Lia?o reafirma la legalidad de citar a los diputados sobre los 'papeles del Cesid'
El juez Javier G¨®mez de Lia?o, instructor del caso Lasa-Zabala, reafirm¨® ayer en un auto que es perfectamente legal llamar a declarar a los diputados de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales para que testifiquen sobre el contenido de los papeles del Cesid?sobre la guerra sucia, que el Gobierno se ha negado a desclasificar. El magistrado tiene copias de lo, documentos que supuestamente se encuentran en el Cesid y desea preguntar a los diputados si esa copias se corresponden con los papeles a los que tuvieron acceso como miembros de la comisi¨®n.
Con el testimonio de los diputados, los documentos incorporados al sumario adquirir¨ªan un gran valor como prueba, seg¨²n el criterio de Lia?o. Estos parlamentarios son Rodrigo Rato (PP), Joaqu¨ªn Almunia (PSOE), Joaqu¨ªn Molins (CiU), I?aki Anasagasti (PNV), Rosa Aguilar IU) y Luis Mardones (CC).El magistrado, en un auto por el que rechaza un recurso presentado por el general Enrique Rodr¨ªguez Galindo y los otros cuatro principales procesados en el caso Lasa-Zabala, destaca que la doctrina del Tribunal Supremo establece que "frente al delito no cabe secreto". En su sumario se investigan el, secuestro, torturas y asesinato de los dos presuntos etarras, Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala.
Adem¨¢s, recuerda que es obligado "prestar la colaboraci¨®n requerida por los jueces en el curso de un proceso", como establece el art¨ªculo 118 de la Constituci¨®n. A?ade que el "Estado de Derecho tiene como una finalidad esencial el poner fin a las llamadas inmunidades del poder", y que revelar datos "a la autoridad judicial que investiga la posible comisi¨®n de un delito concreto no integra delito alguno, sino que es una obligaci¨®n del funcionario implicado que no puede ampararse en el art¨ªculo 417 de la ley de Enjuiciamiento Criminal". Este art¨ªculo se?ala que no se podr¨¢ obligar a declarar como testigos a los funcionarios que no pudieren hacerlo sin violar el secreto que por raz¨®n de sus cargos estuvieran obligados a guardar.
El secreto, puntualiza el juez, no puede ser obst¨¢culo para la investigaci¨®n de un delito concreto, y concluye: "T¨¦ngase mi en cuenta que, se mire por don se mire, el posible testimonio los se?ores diputados no es m que una diligencia de investigaci¨®n sumarial que un juez instructor puede acordar en el ejercicio de su funci¨®n".
G¨®mez de Lia?o asegura que su decisi¨®n fue ajustada a derecho y que esperar¨¢ la respuesta de la Mesa del Congreso antes pronunciarse.
El juez se?ala que las medidas adoptadas para que Galindo no obstruya el proceso no agravan su libertad provisional y tienen por objeto que "la Justicia no vea frustrada por maniobras perturbadoras de la instrucci¨®n cosa, por cierto, que los ¨²ltimos sucesos procesales parece estar acreditando que existen".
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