Del campo a la econom¨ªa sumergida
Una de las principales reivindicaciones sindicales es que el trabajador agr¨ªcola pueda elegir entre el sistema general de Seguridad Social o el especial agrario. Hasta ahora, la adscripci¨®n de agricultores al sistema espec¨ªfico propicia que cuando un bracero cumple los requisitos para acceder al subsidio, deja el campo o se somete a la econom¨ªa sumergida para no superar oficialmente la renta m¨¢xima exigida. Adem¨¢s, un jornalero con un a?o, trabajado recibe como m¨¢ximo el 75% del SMI durante seis meses, mientras un empleado de otro sector percibe el 70% del salario bruto durante cuatro meses, es decir, un 12% m¨¢s de media.El secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, y la patronal coinciden con los sindicatos en que hay que establecer un mecanismo que evite que un jornalero tenga que dejar el trabajo. Pero el Gobierno descart¨® la equiparaci¨®n del r¨¦gimen agrario al general por dificultades presupuestarias.
Respecto al PER, los sindicatos demandan 25.000 millones de pesetas a distribuir principalmente entre los pueblos con m¨¢s parados y en un 15% para programas de empleo estable.
Estas demandas se complementan con la creaci¨®n de unidades de seguimiento y control de los programas de obras. La diferencia de fondos respecto a la propuesta del Gobierno es de 6.500 millones. Entre los planes complementarios, piden 7.000 millones para casas de oficio y otros tantos por cat¨¢strofes naturales.
Seg¨²n los sindicatos, los efectos del fin de la sequ¨ªa no se percibir¨¢n hasta las campa?as de 1997 y adem¨¢s, se han registrado el ¨²ltimo a?o inundaciones y heladas en cultivos de gran importancia para la generaci¨®n de jornales. Pimentel se mostr¨® dispuesto a estudiar todas las posibilidades en estos aspectos.
La patronal es la m¨¢s ambigua en sus demandas puesto que el ¨²nico acuerdo adoptado s¨®lo habla de "despolitizaci¨®n y desindicalizaci¨®n del PER", pero elude entrar en definir las cuant¨ªas econ¨®micas de los programas.
Entre las exigencias m¨¢s significativas est¨¢ la de desvincular el PER al subsidio, eliminando la posibilidad de hacer peonadas en obras rurales que complementen las obtenidas- en el campo. Tambi¨¦n demandan un censo completo, el control de emigraci¨®n en la frontera entre Extremadura y Andaluc¨ªa y exenciones Fiscales a los empresarios agr¨ªcolas en casos de cat¨¢strofe natural.
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