La responsabilidad pol¨ªtica del Supremo

En una de sus ¨²ltimas columnas, Javier P¨¦rez Royo se?alaba que si el PSOE no est¨¢ ejerciendo, una oposici¨®n fuerte era porque as¨ª lo hab¨ªa planificado, de modo que ser¨ªan "asombrosas" las interpretaciones que, como alguna m¨ªa, sosten¨ªan que, enfangado como est¨¢ en vericuetos judiciales de todo tipo se halla incapacitado para actuar de partido de la oposici¨®n. Lamentablemente, P¨¦rez Royo sosten¨ªa su tesis el mismo d¨ªa en que el Tribunal Supremo sentaba en el banquillo de los acusados al ex ministro del Interior y nuevo diputado por Madrid, Barrionuevo, y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, poco despu¨¦s del nuevo esc¨¢ndalo de Navarra, del de R¨®dr¨ªguez Colorado y del de Siemens, cuando se inicia la investigaci¨®n del patrimonio de los ex altos cargos de Interior y, sobre todo, pendientes de que el Supremo llame a declarar a Felipe Gonz¨¢lez.No es por fortuna frecuente que un ex presidente del Gobierno se encuentre en la tesitura de ser llamado a declarar como testigo en un caso de asesinato. Si a ello se a?ade la posibilidad, remota pero existente, de que entre como testigo pero salga como imputado -?qu¨¦ ocurrir¨ªa si Gonz¨¢lez decidiera asumir personalmente la responsabilidad del caso GAL?-, la gravedad de la situaci¨®n aumenta considerablemente. Y si a ello se a?ade que ese ex presidente es el actual jefe de la oposici¨®n el riesgo de desestabilizaci¨®n institucional se acrecienta. De modo que los espa?oles nos enfrentamos hoy a la posibilidad de que uno de los tres ex presidentes de la nueva democracia espa?ola y el actual jefe de la oposici¨®n sea procesado por asesinato. Ello ser¨ªa quiz¨¢ el envite m¨¢s fuerte recibido por la democracia desde el golpe de Estado y un dur¨ªsimo golpe a la imagen pol¨ªtica de Espa?a en el mundo.

La decisi¨®n que debe adoptar el Tribunal Supremo es pues extremadamente importante y dif¨ªcil: de una parte, decidir si la defensa del se?or Damborenea exige llamar a Gonz¨¢lez a prestar testimonio; de otra si, en caso afirmativo, solicita o no el suplicatorio al Congreso para cubrir la eventualidad de que sus declaraciones sean autoinculpatorias. Se trata pues de una de esas escasas ocasiones en que la seriedad, in dependencia y rigor de una instituci¨®n es puesta a prueba. Lo que haga, c¨®mo lo haga y por qu¨¦, va a ser objeto de escrutinio p¨²blico ahora y de an¨¢lisis t¨¦cnico m¨¢s tarde, sentando un precedente jur¨ªdico que, por su excepcionalidad, desborda el marco del derecho p¨²blico espa?ol. Se trata adem¨¢s de una decisi¨®n que, por su alcance pol¨ªtico, desborda tambi¨¦n el marco jur¨ªdico constitucionalmente atribuido al Supremo.

Ello es sin duda irritante pues la estrategia de elusi¨®n de responsabilidades pol¨ªticas que de modo insensato ha seguido el PSOE, politizando la justicia, alcanza ahora su cenit: el m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional se ve obligado a enjuiciar no ya a la primera ex magistratura sino a la segunda magistratura actual. La decisi¨®n es, qu¨¦ duda cabe, jur¨ªdica; sus consecuencias son, sobre todo y ante todo, pol¨ªticas.

De modo que, inevitablemente -y al igual que en su d¨ªa tuvo que hacer la Corte constitucional con -la expropiacion de Rumasa- el Tribunal Supremo debe sopesar la correcci¨®n t¨¦cnica de su decisi¨®n con las consecuencias pol¨ªticas que pueda tener, combinando la ¨¦tica de los principios (fiat justicia et pereat mundus) con la de la responsabilidad. El PSOE ha jugado la arriesgad¨ªsima baza de eludir sus evidentes responsabilidades pol¨ªticas para posponerlas todas al terreno penal; el Tribunal Supremo, por el contrario, no tiene as¨ª m¨¢s remedio que asumir la responsabilidad propia m¨¢s la que le han trasladado, de modo que no puede obviar preguntas como las siguientes: ?a qui¨¦n beneficia la imagen de un ex presidente declarando como testigo en un caso de asesinato antiterrorista?, ?a qui¨¦n beneficia su procesamiento?, ?los beneficios colectivos son superiores a los perjuicios colectivos?, ?qu¨¦ ganamos los espa?oles con todo ello?