La seguridad del Estado "es la de todos los espa?oles", seg¨²n el Ejecutivo

El Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto decidi¨®, seg¨²n se ha comunicado a los jueces que la solicitaron, que "no procede" la desclasificaci¨®n de los documentos del Cesid ya que "afectan a la seguridad del Estado, que es la de todos los espa?oles, cuyos intereses han sido muy principalmente tenidos en cuenta".El escrito del Gobierno, que se apoya en el dictamen que emiti¨® en julio pasado el Consejo de Estado; argumenta que la desclasificaci¨®n de los papeles, "en el contexto de una investigaci¨®n sumarial, con objeto de su posible utilizaci¨®n con fines probatorios, por exigencia de los principios procesales de contradicci¨®n y publicidad, puede llevar a su general divulgaci¨®n, lo que es incompatible con el secreto necesario y legalmente previsto de las materias que afectan a la seguridad del Estado".

El Consejo de Ministros considera, adem¨¢s, que la divulgaci¨®n de los documentos supondr¨ªa "un inadmisible deterioro del cr¨¦dito de Espa?a en sus relaciones exteriores, y en particular del intercambio de inteligencia o informaci¨®n clasificada con nuestros aliados o amigos".

Finalmente, se "pondr¨ªa en peligro la eficacia, las fuentes de informaci¨®n, los medios y los procedimientos operativos del Cesid, as¨ª como la integridad f¨ªsica y hasta la vida de quienes son, o fueron, agentes operativos del mismo, o de sus familiares y allegados".Por otra parte, el abogado Jorge Argote, defensor del general Enrique Rodr¨ªguez Galindo y de los dem¨¢s procesados en el caso Lasa-Zabala, anunci¨® ayer que pedir¨¢ al fiscal general del Estado y a los fiscales jefes de la Audiencia Nacional, de Madrid y de San Sebasti¨¢n que reclamen a los jueces que tengan documentos del Cesid que los devuelvan al servicio secreto, informa Efe.

El letrado, que ha tomado esta decisi¨®n tras conocerse oficialmente el acuerdo del Consejo de Ministros, basar¨¢ su solicitud en la vigente Ley de Secretos Oficiales, que obliga al personal de la Administraci¨®n a entregar de inmediato a la autoridad competente cualquier informaci¨®n clasificada que caiga en sus manos.