo que pongo m¨¢s firmas que el notario m¨¢s importante de Espa?a".

Pregunta. ?No cree que la figura del Defensor ha perdido relevancia? S¨®lo se habla de ¨¦l cuando presenta los informes y se debate en las Cortes. El resto del a?o, nada.

Respuesta. Habr¨¢ ciudadanos que piensan que es una instituci¨®n superflua, que no sirve para nada. Desde su perspectiva personal, quiz¨¢s han pensado en el Defensor Pueblo como una segunda instancia que podr¨ªa darles la raz¨®n cuando no la obtuvieron en los tribunales, y se sienten defraudados. Tambi¨¦n es verdad que las encuestas -casi me da verg¨¹enza decirlo- nos colocan despu¨¦s de la Corona como instituci¨®n m¨¢s valorada. Otros pensar¨¢n que nos mojamos poco.

P. ?Tienen motivos para mojarse Menos o es que no se arriesgan? Apenas interponen recursos de inconstitucionalidad.

R. Al crearse la figura del Defensor se estableci¨® ese procedimiento cuando hab¨ªa claramente una violaci¨®n de los derechos fundamentales, no cualquier derecho, aunque la ley lo permita. No se puede actuar de una manera ligera. Tiene que haber un fundamento serio.

P. ?En ninguna ocasi¨®n han estado tentados durante 1995?

R. Cuando se nos plante¨®, como en el caso del Estatuto de Ceuta, que recibimos 17.000 firmas, dudamos. Lo sometimos a dict¨¢menes de expertos constitucionalistas como el profesor Rubio Llorente, quien, tras un estudio exhaustivo, concluy¨® que no se hab¨ªa violentado el esp¨ªritu de la Constituci¨®n; que no hab¨ªa motivos para el recurso.

P. ?No ha advertido de oficio ning¨²n otro motivo recurrible?

R. Estuvimos a punto de hacerlo contra la Agencia Tributar¨ªa y el Ministerio de Hacienda. Lo estudiamos.

P. ?Ah s¨ª? Diga, diga.

R. Nos han llegado muchas denuncias de pobres mujeres que tras conflictos matrimoniales y muchas sentencias favorables en las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la puta rue, con perd¨®n. Eso es intolerable. Entonces empiezas a buscar a los responsables del tema y ves que los t¨ªos son tan listos que no hay manera de hacerles que paguen las pensiones.

P. ?La propuesta de crear un fondo de pensiones con cargo al Estado es para para frente a estas situaciones?

R. S¨ª. Hicimos una recomendaci¨®n al ministro de Econom¨ªa y Hacienda y a la Agencia Tributaria para que ordenaran a todas sus delegaciones mantener un criterio uniforme, y que todas -no como ahora, unas s¨ª y otras no- facilitaran a los jueces los datos fiscales de quienes tienen que pagar y no pagan. El anterior ministro nos rechaz¨® la recomendaci¨®n. Fue entonces cuando valoramos poner el recurso de inconstitucionalidad. La Agencia Tributar¨ªa nos dijo que ¨²nicamente facilitan a los jueces datos fiscales de aquellos individuos que supuestamente cometen delitos p¨²blicos, no delitos privados como un pleito entre c¨®nyuges, de naturaleza econ¨®mica importante. Se cerraron en banda. Pero no hemos abandonado. Voy a dar la batalla en las Cortes para que los diputados lo discutan.

P. En su informe es muy contundente al plantear la dudosa inconstitucionalidad de la Ley de Secretos Oficiales.

R. Nos preocupa profundamente que existan ¨¢reas de inmunidad para la tutela y la defensa efectiva de los ciudadanos. Esa forma de clasificar y desclasificar secretos oficiales [informes del Cesid] por parte de la Junta de Jefes de Estado Mayor o el Consejo de Ministros puede colisionar con el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso les decimos a los se?ores diputados: est¨²dienla, puede haber alg¨²n rasgo de inconstitucional¨ªdad.

P. El actual Gobiemo le ha cogido r¨¢pidamente el guante.

R. Los ministros de Interior, de Justicia y las fuerzas de la oposici¨®n quieren estudiar el problema. Me consta que est¨¢n haciendo estudios comparados.

P. Todos los pa¨ªses mantienen ¨¢reas reservadas por razones de seguridad ?D¨®nde est¨¢ el l¨ªmite? ?Qu¨¦ ¨®rgano deber¨ªa tener depositada la tutela del secreto?

R. No puedo pronunciarme. Es una decisi¨®n que deben tomar los legisladores.

P. Pero s¨ª puede manifestar su opini¨®n personal.

R. Tendr¨ªa que existir una comisi¨®n parlamentaria reducida que tuviera acceso a los secretos o una comisi¨®n judicial.

P. ?Cu¨¢l de las dos f¨®rmulas prefiere?

R. En Estados Unidos existe una comisi¨®n en la Corte Suprema que tiene acceso a esas materias reservadas y determina su clasificaci¨®n o desclasificaci¨®n al cabo de los a?os. Personalmente me inclino por la comisi¨®n parlamentar¨ªa, sin quitarle m¨¦rito al poder judicial.

P. Su informe incluye por primera vez un listado de instituciones que se han negado a contestar sus requerimientos. Figuran peque?os ayuntamientos y otros no tan peque?os, como el de Marbella.

R. Y el de Madrid. Tiene expedientes pendientes de respuesta despu¨¦s de tres o cuatro requerimientos. No puede ser. Hay que tomar alguna medida.

P. ?Qu¨¦ puede hacer?

R. En el nuevo C¨®digo Penal se ha incluido como delito de desobediencia no contestar al requerimiento del Defensor [se castiga con la pena de suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico entre seis y dos a?os]. Hasta ahora no lo hemos utilizado. Yo estoy dispuesto a utilizarlo si alg¨²n ayuntamiento, por muchas campanillas que tenga, tarda en contestamos, como hace ahora, uno o dos a?os. Lo denunciar¨¦ al fiscal en el supuesto de que no nos contesten.

P. En la anterior legislatura el Gobierno socialista se comprometi¨® a responder a su informe. ?Se mantiene ese compromiso?

R. En la visita protocolaria que hice al presidente Aznar y al vicepresidente ?lvarez Cascos les record¨¦ ese compromiso. Me han dicho que lo respetar¨¢n. Yo espero que me contesten al cabo de tres meses, a partir de la defensa del informe ante las C¨¢maras que se producir¨¢ en septiembre.

P. Parece que han remitido las quejas por malos tratos y las derivadas del uso de lenguas no castellanas.

R. Existe una conciencia generalizada sobre los derechos humanos. Han disminuido las actuaciones de oficio porque se respetan razonablemente. En el tema de las lenguas siguen produci¨¦ndose quejas por el sistema de ense?anza, pero remiten desde el fallo del Constitucional. Parece que se va asimilando por los castellanoparlantes que deben aprender las lenguas de los territorios donde residen.

P. Se rumorea que si la Adjunta Primera del Defensor, Margarita Retuerto, deja el puesto para ocuparse de una vocal¨ªa en el Consejo General del Poder Judicial, ser¨ªa sustituida por Manuel Aznar, hermano del presidente del Gobierno.

R. Aznar y los otros jefes de ¨¢rea o los 40 asesores conocen la casa mejor que nadie, pero no me he planteado la sustituci¨®n de Margarita. Es prematuro hacerlo al haberse retrasado la constituci¨®n del Consejo. En todo caso, hay varios candidatos como Aznar, cuyos nombres tendr¨ªa que consensuar con la comisi¨®n mixta del Parlamento, como lo est¨¢n haciendo con los nombramientos para el poder judicial.