La oposici¨®n exige al Gobierno que el Pacto de Toledo vaya en una ley ajena a los Presupuestos

Los principales grupos de oposici¨®n -PSOE e IU-IC- presionan de forma coordinada al Gobierno para que el Pacto de Toledo vaya en una ley ajena a los Presupuestos de 1997 y as¨ª despejar incertidumbres para a?os futuros sobre la financiaci¨®n del sistema y sobre la revalorizaci¨®n de las pensiones. El Ejecutivo defiende que la mayor parte se refleje en los Presupuestos y en la ley de acompa?amiento, seg¨²n manifest¨® ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, tras su reuni¨®n con los partidos a los que entreg¨® un documento con el impacto de sus propuestas: el ahorro ser¨¢ de apenas una d¨¦cima del PIB-entre 70.000 y 80.000 millones- en el 2000.

El desarrollo del Pacto de Toledo supondr¨¢ un m¨ªnimo recorte del gasto en pensiones y tan s¨®lo se limita a frenarlo.El Gobierno prev¨¦ que, si todas las medidas est¨¢n en marcha en el a?o 2000, el gasto en pensiones ser¨¢ un 9,03% del PIB. Si no se reforma nada, el gasto ser¨ªa el 9,13% del producto interior bruto. El secretario de Estado de la Seguridad Social asegur¨®: "No habr¨¢ reducci¨®n del gasto en pensiones, sino que crecer¨¢ de forma ordenada y en proporci¨®n con el crecimiento de la econom¨ªa".Pero el impacto de la reforma por colectivos es muy desigual. El aumento de 8 a 15 a?os para calcular la pensi¨®n perjudica significativamente a los aut¨®nomos y trabajadores que inflan las cotizaciones en los ¨²ltimos a?os de su vida laboral. Quienes utilizan esa pr¨¢ctica sufrir¨¢n un fuerte recorte cuando se jubilen. En el documento entregado por el Gobierno a los grupos parlamentarios -se hace una proyecci¨®n de lo que denomina "caso t¨ªpico de compra de pensiones": un cotizante que paga los cinco primeros a?os por la base m¨ªnima, los dos siguientes por la m¨¢xima del grupo 5 y los ¨²ltimos 8 a?os por la base m¨¢xima. Con la norma actual y 35 a?os de cotizaci¨®n recibir¨ªa una pensi¨®n de 276.996 pesetas y tras la reforma quedar¨¢ en 218.681 pesetas, es decir tendr¨¢ un recorte del 21% en su prestaci¨®n.

En cambio, esa misma norma beneficia considerablemente a los trabajadores que en los ¨²ltimos a?os de su vida laboral quedan en desempleo -la pensi¨®n aumenta un 32% para quien haya cotizado 35 a?os y quede en paro los cuatro ¨²ltimos-. Para los cotizantes que tengan una vida laboral regular, el aumento de 8 a 15 a?os para el c¨¢lculo de la pensi¨®n no supondr¨¢ apenas variaci¨®n en su prestaci¨®n.

La medida que puede producir m¨¢s ahorro es la penalizaci¨®n de las jubilaciones anticipadas, pero es tambi¨¦n la que ofrece m¨¢s dudas. El diputado del PSOE Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n ve muy dif¨ªcil distinguir entre jubilaciones anticipadas forzosas y voluntarias, sobre todo en la pymes, y cree que se puede abrir una v¨ªa de fraude. El mismo criterio tiene Francesc Horris (CiU), quien precis¨® que las eventuales medidas sobre jubilaci¨®n anticipada no tendr¨¢n car¨¢cter retroactivo y, en consecuencia, no se aplicar¨¢n a los trabajadores afectados por anteriores ajustes de plantilla aunque no hayan cumplido los 60 a?os de edad.

Una de las principales peticiones del PSOE, compartida por IU-IC, es que el Gobierno elabore un proyecto de ley espec¨ªfico y que deje para los Presupuestos s¨®lo los reflejos contables y num¨¦ricos del Pacto de Toledo. Gri?¨¢n cree tambi¨¦n necesario un compromiso para dedicar a pensiones un porcentaje del PIB entre el 9% y el 10% y sugiere buscar v¨ªas para financiar la Seguridad Social "adicionales [a las cotizaciones sociales], estables y previsibles que no supongan ning¨²n margen de riesgo para el empleo".

Pedro Vaquero (IU) reclama "un compromiso del Estado para garantizar la suficiencia del sistema p¨²blico y que no haya inhibici¨®n ante una eventual descompensaci¨®n de los ingresos y los gastos". El diputado de Izquierda Unida aseguro que para su grupo es importante conocer qu¨¦ eco tienen las propuestas de los sindicatos as¨ª como los textos donde el Gobierno plasma sus propuestas.