Privatizar Telemadrid, un paso atr¨¢s

La orientaci¨®n liberal y conservadora del Partido Popular ha tenido un exponente m¨¢s que significativo en la Comunidad de Madrid con la aprobaci¨®n del proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa, que permitir¨¢, si no se produce un cambio en la actitud de CiU, la privatizaci¨®n de Telemadrid una vez que las Cortes Generales voten favorablemente las propuestas de modificaci¨®n de la Ley de Terceros Canales, la Ley de Radiodifusi¨®n y Televisi¨®n y la Ley de Televisiones Privadas.Esa decisi¨®n suscita una primera reflexi¨®n: ?es razonable que el Estado renuncie a garantizar el acceso de la pluralidad pol¨ªtica y social que representa a los medios audiovisuales? ?Que renuncie a promover la cuItura, a extender conocimientos, a garantizar la objetividad informativa en esos medios? ?Puede la sociedad prescindir. de instrumentos de comunicaci¨®n controlados democr¨¢ticamente, mediante ¨®rganos emanados de la voluntad popular, que garanticen el derecho a la informaci¨®n a todos los ciudadanos? La respuesta a esos tres interrogantes parece obvia: no.

Ello no significa que solamente deban existir las cadenas p¨²blicas de televisi¨®n, sino que han de convivir ambas opciones y que los poderes emanados de la voluntad popular deben prestar una especial atenci¨®n a las televisiones p¨²blicas, como garant¨ªa de la convivencia democr¨¢tica.

En la Uni¨®n Europea rige un sistema mixto, de concurrencia, en el que coexisten ambos modelos, y no es casual que ning¨²n pa¨ªs europeo y ninguna regi¨®n con televisi¨®n propia haya renunciado a la televisi¨®n p¨²blica. Mientras eso ocurre en los pa¨ªses de nuestro entorno, Madrid puede pasar a la historia como la primera regi¨®n europea que privatiza una televisi¨®n p¨²blica.

Respecto a los contenidos, el valor esencial de las televisiones p¨²blicas frente a las privadas es la diferencia. Diferenciarse es ofrecer calidad, programar productos alternativos y ejercer una funci¨®n de servicio p¨²blico que, de no existir televisi¨®n p¨²blica, el espectador s¨®lo encontrar¨ªa en las televisiones de pago o en los canales tem¨¢ticos, campos estrechamente vinculados a la expansi¨®n del cable y sobre los cuales debatiremos, sin duda, en los pr¨®ximos meses.

La ¨²ltima reflexi¨®n est¨¢ vinculada a la necesidad de mantener y extender el Estado de bienestar. La televisi¨®n p¨²blica forma parte de las prestaciones de un Estado que, constitucionalmente, debe promover la educaci¨®n, la cultura y la informaci¨®n veraz y objetiva.

Tales reflexiones nos llevan a concluir que la operaci¨®n iniciada por el Gobierno del PP en Madrid no conduce sino a hurtar a los madrile?os un medio de comunicaci¨®n regional consolidado con capital p¨²blico para transferirlo a la iniciativa privada, que lo convertir¨¢, de servicio p¨²blico, en negocio, sin que existan claras expectativas de control democr¨¢tico por parte de los representantes de la ciudadan¨ªa de Madrid ni sobre sus contenidos ni sobre la objetividad de la informaci¨®n que se emita.

Con la iniciativa del PP no se trata (le reforzar el sistema mixto que establece nuestra legislaci¨®n en materia de radiodifusi¨®n y televisi¨®n. El objetivo de, los conservadores es crear una televisi¨®n privada sobre las cenizas de Telemadrid.

La "modernidad" que preconiza Ruiz-Gallard¨®n va contra los criterios m¨¢s recientes -m¨¢s modernos- que prevalecen en la Uni¨®n Europea. Y Ruiz-Gallard¨®n sabe que una televisi¨®n auton¨®mica de car¨¢cter privado supone, en primer t¨¦rmino, un negocio. En segundo, y como consecuencia del anterior, un paso atr¨¢s de incalculables consecuencias en la programaci¨®n: m¨¢s telebasura y menos calidad. El riesgo de que Telemadrid acabe subsumi¨¦ndose en alguna de las grandes cadenas privadas existentes no parece, en absoluto, desde?able.