Agua sin plan

LA PLANIFICACI?N de un recurso natural como el agua es b¨¢sica para las estrategias pol¨ªticas de desarrollo en Espa?a, como lo es el plan ferroviario o de carreteras. Por ello sorprende que las primeras declaraciones del secretario de Estado de Aguas y Costas se hayan dirigido a descalificar la pol¨ªtica seguida por el anterior Gobierno socialista -y que hunden sus ra¨ªces en la historia de este siglo- antes que a dar detalles sobre lo que el Gobierno piensa impulsar. Benigno Blanco no ha encontrado nada digno de ser rescatado de los distintos borradores del Plan Hidrol¨®gico Nacional, ni en los primeros -m¨¢s centrados en las obras p¨²blicas que en dise?ar una ordenaci¨®n inevitablemente compleja de un recurso escaso- ni en los ¨²ltimos que fueron revisados por el Consejo Nacional del Agua. Unicamente coincide con los socialistas en el apoyo a la presa de Itoiz.El anterior non nato Plan Hidrol¨®gico pretend¨ªa abarcar un horizonte de 20 a?os, razonable ante la envergadura del tema, pero que al PP le parece excesivo. Con tal argumento se podr¨ªa haber despachado a Lorenzo Pardo cuando en la II Rep¨²blica se le encarg¨® el dise?o de lo que pudo haber sido el primer Plan Hidrol¨®gico espa?ol, que frustr¨® la guerra civil. El esfuerzo no fue en vano, pues de sus l¨ªneas maestras se surtieron primero el r¨¦gimen de Franco y posteriormente los Gobiernos de la democracia.

El PP -que desde la oposici¨®n exigi¨® un Plan de Regadios como paso previo al Hidrol¨®gico- se centrar¨¢ en intentar modernizar las estructuras de las confederaciones hidrogr¨¢ficas. Falta les hace. La del Guadalquivir tiene pendientes de resoluci¨®n 80.000 expedientes. Pero con esta actitud sensata, el actual responsable de Aguas y Costas pretende tambi¨¦n soslayar la espinosa cuesti¨®n de los trasvases y evitar unos conflictos entre comunidades aut¨®nomas que impidieron el alumbramiento del plan por el anterior equipo. El PP puede in tentar esquivar ese enfrentamiento. Pero es un debate no s¨®lo inevitable, sino necesario.

Desde la Ley de Aguas de 1985, el agua -ya sea subterr¨¢nea o en superficie- es un recurso de dominio p¨²blico. Quienes hacen uso de ella necesitan concesiones administrativas, pero, salvo por las tasas por infraestructuras y la depuraci¨®n de vertidos, no pagan nada por ella. Lo que no significa, claro est¨¢, que el consumidor no pague c¨¢nones por el coste de su transporte y depuraci¨®n y para inversiones en infraestructuras.

Introducir mecanismos de mercado -como apunta el PP- en este sistema singular para que se pueda comerciar con las concesiones puede generar tantas o m¨¢s pol¨¦micas que los trasvases, pues se plantear¨¢n problemas de precio, de titularidades hist¨®ricas o nuevas y de uso. Por ejemplo, ?podr¨¢ Castilla-La Mancha cobrar a los regantes de la cuenca del Segura por el agua que les trasvase del Tajo? La dur¨ªsima sequ¨ªa de a?os atr¨¢s llev¨® a que se desarrollaran bajo cuerda artificios de compraventa de agua en zonas como Marbella, donde se compr¨® agua a particulares con pozos a precio de oro para llenar piscinas. En ese momento, muchos se fijaron en la experiencia de California, donde una sequ¨ªa dio pie entre febrero y abril de 1991 a compensar a los agricultores que dejaron de regar para ceder temporalmente sus derechos para el consumo urbano. Pero estas trasferencias las gestion¨® un organismo p¨²blico, encargado tambi¨¦n de fijar cantidades y precios. En cualquier caso, Espa?a requiere un Plan Hidrol¨®gico, empe?o en el que ¨¦l PSOE fracas¨®. La llegada del PP pod¨ªa hacer esperar que conseguir¨ªa alumbrarlo, y no ignorarlo.