El deber de la memoria

Las dos noticias han estado separadas por s¨®lo una hoja del calendario. Primero ha sido un tribunal militar romano el que ha pronunciado una absoluci¨®n encubierta del nazi alem¨¢n Erik Priebke, responsable directo de la matanza de las Fosas Ardeatinas en la capital italiana, durante la II Guerra Mundial. La decisi¨®n judicial desencaden¨® una inmediata movilizaci¨®n social y pol¨ªtica contra lo que representaba una concesi¨®n de impunidad al comportamiento criminal observado por el Ej¨¦rcito hitleriano de ocupaci¨®n frente a la poblaci¨®n civil italiana.Pasadas unas horas, dos resoluciones convergentes, una de la Audiencia Nacional y otra del Gobierno espa?ol, ponen inequ¨ªvocamente de manifiesto la intenci¨®n solapada de alcanzar un punto final en el esclarecimiento y condena del terrorismo de Estado actuante en la pasada d¨¦cada frente a la acci¨®n asimismo terrorista de ETA. Todo empez¨®, en cuanto a la excarcelaci¨®n del acusado Galindo, con uno de esos rocambolescos episodios de los que las autoridades espa?olas parecen tener el secreto, a partir de una orden oral de un fiscal general casi cesado, y en cuanto a la negativa del Gobierno Aznar a colaborar con la justicia, con una serie de vacilaciones que dejaban al descubierto el car¨¢cter pura mente electoralista de las anteriores miras justicieras del Partido Popular. El ministro del Ej¨¦rcito - la autoridad militar, por supuesto- ha colocado el broche de oro a la chapuza, ensalzando el rigor de la actuaci¨®n del Gobierno en el caso, y advirtiendo que lo que la sociedad espa?ola pide es dejar de mirar al pasado y afrontar el futuro. Los posibles comportamientos criminales de unos servidores del Estado que dan entretanto a cubierto de la acci¨®n judicial, porque no otra cosa supone la negativa a efectuar la compulsa -o la invalidaci¨®n- de unos documentos ya conocidos, a trav¨¦s de los microfilmes, y que, por consiguiente, mal pod¨ªan ser considerados como atentatorios a la seguridad nacional (a no ser que ¨¦sta resida en comprar silencio). Ante tales decisiones, y salvo la inevitable reacci¨®n favorable de los amigos de echar tierra sobre el caso GAL, que no son pocos, ha prevalecido la perplejidad, con la excepci¨®n de los dem¨®cratas vascos, como Anasagasti o Garaikoetxea, conscientes de lo que el enterramiento del caso representa, no para el pasado, sino para el futuro de Euskadi.

En ambos episodios, la justicia parece haber encallado, y, como contrapartida, formas criminales de comportamiento pol¨ªtico obtienen injustificadamente una patente de corso. A pesar de la distancia temporal existe un hilo rojo que une las represalias nazis con los comportamientos del aparato de seguridad del Estado en la Espa?a franquista -ah¨ª est¨¢, todav¨ªa caliente y tambi¨¦n impune, el caso Ruano-, cuya herencia m¨¢s evidente es la actuaci¨®n de los GAL.La clamorosa violaci¨®n de los derechos humanos de los detenidos no se invent¨® en Espa?a para luchar contra ETA forjada en el siglo XIX y convertida en pauta habitual de comportamiento en cuartelillos y centros policiales desde la guerra civil, sirvi¨® tanto de instrumento para obtener in formaci¨®n y confesiones como para ejercer una efectiva intimidaci¨®n sobre la sociedad espa?ola. De ah¨ª que en esta tr¨¢gica y prolongada secuencia de los GAL, no s¨®lo cuente la dimensi¨®n m¨¢s espectacular de una posible implicaci¨®n de Felipe Gonz¨¢lez y de otros altos cargos del Gobierno socialista del periodo, sino una exigencia profunda de cortar para siempre la trayectoria siniestra que ya en el pasado siglo ilustraron los episodios de la Mano Negra o los procesos de Montjuj?c, y que bajo el franquismo alcanz¨® en los casos Grimau y Ruano sus momentos culminantes, entre tantos otros torturados y asesinados.

A pesar de encontramos en r¨¦gimen democr¨¢tico, ahora como entonces se teje una tupida red de alianzas en tomo a los inculpados, identificando las personas con las instituciones a las que pertenecen, y a ¨¦stas, con la Patria con may¨²sculas. Es como si los grupos conservadores de nuestra sociedad sintieran instintivamente la exigencia de contar con instrumentos de protecci¨®n dispuestos a todo, y, por supuesto, a dinamitar el Estado de derecho con tal de ver garantizada la plena salvaguardia de sus intereses. El comportamiento del PSOE de Gonz¨¢lez a lo largo de estos a?os ha contribuido de modo impagable a la adecuaci¨®n de tal propensi¨®n hist¨®rica de la derecha espa?ola a las nuevas circunstancias pol¨ªticas. Para esta, el recorrido no pudo ser m¨¢s f¨¢cil, y ni siquiera tuvo que cambiar de ¨®rgano de prensa: han transcurrido casi 30 a?os, pero desde la estrategia de cieno, capitaneada por Fraga Iribarne, en la represi¨®n de 1969, a la exaltaci¨®n de los nuevos defensores el orden, hoy amenazados, las ideas de base son las mismas. Mal pod¨ªa el Partido Popular de os¨¦ Mar¨ªa Aznar, por mucha pintura de modernizaci¨®n que se eche encima, escapar a lo que son sus ra¨ªces, reforzadas por la veros¨ªmil presi¨®n corporativa de jerarqu¨ªas del Ej¨¦rcito y de la Guardia Civil. Claro que se esfuma de este modo su pretensi¨®n de neutralidad y respeto hacia la acci¨®n judicial: al negarse a compulsar los documentos del Cesid -o a probar su inexistencia o falsedad- se convierte consciente, y casi vergonzantemente, en un encubridor de cuanto ha ocurrido. Felipe Gonz¨¢lez puede sentirse satisfecho. A eso se le llama "pol¨ªtica de Estado": cuando en Euskadi los voceros de ETA proclamen satisfechos de cara a la sociedad vasca que el Gobierno de Espa?a protagoniz¨® primero y encubri¨® m¨¢s tarde unos actos innegables de terrorismo de Estado, podr¨¢ estimarse el coste de esa actitud que otorga prioridad al pragmatismo sobre la justicia.

Es la divisoria infranqueable que separa a los episodios italiano y espa?ol, por encima de sus coincidencias. En Italia, la memoria hist¨®rica sigue desempe?ando, a pesar de todo, un papel en la fundamentaci¨®n de la democracia y, llegado el caso, suscita la coincidencia de los m¨¢s diversos actores pol¨ªticos en su defensa. Por encima de las pol¨¦micas, la resistencia antinazi es un valor compartido, que hace al propio Berlusconi secundar las actitudes de Romano Prodi y del presidente de la Rep¨²blica, desolados como tantos ciudadanos por un veredicto que vulnera el postulado de que s¨®lo manteniendo la voluntad punitiva ante los cr¨ªmenes contra la humanidad se ahogar¨¢n los g¨¦rmenes sociales de su reproducci¨®n. Este sentido de la memoria falta entre nosotros. En Espa?a, la "reconciliaci¨®n nacional" fue una necesidad hist¨®rica -la derecha ten¨ªa el poder y los medios de represi¨®n en sus manos-, pero tuvo que apoyarse en una amnesia colectiva que supuso dejar en pie demasiados residuos del franquismo. No es casual que falte en la democracia espa?ola una filmograf¨ªa en que ese pasado haya sido recuperado u objeto de debate. Y a fin de cuentas, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar fue el promotor de que un pueblo d¨¦ Valladolid siguiera llam¨¢ndose Quintanilla de On¨¦simo, en evocaci¨®n del m¨¢s reaccionario de los fascistas espa?oles. ?Por qu¨¦ hab¨ªa de alterar las normas de "defensa del orden" que han constituido el patrimonio hist¨®rico de nuestra derecha?