Moratoria para el deshaucio de las viviendas castrenses
Desde el pasado 23 de enero, los militares que pasan a la reserva ya no pueden conservar la vivienda castrense que ocupan, sino que se ven obligados a desalojarla. Esta medida, sumamente impopular en las Fuerzas Armadas, es un efecto retardado -con cinco a?os de retraso exactamente- del real decreto de viviendas militares, en vigor desde enero de 1991.El problema para el Partido Popular, que critic¨® duramente el decreto cuando estaba en la oposici¨®n, radica en que se ve obligado a ejecutar tan antip¨¢tica medida nada m¨¢s llegar al poder. Por eso, los nuevos responsables del departamento han decidido paralizar los desalojos, salvo casos de flagrante ocupaci¨®n indebida, y preparar una reforma del decreto.
Seg¨²n las fuentes consultadas, dicha reforma aplazar¨¢ en al menos cinco a?os m¨¢s la entrada en vigor del pol¨¦mico art¨ªculo que obliga a los militares a dejar la casa al pasar a la reserva. La patata caliente se traslada as¨ª a quienes tengan la responsabilidad de gobernar dentro de un lustro.
La moratoria servir¨¢ tambi¨¦n para que el Ministerio de Defensa realice un estudio de su parque inmobiliario, integrado por unas 45.000 viviendas y decida qu¨¦ hacer con ¨¦l.
El decreto sobre viviendas ha sido una de las normas m¨¢s conflictivas dentro del estamento militar, originando la presentaci¨®n de casi 22.000 recursos ante los tribunales.
Ha supuesto un dr¨¢stico aumento de los alquileres y ha afectado, adem¨¢s del personal en activo, a otros colectivos, como las viudas o los militares en reserva transitoria.
Sin embargo, a lo largo del ¨²ltimo quinquenio s¨®lo 1.200 casas han sido recuperadas por el Ministerio de Defensa. Una cifra insignificante en comparaci¨®n con las 10.000 que se preve¨ªa desalojar cuando entr¨® en vigor la nueva normativa.
La cara amable del decreto ha sido el cobro de una compensaci¨®n econ¨®mica por parte de los militares que, teniendo derecho a vivienda, no han podido acceder a ella. En 1995, casi 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas recibieron por este concepto un total de 3.217 millones de pesetas.
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