La Agencia de Protecci¨®n de Datos pone objeciones a la videovigilancia

El Consejo General del Poder Judicial no es la ¨²nica instituci¨®n que ha pedido al Gobierno que extreme las garant¨ªas para evitar que la futura ley sobre videovigilancia atente contra el derecho a la intimidad y la propia imagen.Juan Jos¨¦ Mart¨ªn-Casallo L¨®pez, director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, el organismo oficial encargado de proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos en el tratamiento de datos personales, ha elevado un informe al Ministerio de Justicia en la misma l¨ªnea.

Entre otras modificaciones, la agencia propone que se incluya expresamente en la nueva ley la prohibici¨®n de hacer copias de las pel¨ªculas grabadas por videoc¨¢maras en lugares p¨²blico!, para evitar el riesgo de un uso indebido de las mismas.

Como el Consejo del Poder Judicial, Mart¨ªn-Casallo considera excesivamente prolongado el plazo de dos meses que el proyecto de ley otorga para destruir las grabaciones, siempre que no est¨¦n relacionadas con infracciones penales o administrativas, y propone reducirlo a la mitad.

Hay que tener en cuenta que la ley francesa, en la que se ha inspirado la espa?ola, prev¨¦ un plazo de un mes y que las grabaciones realizadas, por ejemplo, en el interior de los bancos se destruyen a partir de los 15 d¨ªas.

Dos meses son demasiado

El t¨¦rmino "vest¨ªbulo", que el proyecto del Gobierno utiliza para definir los espacios en los que est¨¢ prohibido grabar, le resulta demasiado ambiguo al director de la agencia, ya que puede aludir tanto al portal de entrada a un inmueble como al recibidor que se encuentra ya en el interior de la vivienda.Esta segunda interpretaci¨®n podr¨ªa llevar a que se autorizase la vigilancia de las entradas a edificios privados, lo que a juicio de Mart¨ªn-Casallo debe quedar excluido de manera expresa.

Pero quiz¨¢ la mayor objeci¨®n de la agencia se refiere al art¨ªculo 9 del texto del Gobierno, en el que, tras reconocer el derecho de cualquier ciudadano a conocer y pedir la cancelaci¨®n de aquellas im¨¢genes en las que figure, se advierte que dicho derecho podr¨¢ ser denegado por la autoridad que las custodie, ampar¨¢ndose en la seguridad y defensa del Estado, la seguridad p¨²blica o la existencia de un procedimiento administrativo o judicial abierto.

En el anteproyecto no se menciona la posibilidad de que esta negativa pueda ser recurrida ante la citada agencia, a la que corresponde revisar las decisiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seg¨²n la ley de tratamiento automatizado de datos personales (Lortad), de 1992. Mart¨ªn-Calallo pide que se haga menci¨®n al citado recurso pues, al tratarse de dos leyes org¨¢nicas, puede interpretarse que la nueva normativa derogar¨¢ lo dispuesto en la anterior.

El informe de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, como el aprobado el lunes por el Consejo General del Poder Judicial, es preceptivo, pero sus recomendaciones no vinculan al Gobierno.