El futuro de 250.000 jornaleros

El futuro de casi 250.000 jornaleros, de Andaluc¨ªa, y Extremadura principalmente, se empieza a discutir esta semana. Hasta el d¨ªa 30, Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal negociar¨¢n uno de los mecanismos de protecci¨®n social y laboral m¨¢s complejos y a la vez m¨¢s conflictivos: El Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario.Los sindicatos abrir¨¢n la carpeta de demandas exigiendo para los dos programas m¨¢s de 150.000 millones y una reforma a fondo del sistema de la Seguridad Social que permita a los trabajadores agr¨ªcolas optar por el r¨¦gimen especial agrario o el general. El Gobierno quiere congelar los fondos para prestaciones, mientras la patronal pide desvincular PER y subsidio.

Todos coinciden, sin embargo, en que es necesario mantener los dos sistemas de protecci¨®n. Hoy ninguna propuesta es innegociable, aunque la amenaza de movilizaciones estar¨¢ sobre la mesa hasta el final.

Lo que est¨¢ en cuesti¨®n no es s¨®lo un mecanismo de ayuda al desempleo en las regiones con m¨¢s paro en el campo, que en el caso de Andaluc¨ªa lleg¨® al 44,5% el ¨²ltimo a?o de sequ¨ªa, frente al 33,96% (10 puntos m¨¢s que en resto de' Espa?a) en el conjunto de sectores, seg¨²n la Encuesta de Poblaci¨®n Activa.

El PER, programa por el que se liberan m¨¢s de 20.000 millones anuales para realizar obras de infraestructura b¨¢sica en comunidades rurales, ha permitido, seg¨²n reconoce Trabajo, no s¨®lo a 127.000 jornaleros completar en estas actuaciones las 40 peonadas necesarias hasta ahora para acceder al subsidio, sino dotar a los pueblos de equipamientos fundamentales, evitar la emigraci¨®n y reactivar la econom¨ªa de las localidades beneficiadas.

Por su parte, el subsidio, ayuda econ¨®mica directa a los desempleados agrarios que han completado las mencionadas peonadas (en el campo o con ayuda del PER) y tienen una renta inferior a dos veces el Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI), ha mantenido los niveles de protecci¨®n en la media nacional.

El coste del sistema

Adem¨¢s, seg¨²n el dictamen parlameritario aprobado por unanimidad, el sistema no es tan caro. Tomando como referencia 1993, antes de la aprobaci¨®n de medidas extraordinarias por la sequ¨ªa, cada parado del campo andaluz supuso un coste de 760.733 pesetas, mientras cada desempleado en el resto de Espa?a represent¨® para el Estado un gasto de 863.439 pesetas.Estos datos, que avalan el acuerdo inicial de permanencia de los dos sistemas, no garantizan sin embargo un r¨¢pido final de las negociaciones. Los sindicatos, adem¨¢s de las siempre "no descartadas movilizaciones", saben que el PER y el subsidio agrario son un pilar electo ral clave en Andaluc¨ªa, donde el PP perdi¨® las ¨²ltimas elecciones. "En la ¨²nica mesa donde se sienta Arenas [refiri¨¦ndose al ministro de Trabaj¨®, Javier Arenas] es en la del PER". Y eso es "por que tiene que volver", comenta el secretario general de la Federaci¨®n del Campo de CC OO en Andaluc¨ªa, Miguel Ruiz, uno de los negociadores.

La tabla de reivindicaciones de CC OO y UGT empieza por el incremento de la partida para subsidios de los 121.765 millones del pasado a?o a 126.000 como m¨ªnimo. El incremento demandado se justifica en el aumento. del IPC y por los costes generados por las propuestas de modificaci¨®n del acceso al subsidio.

En este apartado piden que el subsidio percibido sea el total del SMI y no el 75% actual (252.000 pesetas en seis meses); que los fijos discontinuos del campo tengan acceso a este programa; y que los mayores de 52 a?os reciban un a?o completo sin necesidad de acreditar jornadas, lo que supondr¨ªa la creaci¨®n de un mecanismo de jubilaci¨®n anticipada. El Gobierno va a pedir a los trabajadores del campo el mismo esfuerzo que al resto de sectores para no incrementar estas partidas.

Respecto a las peonadas minimas, los sindicatos piden reducir la exigencia a un m¨ªnimo de 20, pero mantener este requisito como f¨®rmula de control para que ning¨²n trabajador no agr¨ªcola se incorpore al sistema. ?sta es la principal discrepancia con el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que no participa en las negociaciones directas y que demanda la supresi¨®n de esta exigencia porque, en su opini¨®n, genera corrupci¨®n al propiciar la compra de firma de peonadas que no se han realizado.

Miguel Ruiz cree que el remedio ser¨ªa peor que la enfermedad. Seg¨²n el dirigente sindical, el ¨²ltimo a?o contabilizado, las infracciones fueron 2.827 entre 120.000 trabajadores. Los sindicatos mayoritarios, y tambi¨¦n la patronal, piden que se cree un censo agrario completo, que incluya la capacidad de producci¨®n de comarcas y permita identificar sin dudas a los trabajadores agr¨ªcolas y las peonadas reales realizables.

En este aspecto hay coincidencia con el Ejecutivo. El director general de Empleo, Manuel Pimentel, tambi¨¦n partidario de mantener las peonadas, asegur¨® que hay que desmitif¨ªcar el PER como sistema fraudulento, aunque siempre habr¨¢ que intensificar los controles.