La ley contra el honor

Un d¨ªa, hace dos meses, la miseria del mundo llam¨® a la puerta de una iglesia parisiense situada en el barrio negro de la Goutte d'Or, en el distrito XVIII. Dios la dej¨® entrar. Y ella se instal¨®, asustada y temblorosa, representando la mala conciencia de algunos parisienses que estaban de vacaciones. Luego, otro d¨ªa, en la madrugada del 23 de agosto, la polic¨ªa irrumpi¨® en esa iglesia dedicada a Saint Bernard. Expuls¨® del lugar sagrado a la Miseria y la dispers¨®. No lo hizo en secreto. Convoc¨® a los fot¨®grafos y los c¨¢maras: para que todos los miserables del mundo supieran de una vez que ya no hay que ir a Francia. Entonces, los franceses sintieron verg¨¹enza.Lo que acabo de describir no es la realidad con dimensiones pol¨ªticas internacionales sino una peque?a historia cargada de infinitos s¨ªmbolos, vivida por millares de espectadores y millones de telespectadores. Porque en esto los s¨ªmbolos son m¨¢s importantes que todo lo dem¨¢s. La pobre y miserable realidad, bien irrisoria a la vista de las matanzas de chechenos o de los genocidios de Burundi, es que una decena de malienses sin papeles, hartos de vivir perseguidos por los controles de identidad o las amenazas de expulsi¨®n, decidieron ocupar una iglesia, luego un gimnasio y despu¨¦s otra iglesia -la famosa iglesia de Saint Bernard- para realizar all¨ª una huelga de hambre. El p¨¢rroco los acogi¨®. Otros amigos africanos acudieron a apoyarles. Las organizaciones caritativas les proporcionaron ayuda. Algunos agitadores de extrema izquierda intentaron manipularlos. Y entonces se produjo un milagro, o al menos as¨ª se crey¨®, cuando se

constituy¨® cerca de ellos y para ellos un llamado Comit¨¦ de Mediadores.

En el comit¨¦ estaban un profesor del Coll¨¨ge de France, Jean-Pierre Vernant, el m¨¢s grande de los fil¨®sofos vivos, Paul Ricoeur, un ex embajador, algunos universitarios y algunos actores de esos que no firman manifiestos a menudo y no utilizan la desgracia ajena para lograr su gloria personal. Cuando los actores eran conocidos, como en el caso de Ariane Mouchkine o Emmanuelle B¨¦art, quisieron permanecer discretamente en un segundo plano.

?Donde resid¨ªa el problema? Simple, entera y llanamente en el hecho de que todo era contrario a las leyes. En primer lugar, la tradici¨®n de amparo respetada por la Iglesia carece en Francia de estatuto jur¨ªdico desde que existe la democracia, puesto que se supon¨ªa que la Iglesia deb¨ªa corregir la arbitrariedad del rey. Por otra parte, los 10 huelguistas de hambre hab¨ªan solicitado el derecho de asilo. Sin embargo, no hab¨ªa motivos para que lo pidieran puesto que ese derecho est¨¢ reservado a los s¨²bditos de pa¨ªses gobernados por una dictadura, y en principio Mal¨ª es una democracia. Pero, durante el periodo en que se examina una petici¨®n de derecho de asilo (a veces casi dos a?os), el solicitante tiene derecho a vivir en Francia en determinadas condiciones. Por ¨²ltimo, los huelguistas y sus 200 compatriotas y compa?eros de miseria, aunque no eran inmigrantes clandestinos, se hab¨ªan convertido en ilegales desde que una ley conocida como ley Pasqua (por el nombre del ministro de Interior que la

promovi¨®) suprimi¨® la concesi¨®n autom¨¢tica de la nacionalidad francesa a los nacidos en territorio franc¨¦s, y por ende a sus padres.

En otras palabras, estos extranjeros infring¨ªan las leyes de un pa¨ªs que se enorgullece constantemente de ser el m¨¢s glorioso y m¨¢s antiguo de los Estados de derecho. La cosa parece estar muy clara. Pero es mucho m¨¢s complicada. No en lo relativo al derecho de asilo, que no tendr¨ªa ning¨²n sentido si se concediera a todos los que simplemente quieren cambiar de pa¨ªs por capricho, o incluso por intereses materiales. Pero s¨ª es m¨¢s complicada en lo relativo a la ley Pasqua, porque la aplicaci¨®n burocr¨¢tica de esa ley consiste en privar de documentos de identidad a hombres, mujeres y ni?os que en ocasiones llevan 10 a?os en Francia y trabajan en el pa¨ªs.

Es cierto que la ley es la ley. Pero existen dos lecturas de su aplicaci¨®n, si no de su principio. Es lo que expres¨® muy bien una decisi¨®n del Consejo de Estado cuando fue consultado por el Gobierno de Alain Jupp¨¦. Por lo dem¨¢s, el primer ministro del presidente Chirac, desautorizando a su ministro de Interior, anunci¨® que no se separar¨ªa a las familias, no se expulsar¨ªa a los enfermos y se volver¨ªan a examinar los cacos de algunos indocumentados. Todo eso era torpe, tard¨ªo, insuficiente. Pero, al fin y al cabo, se pod¨ªa considerar que m¨¢s de un centenar de indocumentados evitaban su expulsi¨®n y que el Comit¨¦ de Mediadores podr¨ªa hacer que los huelguistas de hambre se avinieran a razones y depusieran su actitud.

?Por qu¨¦, al d¨ªa siguiente de su discurso, Alain Jupp¨¦ y suministro Jean-Louis Debr¨¦ decretaron -por orden expresa de Jacques Chirac- el empleo de la fuerza? ?Por qu¨¦ esa irrupci¨®n en la iglesia de polic¨ªas con cascos y armas? ?Por qu¨¦ esa demostraci¨®n casi complaciente de brutalidad? La explicaci¨®n tiene varios niveles. El primero es electoral. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen gana terreno d¨ªa a d¨ªa. Su fondo de comercio es la xenofobia, y su lema, es la repatriaci¨®n de los inmigrantes. En una ¨¦poca de paro, es una propaganda que tiene ¨¦xito esencialmente en los medios peque?o-burgueses de derecha y proletarios de izquierda: la nueva clientela de Jacques Chirac. No hay que dejar a Le Pen la exclusividad de la firmeza ante los inmigrantes clandestinos o indocumentados.

El segundo nivel corresponde a una estrategia, demogr¨¢fica. Anualmente entran en Francia unos 100.000 extranjeros, y salen 30.000. Los otros 70.000 consiguen quedarse, y casi la mitad se une a los 300.000 clandestinos que ya viven en el pa¨ªs. Una buena parte consigue trabajos infrapagados con patronos que no los declaran, en particular en la construcci¨®n, el textil, la hosteler¨ªa y los c¨ªtricos. La otra parte, que no encuentra trabajo, es presa de la criminalidad, de la delincuencia o, en ocasiones, de los islamistas.

Todos los gobiernos que se han ido sucediendo han declarado, desde luego, que hab¨ªa que luchar contra la inmigraci¨®n clandestina. Pero ninguno tuvo nunca el valor de reconocer que la mitad de los clandestinos contribuye a la vitalidad competitiva de la econom¨ªa francesa en los cuatro sectores indicados. Por lo tanto, s¨®lo quisieron luchar contra los clandestinos que no ten¨ªan acuerdos secretos para ser empleados clandestinamente. Pero, ?c¨®mo hacerlo? Se acusa a los vecinos de Francia de que sus fronteras son un coladero. Seg¨²n los franceses, a veces son los polic¨ªas y aduaneros de los dem¨¢s pa¨ªses los que se hacen c¨®mplices de las redes corruptas de pasajeros clandestinos y las organizaciones secretas de inmigraci¨®n

En esas condiciones s¨®lo queda una soluci¨®n: enviar un mensaje muy claro a los pa¨ªses exportadores de mano de obra haciendo saber por radio y televisi¨®n que ya no es bueno aventurarse hacia tierras francesas. En otras palabras, para disuadir a los extranjeros de llegar al pa¨ªs se asumen los riesgos de mostrar una imagen horrible de Francia y su polic¨ªa. Se les dice a los pobres: "?Miren qu¨¦ malos somos, no vengan aqu¨ª!".

Despu¨¦s de este comentario matizado, tengo que decir que es una pol¨ªtica lamentable. Es cierto que s¨®lo se puede acoger una parte de la miseria del mundo, y que no se debe fomentar una inmigraci¨®n masiva en un periodo de paro. Pero, con todo, cuando los alemanes repatr¨ªan a los turcos y, recientemente, a los vietnamitas, infligen a Francia y a otros pa¨ªses el oprobio de un ejemplo. Negocian con los Estados de origen la acogida de los repatriados y proporcionan ayuda a dichos pa¨ªses.

Los alemanes han llegado incluso a financiar f¨¢bricas en Hanoi con la condici¨®n de que den empleo prioritariamente a vietnamitas procedentes de la ex Alemania Oriental. Ni siquiera es seguro que los m¨¦todos absurdos y a veces deshonrosos adoptados por el Gobierno franc¨¦s den resultado. Los franceses en dificultades pueden gustosamente ser, a ratos, xen¨®fobos, pero siempre est¨¢n del lado de los vencidos y de las v¨ªctimas. Y acaban de demostrarlo: un sondeo revela que un 55% de ellos condena el abuso de autoridad contra la iglesia de Saint Bernard.