El tortuoso camino de unos papeles tan p¨²blicos como dudosos

La negativa del Gobierno a entregar a los jueces los documentos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA no les impedir¨¢ conocerlos, pero les restar¨¢ cualquier valor probatorio. En los escritos remitidos al Ministerio de Defensa por los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, instructor del caso O?ederra; Javier G¨®mez de Lia?o, del caso Lasa y Zabala, y Justo Fern¨¢ndez, del caso Urigoitia, se reproducen textualmente los documentos secretos cuya desclasificaci¨®n se solicita.Los tres magistrados los tienen en su poder porque Garz¨®n los incaut¨® el pasado 8 de febrero en la celda que el ex directivo del Cesid Juan Alberto Perote ocupa en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares (Madrid). El problema, para ellos, consiste en verificar su autenticidad, ya que en la celda no se encontraron los documentos, sino una transcripci¨®n mecanogr¨¢fica. El propio Perote ha asegurado que le fueron enviados an¨®nimamente y ha dado explicaciones confusas, cuando no contradictorias, sobre su veracidad.

Si hubiese reconocido que se trata de documentos del Cesid, Perote estar¨ªa confes¨¢ndose culpable de un delito de tenencia il¨ªcita de informaci¨®n secreta, por el que le ha imputado el juez militar. Con su petici¨®n, los jueces pretend¨ªan que el Gobierno autentificara los documentos que ya poseen, blanqueando unas pruebas de origen dudoso.

El camino seguido por los papeles del Cesid para llegar hasta los juzgados ha sido tortuoso. El primer documento difundido fue la llamada acta fundacional de los GAL, un estudio te¨®rico fechado en julio de 1983, en v¨ªsperas del inicio de las acciones ilegales contra ETA, que el ex socialista Ricardo Garc¨ªa Damborenea entreg¨® a Garz¨®n el 6 de septiembre.

Damborenea asegur¨® que se lo hab¨ªa dado, diez a?os antes, el fallecido comandante Diego Somonte, ex delegado del Cesid en el Pa¨ªs Vasco, pero las sospechas se dirigieron hacia Perote. El 15 de julio hab¨ªa salido de prisi¨®n, donde pas¨® un mes por su presunta relaci¨®n con la difusi¨®n por el El Mundo de documentos sobre las escuchas telef¨®nicas del servicio secreto.

Ratificaci¨®n de Perote

Fue precisamente Perote quien ratific¨® ante Garz¨®n la autenticidad del acta fundacional, de la que ¨¦l era autor. Adem¨¢s, instruy¨® al juez sobre, la veracidad de otros documentos sobre la guerra sucia reproducidos por El Mundo. Incluso le ofreci¨® su versi¨®n del acr¨®nimo "Pte", que acompa?aba a la nota de 28 de septiembre de 1983, en la que se alertaba del inicio de acciones armadas en el sur de Francia. Seg¨²n Perote, la anotaci¨®n manuscrita del entonces director del Cesid, Alonso Manglano, significaba que el asunto se iba a despachar con el presidente Felipe Gonz¨¢lez.El 20 de septiembre, un d¨ªa despu¨¦s de difundirse la entrevista de Gonz¨¢lez con el abogado del ex banquero Mario Conde y del propio Perote, Jes¨²s Santaella, El Mundo publicaba el documento sobre la presunta manipulaci¨®n de pruebas en la muerte de la etarra Luc¨ªa Urigoitia. A diferencia de anteriores ocasiones, el diario no se limit¨® a transcribir el documento, sino que public¨® una fotocopia. Nueve d¨ªas despu¨¦s, Perote volvi¨® a prisi¨®n.

Garz¨®n requiri¨® a los entonces responsables del Cesid y al ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, para que le entregasen los papeles descritos por El Mundo y Perote, bajo amenaza de acusarles de un delito de falta de colaboraci¨®n con la Justicia. El Gobierno socialista plante¨® el 15 de octubre un conflicto de jurisdicci¨®n que el Tribunal Supremo fall¨® dos meses despu¨¦s, dando la raz¨®n al Ejecutivo y dejando en sus manos la decisi¨®n de desclasificar o no los documentos secretos. Como era previsible, el 13 de enero el Consejo de Ministros decidi¨® no entregar a Garz¨®n los papeles.

El cambio de Gobierno y el registro de la celda de Perote sirvieron a Garz¨®n para replantear y ampliar su petici¨®n el 16 de mayo. Al acta fundacional y a la nota del "Pte." se sumaron otros documentos, hasta un total de 18, referidos a la participaci¨®n de agentes del cuartel de Intxaurrondo (San Sebasti¨¢n) en acciones ilegales contra ETA. El 20 de mayo era G¨®mez de Lia?o quien reclamaba cuatro documentos secretos sobre la desaparici¨®n y asesinato de Lasa y Zabala. El mismo camino sigui¨® el entonces titular del Juzgado n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n, Justo Fern¨¢ndez, respecto al documento sobre la muerte de Luc¨ªa Urigoitia.

Ante estas peticiones, el Ejecutivo del PP decidi¨® tomarse su tiempo y, tras recabar todos los informes jur¨ªdicos del Ministerio de Defensa, consult¨® incluso al Consejo de Estado. Su respuesta, hace dos semanas, fue la ¨²nica posible: que resolver la patata caliente correspond¨ªa al Gobierno.