?Quien compra?

EL PROGRAMA de privatizaciones aprobado ayer por el Consejo de Ministros tiene escasa concreci¨®n, alguna perogrullada y cuantiosas sombras. La expectaci¨®n despertada en su derredor ha sido grande. No en balde le ha precedido una fanfarria medi¨¢tica cercana a la propaganda, que en busca de referencias hist¨®ricas no ha vacilado en remontarse hasta la desamortizaci¨®n de Mendiz¨¢bal. Y todo ello por una declaraci¨®n m¨¢s bien gen¨¦rica, que se inscribe en una direcci¨®n seguida en toda Europa y ya iniciada por los socialistas, si bien con excesiva cautela. Al igual que el plan de medidas fiscales adoptado recientemente, la distancia entre la realidad. del producto final y la ret¨®rica previa es considerable. Y en ambos casos se han dado pasos de apertura de unos procesos cuyo alcance y calendario espec¨ªficos siguen siendo un misterio.El ministro de Econom¨ªa hab¨ªa anunciado hace apenas dos d¨ªas que los planes de privatizaci¨®n del Gobierno incorporar¨ªan rasgos diferenciales claros respecto de las decisiones pr¨ªvatizadoras del Gobierno anterior. De lo conocido ayer tras el Consejo de Ministros no se deduce una estrategia distinta en lo fundamental. M¨¢s all¨¢ de consideraciones sobre si tiene sentido que el Estado participe en tal o cual empresa, el objetivo primordial de la venta de estos activos p¨²blicos sigue siendo alimentar con urgencia las arcas p¨²blicas para reducir el d¨¦ficit y f¨¢cilitar as¨ª el cumplimiento en 1997 de los criterios de convergencia para la uni¨®n monetaria europea.

El Gobiern¨®, que llama a su plan con el muy eufem¨ªstico nombre de Programa de. Modernizaci¨®n del Sector P¨²blico Empresarial del Estado, anuncia una redistribuci¨®n -innecesaria por obvia- de las empresas p¨²blicas en cuatro grupos en funci¨®n de sus posibilidades reales de venta. El Estado vender¨¢ primero las empresas rentables (Argentaria, Repsol) que se mueven en sectores abiertos a la competencia. Un segundo grupo exige medidas desreguladoras antes de proceder a su privatizaci¨®n (ENDESA). Un tercer paquete de empresas (Iberia) necesita consolidaci¨®n antes de privatizarlas. Y un cuarto -que sin duda el Gobierno desear¨ªa enajenar- no se puede vender ni cerrar por cuestiones sociales (Hunosa, Santa B¨¢rbara) o por el servicio que prestan (Renfe). En estos casos se trata de favorecer una gesti¨®n que reduzca las ayudas p¨²blicas. Hasta aqu¨ª, y desde una ¨®ptica de adelgazamiento del Estado, todo muy razonable.

Ahora bien, aunque este proceso de privatizaci¨®n se someta a diversos controles -incluido un Consejo Consultivo de Privatizaciones, como si el Gobierno no se fiara de s¨ª mismo-, persisten demasiados puntos oscuros. Parece claro, por indicios que ha dado el Ejecutivo de Aznar en sus primeras semanas y por los movimientos de los grandes grupos financieros, industriales y bancarios en los ¨²ltimos meses, que el Gobierno tiene una idea propia del orden industrial que pretende favorecer. Es razonable que fomente que los bienes enajenados, a- menudo estrat¨¦gicamente importantes, permanezcan en manos espa?olas. Pero a este respecto tambi¨¦n resulta relevante que se tomen precauciones para evitar, por un lado, una abusiva concentraci¨®n del poder econ¨®mico, y, por otro, que se acumulen excesivos riesgos en el negocio bancario, que ya ha proporcionado a este pa¨ªs excesivos sobresaltos. Debe erradicarse, por lo dem¨¢s, toda presunci¨®n de que los nombramientos en empresas p¨²blicas y las ventas de sus acciones favorecen a determinados grupos. La raz¨®n econ¨®mica -esto es, la fortaleza de las empresas- debe imponerse sobre cualquier tentaci¨®n clientelar.

?l proceso tiene importancia suficiente como para hacer indispensable su debate en el Parlamento. Los contribuyentes han de disponer en todo momento de garant¨ªas de que, junto a la transparencia del proceso de privatizaci¨®n de las empresas consideradas como las joyas de la corona, tambi¨¦n se arbitrar¨¢n soluciones para aquellas de las que la iniciativa privada no quiere saber nada. Es de esperar que la desamortizac¨ª¨®n anunciada sea algo m¨¢s que una precipitada venta de lo mejor del patrimonio p¨²blico s¨®lo para cuadrar las cuentas de 1997.