Trabajo reforzar¨¢ el control de las prestaciones de la Seguridad Social en las que se registra m¨¢s fraude

Las 29 medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en la Seguridad Social aprobadas ayer por el Consejo de Ministros son, en gran parte, actuaciones ya previstas en la legislaci¨®n actual que no se utilizan en su integridad y que se quieren endurecer. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo es reforzar el control de las prestaciones por incapacidad y los. complementos de m¨ªnimos de pensiones, y garantizar que quienes los cobran no cometen fraude. Asimismo, crear¨¢ una unidad especial en la inspecci¨®n para prevenir, controlar y sancionar el trabajo ilegal o fraudulento de menores de 16 a?os.

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, asegur¨® ayer que el plan aprobado por el Gobierno se someter¨¢ a discusi¨®n en el seno de la Ponencia parlamentaria que debe desarrollar el Pacto de Toledo sobre pensiones y tambi¨¦n en la mesa de di¨¢logo sobre protecci¨®n social constituida por el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Tambi¨¦n se informar¨¢ de ¨¦l a la Conferencia de Asuntos Sociales y de Seguridad Social, que se constituir¨¢ este mes con todas las comunidades aut¨®nomas. Arenas quiere que todas las autonom¨ªas y ayuntamientos tengan "conciencia clara" de sus obligaciones con el sistema p¨²blico. Seg¨²n el ministro, "es injusto que la Seguridad Social sea lo ¨²ltimo que se paga o lo primero que no se paga".Por ello, uno de los frentes es la lucha contra la morosidad, que en estos momentos suma 1,3 billones de pesetas. Cuando los deudores sean las comunidades aut¨®nomas las diputaciones, los cabildos, ayuntamientos u otras entidades p¨²blicas, el procedimiento de control ser¨¢ as¨ª: se retendr¨¢ a favor de la Seguridad Social las cuotas que adeuden de las transferencias que reciben del Estado.

Para las empresas morosas, el Gobierno ha decidido dar efectividad a medidas aprobadas por el PSOE que apenas se aplican ¨²nicamente podr¨¢n obtener subvenciones, bonificaciones, exenciones y deducciones las empresas que est¨¦n al corriente de pago en la fecha de su concesi¨®n. Tambi¨¦n prev¨¦ la p¨¦rdida autom¨¢tica de las subvenciones recibidas con anterioridad.

El ministro Arenas precis¨® ayer que esa medida no pretende agravar las dificultades de las empresas que negocian convenios de aplazamiento en el pago de cuotas. Se dirigen "contra las empresas que no aplazan sus cuotas ni tienen intenci¨®n de pagar a la Seguridad Social".

La lucha contra el fraude pone el acento en las prestaciones donde se presume que hay mayores irregularidades. Se trata de la incapacidad temporal y permanente, donde se pretende garantizar su correcta percepci¨®n y donde se generalizar¨¢ la implantaci¨®n urgente de los Equipos de Valoraci¨®n de Incapacidad. Tambi¨¦n se reforzar¨¢ el control de los perceptores de complementos de m¨ªnimos -los cobran quienes han cotizado cantidades insuficientes para llegar a la pensi¨®n m¨ªnima contributiva, sobre todo del r¨¦gimen de aut¨®nomos-. Esta partida cuesta cada a?o 500.000 millones de pesetas a la Seguridad Social, que en coordinaci¨®n con Hacienda y las autonom¨ªas quiere obtener puntual informaci¨®n sobre la renta y otros ingresos de beneficiarios de los complementos de m¨ªnimos.

En relaci¨®n a otras prestaciones contributivas, se estrechar¨¢ la vigilancia de los perceptores de la prestaci¨®n familiar; y de las defunciones y los matrimonios de beneficiarios de pensiones de viudedad para darles inmediatamente de baja. Asimismo se revisar¨¢n las incompatibilidades entre prestaciones y actividad laboral.

Para el pago correcto de las cotizaciones se recurre a mecanismos utilizados en los ¨²ltimos a?os. La Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social realizar¨¢ medidas selectivas en las empresas y sectores con indicios de fraude; se reforzar¨¢n las Unidades de Recaudaci¨®n Efectiva (URE) y de sus recursos humanos, y se actualizar¨¢ la responsabilidad empresarial respecto al pago de prestaciones cuando no exista alta o cotizaci¨®n.

El cruce de bases de datos inform¨¢ticos, tambi¨¦n anunciado por el anterior Gobierno, ser¨¢ aplicado para el seguimiento de las pensiones no contributivas y de las distintas subvenciones que reciben las empresas. En este ¨²ltimo caso se prev¨¦ crear un ¨®rgano espec¨ªfico de control de subvenciones, reforzando los recursos humanos adscritos a ¨¦l y mejorando la formaci¨®n de los equipos de seguimiento. En las prestaciones por desempleo, se persigue la plena aplicaci¨®n de los requisitos vigentes (carencia de rentas, oferta adecuada de empleo o acci¨®n formativa) para el reconocimiento del derecho al subsidio, as¨ª como un control de beneficiarios a trav¨¦s de su presencia en las oficinas del Inem, los cruces de bases de datos y el seguimiento de las pol¨ªticas activas para reforzar la reincorporaci¨®n al mercado de trabajo.

Comit¨¦s europeos

El proyecto de ley sobre derechos de informaci¨®n y consulta en las empresas y grupos de empresas de dimensi¨®n comunitaria recibi¨® ayer la luz verde definitiva del Consejo de Ministros, que aprob¨® remitirlo al Parlamento para su aprobaci¨®n. La norma cuenta con el dictamen favorable del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) y, en consecuencia, de los agentes sociales y econ¨®micos que lo integran. Tambi¨¦n fue abordada en la reuni¨®n celebrada el pasado 15 de mayo entre el Presidente del Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT por ser uno de los temas incluidos en el listado del di¨¢logo social.La previsi¨®n del Gobierno es que cerca de un millar de empresas deber¨¢n constituir los comit¨¦s europeos. Su cometido es constituirse en v¨ªa de informaci¨®n y consulta sobre las circunstancias que afecten a la situaci¨®n econ¨®mica o financiera de la compa?¨ªa, el empleo o los despidos colectivos. El proyecto de ley que ahora ha de aprobar el Parlamento debe ser aplicado en las empresas que tengan como m¨ªnimo una plantilla de 1.000 trabajadores y que en, por lo menos, dos Estados miembros de la Uni¨®n Europea tengan m¨¢s de 150 trabajadores.