Gobierno y ONG

RACIONALIZAR LA ayuda espa?ola al desarrollo parece razonable. Especialmente cuando en pocos a?os -en 1981 ¨¦ramos un pa¨ªs a¨²n oficialmente considerado como receptor de ayuda exterior- se ha pasado de cero a mover grandes sumas de dinero, aunque sean a¨²n insuficientes. Pero habr¨¢ que cuidar que la reestructuraci¨®n no quiebre una din¨¢mica que contribuye a reforzar la sociedad civil en un pa¨ªs tan necesitado de ello. Racionalizar no puede tampoco significar incumplir unos compromisos aprobados por la pr¨¢ctica unanimidad del Parlamento en 1992 y reiterados muchas veces despu¨¦s y en todos los programas de la pasada campa?a electoral para llegar gradualmente a una ayuda oficial al desarrollo del 0,7% del PIB en el a?o 2000.En contra de este compromiso, el Gobierno -seg¨²n anunci¨® el secretario de Estado de Cooperaci¨®n Internacional- se propone reducir el conjunto del presupuesto de la cooperaci¨®n entre un 5% y un 10%. Esto no significa necesariamente recortar las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte de Asuntos Exteriores. En tiempos de recortes presupuestarios, la ayuda al desarrollo es candidata de primera fila a la poda. Se sab¨ªa. Por ello no se ten¨ªan que haber prometido imposibles.

La racionalizaci¨®n que introduce ahora el Gobierno a trav¨¦s de la orden ministerial publicada ayer en el BOE pretende que las actividades de las ONG en el exterior se nutran como m¨¢ximo de un 80% de fondos p¨²blicos (el anterior l¨ªmite del 80% se refer¨ªa s¨®lo a la aportaci¨®n de Asuntos Exteriores) y reducir las subvenciones dedicadas a los gastos administrativos de estos proyectos. A la vez, se busca un mayor control sobre estas organizaciones -auditor¨ªas externas, cumplimiento de contratos, etc¨¦tera- y se establece un periodo de prueba de cinco a?os para las nuevas entidades antes de poder licitar a las subvenciones.

Es ¨¦ste un sector poco regulado por definici¨®n, pero que bien merece un mayor control y seguimiento para evitar que las ONG sirvan de tapadera para otras actividades y que algunas sudan sin m¨¢s objetivo que financiar a sus cuadros. En otros pa¨ªses se exige un m¨ªnimo de afiliados con contribuciones regulares. Aqu¨ª falta el siempre aplazado registro de ONG. El Gobierno se propone reducir dr¨¢sticamente el n¨²mero de ONG a las que se va a subvencionar con el fin de ir a unas organizaciones grandes. Tal estrategia no garantiza nada, pues tantas irregularidades o m¨¢s puede haber en asociaciones grandes, como se demostr¨® en el caso de una muy particular como es la Cruz Roja.

En Espa?a est¨¢ a¨²n pendiente la aprobaci¨®n de una ley de la cooperaci¨®n exterior que permita poner orden en esta actividad. Merece un debate parlamentario en profundidad, y debe complementar la ley del voluntariado aprobada por unanimidad en el ¨²ltimo pleno de la anterior legislatura. Falta tambi¨¦n dise?ar un sistema de incentivos fiscales para donaciones a esta ayuda y reducir su dependencia de las arcas p¨²blicas. El Estado no debe ser neutro ante este movimiento. Pero tampoco debe dirigirlo. Menos a¨²n con intenciones pol¨ªticas. Por eso hay que vigilar que ciertos amiguismos no sean sustituidos por otros. Tampoco deber¨ªa aprovecharse Exteriores de la debilidad de un departamento de Comercio que ha perdido su rango ministerial para imponer su parecer en un campo que rebasa a la diplomacia.