El fiscal Rubira desobedece a Granados y pide que el general Galindo siga en la c¨¢rcel

El fiscal Pedro Rubira desobedeci¨® ayer las ¨®rdenes del fiscal general del Estado, Carlos Granados, y solicit¨® el mantenimiento de la prisi¨®n preventiva para el general. Enrique Rodr¨ªguez Galindo, procesado por secuestro, torturas y asesinato en el caso Lasa-Zabala. Rubira mantuvo esta posici¨®n en la vista de apelaci¨®n, celebrada a puerta cerrada, de los recursos presentados contra los autos de prisi¨®n por el general y otros tres procesados en la misma causa, Pedro G¨®mez Nieto, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. El tribunal se pronunciar¨¢ previsiblemente hoy sobre el caso.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, hab¨ªa ordenado por escrito a Rubira que no se opusiera a la libertad bajo fianza de Galindo. En el escrito se alud¨ªa a ¨®rdenes verbales del fiscal general del Estado y se interesaba de Rubira que mantuviera en la vista de los recursos una posici¨®n favorable a la libertad bajo fianza del general.Rubira s¨®lo cumpli¨® la orden en parte, Tras mantener que Galindo debe permanecer en prisi¨®n preventiva por existir indicios de que ha intervenido en delitos muy graves, que tienen se?alada pena superior a los 30 a?os de prisi¨®n, el m¨¢ximo previsto en la legislaci¨®n espa?ola, el fiscal sugiri¨® que si el tribunal se decanta por la libertad provisional se le imponga al procesado una fianza.

El fiscal, como argumento de su petici¨®n alternativa, ley¨® el p¨¢rrafo segundo del art¨ªculo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: "No obstante lo dispuesto en el art¨ªculo anterior, aunque el delito tenga se?alada pena superior a la de prisi¨®n menor [entre seis meses y seis a?os], cuando el inculpado carezca de antecedentes penales o ¨¦stos deban considerarse cancelados y se pueda creer fundadamente que no tratar¨¢ de sustraerse a la acci¨®n de la justicia y, adem¨¢s, el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio donde el Juez o Tribunal que conociere de la causa ejerce su jurisdicci¨®n, podr¨¢n ¨¦stos acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado".

Argucia

Rubira utiliz¨® una argucia jur¨ªdica que le permite el art¨ªculo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, aunque no consta que lo invocara expresamente en la vista. El citado precepto se?ala: "El fiscal que reciba una orden o instrucci¨®n concerciente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos espec¨ªficos, deber¨¢ atenerse a las mismas en sus dict¨¢menes, pero podr¨¢ desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia".No obstante, si los superiores de Rubira, Jos¨¦ Aranda, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, o Carlos Granados, fiscal general del Estado, o la inspecci¨®n fiscal considerasen que las ¨®rdenes han sido incumplidas, podr¨ªan exigirle responsabilidad disciplinaria por falta muy grave prevista en el art¨ªculo 62.1 del mismo estatuto, "el incumplimiento de las ¨®rdenes recibidas en la forma establecida".

Este peri¨®dico intent¨® ayer, sin ¨¦xito, ponerse en contacto con Aranda y Granados para recabar su versi¨®n de los hechos. La intervenci¨®n de Rubira en la vista se inici¨® con la petici¨®n de que se acumulen los recursos de Galindo y sus subordinados contra el auto de prisi¨®n y los de procesamiento, aunque no solicit¨® la suspensi¨®n del acto. Para el fiscal, ambos autos est¨¢n relacionados y, de hecho, en el de procesamiento se confirma el de prisi¨®n, dictado con anterioridad. El fiscal adujo como precedente que esa acumulaci¨®n se hizo en el caso de Rafael Vera.

Fueron los abogados de la acusaci¨®n particular y de la acci¨®n popular quienes reclamaron la suspensi¨®n de la vista para que se acumulasen los recursos contra ambas resoluciones y para que se reclamase un testimonio del contenido del sumario -acordado por el juez instructor-, de forma que el tribunal tuviera plena informaci¨®n sobre los delitos que se imputan a los cuatro procesados.

El tribunal deneg¨® la suspensi¨®n, aunque afirm¨® que se pronunciar¨¢ sobre la cuesti¨®n en la resoluci¨®n que dicte. La vista se desarroll¨® durante m¨¢s de cuatro horas, debido a que Jorge Argote y Jos¨¦ Mar¨ªa Fuster Fabra, abogados de los procesados, defendieron de la necesidad de que Galindo, G¨®mez Nieto, Dorado y Bayo salgan en libertad provisional.

Argote argument¨® de forma general que el caso Lasa-Zabala est¨¢ construido en base a testigos de referencia, sin pruebas de cargo, y unos documentos secretos supuestamente atribuidos al Cesid, de los que desde hace tiempo se espera una desclasificaci¨®n que no llega. Fuster, por su parte, realiz¨® una defensa m¨¢s t¨¦cnica, basada en los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para mantener la prisi¨®n. Seg¨²n su criterio, en este caso no se cumplen ya que no hay alarma social por hechos ocurridos en 1983 ni existe peligro de que Galindo y los ex guardias de Intxaurrondo eludan la acci¨®n de la justicia.

Las acusaciones respaldaron la posici¨®n del fiscal de considerar que los delitos -secuestro, tortura y asesinato de los presuntos miembros de ETA Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala- son muy graves y las penas que corresponder¨ªan, las m¨¢ximas previstas.

Riesgo de fuga

Adem¨¢s, argumentaron que existe el peligro cierto de que Dorado y Bayo huyan de Espa?a, puesto que antes de ingresar en prisi¨®n se sent¨ªan protegidos por sus superiores y ahora no.Respecto a Galindo, precisaron que su puesto de asesor del director de la Guardia Civil le sit¨²a en una situaci¨®n privilegiada para destruir o manipular pruebas de inter¨¦s para la causa. Esta situaci¨®n tambi¨¦n afecta a G¨®mez Nieto, teniente de la Guardia Civil y jefe de los grupos Omega, tambi¨¦n conocidos como Patas Negras, creados por Rold¨¢n.

El juez instructor, Javier G¨®mez de Lia?o, acord¨® el 23 de mayo pasado la prisi¨®n del general por entender que existen en el proceso "indicios con racionalidad suficiente para considerarle provisionalmente responsable de los delitos investigados, es decir, detenci¨®n ilegal, torturas y asesinatos de Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala".

El juez consideraba necesaria la medida de prisi¨®n, porque la libertad del imputado podr¨ªa implicar obstrucciones en el proceso. El tribunal resolver¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, aunque fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que, muy probablemente, lo har¨¢ hoy.