El Gobierno rechazar¨¢ la 'deuda hist¨®rica' de las autonom¨ªas con el nuevo sistema de financiaci¨®n

El Gobierno pretende hacer borr¨®n y cuenta nueva con la entrada en vigor del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. El Ejecutivo rechazar¨¢ con su aplicaci¨®n, a partir de 1997, reivindicaciones como la deuda hist¨®rica, procedentes de Andaluc¨ªa y Extremadura, cifradas en 25.000 millones y 5.000 millones, respectivamente, y que considera una "mala herencia" de la etapa socialista. Su pretensi¨®n es que la cesi¨®n del 30% del IRPF y la capacidad normativa responsabilice a las comunidades de su gesti¨®n y desaparezca la pol¨ªtica de subvenciones extraordinarias.

Esta decisi¨®n se encuadra dentro de los criterios que sobre pol¨ªtica auton¨®mica mantiene el Ejecutivo.El Gobierno afronta ahora un doble reto: la negociaci¨®n presupuestaria y la del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Ambas negociaciones tienen como plazo el pr¨®ximo 30 de septiembre. El Ejecutivo ya ha finalizado la primera ronda de conversaciones sobre el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica con los consejeros de Hacienda de las comunidades, tras la reuni¨®n que los secretarios de Hacienda, Juan Costa, y de Administraci¨®n Territorial, Jorge Fern¨¢ndez, mantuvieron ayer con los consejeros de Canarias y Castilla La Mancha.

El Ejecutivo que dirige Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar tiene ahora por delante un proceso complica do de negociaci¨®n por la dificultad de aunar los intereses de las 17 comunidades y por disponer de un plazo de tiempo limitado.

El Gobierno del PP pretende pactar el nuevo sistema, pero, si no hay acuerdo, lo impondr¨¢ por mayor¨ªa en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. En sus conversaciones con los representantes de las comunidades aut¨®nomas ha mantenido los criterios pactados con Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) en el pasado mes de abril: cesi¨®n del 30% del Impuesto de la Renta sobre las Personas F¨ªsicas (IRPF), con topes m¨ªnimos, con capacidad normativa en la medida que las comunidades asuman todas las competencias b¨¢sicas. En el caso de las comunidades de v¨ªa lenta (aquellas cuyo Estatuto de Autonom¨ªa est¨¢ regulado en el art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n), estas transferencias no se completar¨¢n hasta 1998.

Su capacidad de maniobra con las regiones no afectadas por el pacto, esto es, las tres gobernadas por los socialistas -Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa y Extremadura-, y las m¨¢s reticentes, se est¨¢ limitando a la nivelaci¨®n de servicios y a los criterios de la participaci¨®n de las comunidades en los ingresos del Estado (PIE).

Costa y Fern¨¢ndez han manifestado a los representantes socialistas de Andaluc¨ªa y Castilla La Mancha su intenci¨®n de negociar un acuerdo de integraci¨®n en el nuevo sistema, que Extremadura rechaza de antemano. El acuerdo no es f¨¢cil. Andaluc¨ªa ha puesto sobre la mesa la reclamaci¨®n de la cesi¨®n de los impuestos especiales que el Gobierno va a concertar con el Pa¨ªs Vasco, seg¨²n los pactos de abril entre el PP y PNV.

Pero el Gobierno del Partido Popular no parece dispuesto a generalizar esta concesi¨®n en la medida que el Pa¨ªs Vasco dispone de un r¨¦gimen econ¨®mico especial, reconocido por la Constituci¨®n y por la tradici¨®n foral vasca.

El Ejecutivo trata ahora de aunar las posiciones de las comunidades menos ricas, incluidas las socialistas, con el mantenimiento de los actuales criterios de participaci¨®n en los ingresos del Estado ante el desaf¨ªo que han lanzado las autonom¨ªas del arco mediterr¨¢neo -Catalu?a, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares- de que se var¨ªen los criterios a favor de la poblaci¨®n. La diferencia es de un 95% a un 65% del PIE, seg¨²n las fuentes consultadas.