Nada mod¨¦lico
LAS EXPLICACIONES dadas ayer en el Parlamento por el ministro del Interior sobre la expulsi¨®n de 103 inmigrantes ilegales de Melilla llegan tarde. ?l mismo reconoci¨® que se ha producido una alarma social muy considerable. Jaime Mayor Oreja tiene el m¨¦rito de haber reconocido que la operaci¨®n de la polic¨ªa no fue precisamente mod¨¦lica y de haber abordado este espinoso caso con su tradicional buen tono. Pero m¨¢s all¨¢ su relato presenta puntos oscuros y, sobre todo, no concluye con ninguna responsabilidad, salvo la que gen¨¦ricamente asumi¨® ¨¦l mismo.La descripci¨®n que Mayor Oreja hizo de los hechos, apoy¨¢ndose en la investigaci¨®n interna que ha realizado su departamento, no resulta convincente. No coincide con otras versiones dadas por el Defensor del Pueblo, y probablemente no agote la pol¨¦mica. No est¨¢ claro a¨²n si algunos de estos inmigrantes -cuatro, seg¨²n el Defensor del Pueblo; varias decenas, seg¨²n la Comisi¨®n de Ayuda a los Refugiados- hab¨ªan solicitado asilo pol¨ªtico, lo que habr¨ªa obligado a una tramitaci¨®n diferente. En todo caso, los nuevos inmigrantes ilegales ya han aprendido la lecci¨®n: muchos de ellos est¨¢n solicitando asilo pol¨ªtico. Ante esta presi¨®n, y como punto de partida, deben respetarse y aplicarse las leyes, tanto la de Extranjer¨ªa como la de Asilo. Y si las leyes no sirven habr¨¢ que cambiarlas -siempre desde el respeto a la Constituci¨®n-, pero nunca violarlas o ignorarlas.
El ministro asegur¨® que se cumpli¨® la ley y se respetaron los procedimientos. Pero, a t¨ªtulo de ejemplo, resulta poco cre¨ªble que 103 expedientes abiertos a t¨ªtulo -individual se resolvieran en 48 horas con id¨¦ntica resoluci¨®n para todos ellos. El ministro reconoce que dos de los cinco vuelos en que fueron repatriados los inmigrantes llevaban a bordo alhoperidol, un sedante de efecto leve y autorizado por el Ministerio de Sanidad. Persisten las dudas, sin embargo, sobre la forma en que se utiliz¨® y si hubo prescripci¨®n m¨¦dica. Tampoco ha quedado claro de d¨®nde sali¨® el dinero para pagar 250.000 pesetas por cada uno de los 19 inmigrantes repatriados a Mal¨ª, a petici¨®n del Gobierno de este ¨²ltimo pa¨ªs, lo que puede suponer un peligroso -y oneroso- precedente. De nuevo el secretismo de los fondos reservados impide una explicaci¨®n m¨¢s clara.
La posici¨®n espa?ola es en esta materia muy delicada, por su condici¨®n de frontera de la Uni¨®n Europea y porque se encuentra, adem¨¢s, en la ruta tal vez m¨¢s frecuentada por la inmigraci¨®n ilegal, la que conduce desde el ?frica subsahariana hacia el coraz¨®n de Europa. Detr¨¢s de la actuaci¨®n del Gobierno espa?ol pueden adivinarse tambi¨¦n presiones de Par¨ªs para aplicar una mayor dureza frente a una inmigraci¨®n que a menudo atraviesa nuestro pa¨ªs para Instalarse en territorio franc¨¦s. En todo caso, queda claro que Espa?a tiene un problema en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, excesivamente permeable e infradotada de medios de control. En este terreno s¨ª que urge que el Gobierno mejore la situaci¨®n.
El desarrollo de los hechos demuestra que es falsa la afirmaci¨®n del presidente Aznar de que "hab¨ªa un problema y se ha solucionado". No siempre la v¨ªa expeditiva es la m¨¢s eficaz, y menos cuando est¨¢n en juego derechos fundamentales de las personas, sea cual sea su nacionalidad. Con este episodio, m¨¢s que sentar las bases para un mejor control de la inmigraci¨®n ilegal, el Gobierno puede haber alentado algunas tendencias racistas y xen¨®fobas en nuestra sociedad, como denunciaron ayer portavoces de la oposici¨®n y tambi¨¦n de partidos que apoyan a la mayor¨ªa gubernamental. Y esto, a la postre, es lo m¨¢s preocupante de todo este feo asunto.
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